“Sé lo que pesa la actualización de tarifas en el bolsillo de cada uno de ustedes. Entiendo lo que les pasa, sé que no es fácil. Le di vueltas y vueltas y más vueltas y no hay otra forma. Para cubrir los esfuerzos, nos tuvimos que endeudar. La otra alternativa era hacer un shock de ajuste”, dijo Macri en Vaca Muerta. Además de presentar una política energética que opera con estos dispositivos idiosincráticos, aparece la denominada “frazada corta”, una metáfora utilizada recurrentemente por los funcionarios de Cambiemos para reconfirmar la inexistencia de opciones, así como la de una sola hoja de ruta posible. Si cubren un lado- sostienen- dejan otros al desnudo. Si quitan impuestos -afirman- perjudican el gasto social. Lo mismo si subsidian la energía.

Sin embargo, la cuestión no es de tamaño ni longitud de la frazada, sino de apropiación desigual y asimétrica de los recursos. Mientras unos acumulan mucha cantidad, otros se empobrecen. Y en relación con los bienes que producen energía, las poblaciones también resultan diversamente afectadas y perjudicadas en el proceso de su producción y explotación.

Los orígenes del tarifazo

Para comprender el descontento social actual con las tarifas, y las acciones del gobierno en la materia, es importante observar -aunque de manera sucinta- los antecedentes de las protestas sociales ocurridas en el 2016, de importante contundencia y extensión territorial cuando “el tarifazo” se generalizó en la jerga popular con referencia al servicio del gas. En aquél entonces, en los inicios del mes de abril, se habían publicado en el Boletín Oficial un conjunto de resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que disponían un aumento en la tarifa del gas que representaba un incremento en promedio de hasta 300% en las facturas, y que establecía criterios para incluir beneficiarios en la tarifa social. Esto dio comienzo al “tarifazo”, que como bien señalan los integrantes del Observatorio Petrolero Sur implicó el aumento del precio en boca de pozo para el segmento residencial, que incluyó a las PyMES, comercios, clubes de barrio, entre otros (Resolución 28/2016); la habilitación a ENARGAS para realizar ajustes de tarifas para los segmentos de transporte y distribución (Resolución 31/2016); el incremento del precio del gas en boca de pozo para el segmento de Gas Natural Comprimido (la Resolución 34/2016) y los aumentos del precio en boca de pozo del gas con destino a la generación de electricidad (Resolución 41/2016). Cambiemos gestó así la transformación cualitativa de las reglas de juego del mercado del hidrocarburo que tuvo como correlato un proceso de redistribución regresiva del ingreso de la población.

A partir de estas medidas el Gobierno precisaba una reorientación y redefinición del papel del Estado en el suministro de servicios públicos, en este caso el del gas, apuntando básicamente a una reasignación de recursos directos desde los usuarios a las empresas prestadoras de los mismos, con la intención de quitar progresivamente los subsidios destinados a sostener el precio de bienes colectivos. La urgencia fiscalista animaba al Gobierno en una de las políticas de sesgo neoliberal más enfáticas de su gestión, a tono con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, enemigo acérrimo de los subsidios energéticos.

Entre los meses de mayo y septiembre de ese año las acciones de protesta de usuarios residenciales y sectores productivos con la modalidad de frazadazos, ruidazos y marchas, se extendieron en todo el territorio nacional con consignas tales como: “No al tarifazo”, “Macri para la mano”, “El gas es vida”, “Comer o pagar las tarifas”, entre otras. Ello tuvo lugar ante los aumentos del servicio de gas que habían llegado a superar el 200%, 400%, 1000%, dependiendo de la zona y el sector afectado.

Los reclamos colectivos se materializaron asimismo en una serie de presentaciones judiciales estimuladas por funcionarios públicos, asociaciones de consumidores y civiles, vecinos, que pugnaban por una revisión de los aumentos tarifarios acentuando una debilidad legal en las acciones del gobierno: la falta de audiencias públicas requeridas para aumentar los servicios esenciales. Ello marcó por tanto la cadencia de los reclamos: la interpelación recurrente de parte de grupos sociales hacia la justicia para lograr una intervención favorable a las demandas ciudadanas de un lado, pero también del Gobierno, que pugnaba por reconfirmar la potestad del Estado para definir el precio de los servicios. Los recursos de amparo y las medidas cautelares fueron arribando en forma generalizada a los distintos juzgados provinciales y nacionales con suertes diversas hasta que finalmente, y a pedido del Gobierno en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia instó al poder público a revisar los aumentos de las tarifas de gas con criterio de “razonabilidad”, y a convocar audiencias públicas.

Durante los meses del conflicto por las tarifas los funcionarios de Cambiemos dinamizaron un conjunto de valoraciones muchas veces contrapuestas para legitimar el tarifazo ante la sociedad: el derroche de energía, la importancia de cuidar el medio ambiente, la herencia energética recibida y el despilfarro de los recursos naturales, la necesidad de aumentar la explotación de los hidrocarburos, la mala cultura de consumo, y la distribución regresiva de los recursos energéticos, entre otros. En forma paralela, el megaproyecto Vaca Muerta y su potencial para explotar hidrocarburos no convencionales a través de técnicas como el fracking se advertía como meta liberalizadora para lograr el autoconsumo de energía. Sin embargo, los profundos efectos perjudiciales sobre el medio ambiente, los territorios y las poblaciones que allí residen no fueron puestos en discusión en la presentación de la problemática.

En este proceso el Gobierno nacional fue revisando la estrategia para aplicar los aumentos del gas, disponiendo topes máximos para intentar acallar los reclamos colectivos. Pero resultó finalmente la audiencia pública la que selló la suerte de los incrementos tarifarios. Fue a partir de aquella instancia que se dispusieron los esquemas de aumentos que el Gobierno describió como gradualistas para culminar con los subsidios a la energía en el 2019. Aunque el descontento continúo latente entre grupos sociales movilizados, a partir de allí las acciones masivas de protesta se disiparon.

En abril del presente año los actores parlamentarios retomaron la iniciativa de los sectores otrora movilizados para tratar la cuestión tarifaria. Este debate deja pendiente, de todas formas, el tratamiento integral de la temática energética donde se pueden distinguir distintas nociones, apreciaciones, valoraciones, perspectivas y pujas de poder. Lo que resulta claro, eso sí, es la orientación neoliberal del gobierno al respecto: se extrema la mirada de la energía como mercancía a través de la liberalización y la desregulación del sector.

* Es doctora en Ciencias Sociales por la FLACSO Argentina, magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas sociales de la FLACSO Argentina

Agencia Paco Urondo (APU) - 11 de mayo de 2018