¿Ha emigrado menos, igual o más gente con el gobierno progresista? Si bien la pregunta es pertinente, resulta imposible una respuesta: la emigración es estructural desde hace al menos cuatro décadas, responde a una concepción cultural instalada y los métodos de medición son precarios y no permiten hablar seriamente en esos términos; así lo
manifiesta la socióloga Patricia Gainza.* Si se mide por censo sólo es posible hablar de flujos migratorios cada diez años (y en Uruguay además no se realiza un censo desde 1996), si se mide por entradas y salidas en el aeropuerto los datos resultantes "hay que tomarlos con pinzas" porque no toman en cuenta, por ejemplo, si una persona
salió de vacaciones por un año entero o si salió por esa vía e ingresó al país por otra.

Lo cierto es que el 14 por ciento de la población uruguaya está fuera del país (alrededor de 600 mil personas): unas 100 mil se fueron entre 1963 y 1975, unas 180 mil entre el 75 y el 85 (con emigración política incluida), otras 100 mil entre el 85 y el 95, y alrededor de 120 mil en la década siguiente. Dentro de la llamada "emigración reciente" (2000-
2006), según un trabajo de Adela Pellegrino y Daniel Macadar,** el pico más alto de emigración nacional se registró en los años 2002 y 2003, junto a la crisis.

Pero lo cierto es que Uruguay no ha realizado un estudio sobre migraciones desde 1982. Y los especialistas desesperan: "Si es uno de los mayores problemas que tiene el país, se deberían destinar recursos para investigación. No puede ser que los profesionales tengan que hacer malabares con datos o encuestas que no reflejan cabalmente la situación", declara Gainza. Con esto se refiere a que los últimos datos que aparecen en este tema (Encuesta de Hogares Ampliada 2006) no dejan de ser una muestra, aunque los investigadores hayan hecho maravillas para interpretarlos. Por ejemplo, elaborar un perfil del emigrado reciente: 54 por ciento son hombres, 60 por ciento son
"hijos"; y 6 por ciento son cónyuges.

QUÉ PASA. Lo que sí se puede saber es qué ha hecho o no este gobierno en la materia: creó el Departamento 20 (vinculación con residentes en el exterior), el CUAC (vinculación con profesionales altamente calificados), incluyó en la última encuesta nacional de hogares un capítulo de migraciones y hay a estudio del Parlamento un ley sobre la materia.

Si bien esto es mucho más de lo que hicieron todos los gobiernos posdictadura juntos frente a este problema, a juicio de Gainza las señales siguen siendo tímidas. Para esta profesional hay urgencias que el Estado no puede obviar y que tienen que ver con el modelo de desarrollo que el país busca. Si la emigración es un problema grave de Uruguay, es clave dedicar fondos para la investigación. Pero éstos sólo aparecen en el exterior y los estudios realizados son a impulso de los
propios profesionales. Un ejemplo que habla por sí mismo: el Instituto Nacional de Estadísticas no tiene en este momento demógrafos.

La ley a consideración del Parlamento aborda sobre todo la regularización de los migrantes en lo que hace a salidas y entradas, residencias legales e ilegales, cuestiones laborales, tráfico de bienes y personas, y crea una Junta Nacional de Migración que tiene entre sus competencias proponer políticas migratorias al Poder Ejecutivo. Y respecto a los uruguayos residentes en el exterior plantea que el Ministerio de Relaciones Exteriores suscriba convenios con los
estados en que residan uruguayos para asegurarles la igualdad de trato con los nacionales y la coordinación de la política nacional de vinculación. Un capítulo interesante es aquel en el que se exonera de impuestos al ingreso de bienes de los residentes en el exterior que decidan retornar.

Gainza sostiene que las políticas de "retorno" son fundamentales: es incoherente decirles a los uruguayos "regresen" si el Estado no tiene nada para ofrecerles, y al menos es necesario que aquel que quiera
hacerlo no se encuentre con trabas. Algunos países, como México, tienen una política nacional de retorno (sobre todo para los profesionales de algunas áreas) y es el propio Estado el que muchas veces se hace cargo del boleto de avión, del llamado "menage de casa" y hasta de un subsidio económico para el primer año de residencia. Si el Estado uruguayo no tiene dinero, está bien que no se haga cargo de ciertas cosas, pero al menos que no cobre por volver al país como sucede actualmente, dice Gainza, refiriéndose a las tasas consulares y aduaneras.

De todas formas esta socióloga pone el énfasis en dos cuestiones: la investigación (debemos saber exactamente en qué lugar estamos parados y cuánto le cuesta al país la emigración, qué hacer con ella y qué políticas proponer) y un abordaje del tema en la educación. Si el horizonte de los jóvenes uruguayos es irse del país, resulta insoslayable abordar el tema en clase: para desmitificar y problematizar la propensión migratoria, para plantear otros horizontes culturales.

EL FONDO. Gainza considera que Uruguay es un país en el que la palabra futuro no existe para los jóvenes y existe una sociedad gerontocrática (sobre todo en los cargos de poder y toma de decisiones) que no permite innovar. Esto quiere decir lo que todo el mundo sabe: que en este país "se llega" a los 50 años y que "se puede
estar" hasta los 80, mientras los jóvenes "no ingresan" hasta los 40. A eso hay que sumarle el peso brutal que aún hoy tiene en nuestro imaginario la idea de la "Suiza de América", que genera grandes
expectativas irreconciliables con la realidad. Entonces se establece una disociación: "no puedo concretarlas pero tampoco vivir sin ellas. La sustancia de todo esto es una sociedad donde nadie se puede proyectar, donde hay una inamovilidad generalizada". Y que promueve la doble moral en todos los niveles. Existe una moral de austeridad,
de no gastar, que crea la imagen ficticia de que se puede vivir con 10 mil pesos (cuando es imposible). "Pero si yo digo que no puedo vivir con 10 mil pesos es mal visto porque hay gente que vive con 3 mil, pero no es que ellos puedan vivir así sino que aguantan quién sabe cómo" Y esto no es menor, más cuando la causa principal aducida por los emigrantes recientes para irse del país es la cuestión económica.

El "país expulsor" tiene que ver también con que "para una persona de 22 años es imposible alquilar un apartamento porque las exigencias son demasiadas: renta, garantía de alquiler, escribano público, incluso si
se tiene el dinero para hacerlo". No en vano el 60 por ciento de la emigración reciente son "hijos", es decir, personas que se van, entre otras cosas, para concretar su proyecto de emancipación de la casa paterna.

Finalmente, hay que considerar también la inmigración. En los últimos años ha crecido la presencia de brasileños, peruanos, argentinos, pero Uruguay sigue con las leyes de 1930: "Tenemos que saber si queremos inmigración y de qué tipo, selectiva como la que hacen los países desarrollados: qué necesito yo (¿jóvenes?), e instrumentar en la
materia".

* Se recibió en México y actualmente está cursando una maestría en sociedad y desarrollo en la Facultad de Ciencias
Sociales.
** Con base en la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006, módulo Migración, ine.

***Periodista

Fuente: [color=336600]Brecha – N°1147 – 16.11.2007[/color]