El lunes 11 de septiembre ocurrió algo esperado por mucho tiempo en el Uruguay. Los primeros ocho militares vinculados a la dictadura fueron procesados con prisión por –según la jerga jurídica– privación ilícita de libertad y asociación para delinquir. Cobra especial importancia puesto que es la primera vez que sucede luego de 21 años de democracia. Durante estos años, los defensores de la impunidad presionaron con éxito hasta lograr que cada denuncia fuera archivada. Por fin, aún con el escollo de la Ley de caducidad, la justicia empieza a vislumbrarse.

Ocurre en un momento muy especial: el comienzo de la campaña para anular dicha ley. Durante su lanzamiento en Montevideo el pasado 13 de Setiembre, se insistió en la nulidad de la misma, y en que no es una ley intocable, incluso considerando el referéndum de 1989. También se mencionó su incompatibilidad con normas internacionales que castigan los crímenes de lesa humanidad. Pero hay otro argumento que no debemos olvidar: el significado de la represión dentro de la lucha de clases y la importancia que tiene su castigo mirando hacia el futuro.

La dictadura militar no fue idea de unos locos sueltos que con sadismo intentaron imponer su voluntad. Tampoco fue en respuesta a la guerrilla como nos dicen desde la derecha. La dictadura formó parte de una respuesta de los Estados de todo el continente a favor de las clases dominantes. Fue una respuesta a la movilización de las organizaciones sociales y políticas de izquierda que, cada vez con más combatividad, buscaban mejorar las condiciones de vida de la gente y también cambiar la sociedad. Se decía en los cuarteles que no iban a existir organizaciones de izquierda por los próximos 50 años. Ahí está el quid de la represión: una forma, descarnada y cruel, de diezmar las fuerzas de la clase obrera. Por las cárceles no solamente pasaron guerrilleros, sino principalmente estudiantes, sindicalistas, cooperativistas y activistas políticos y sociales. Uno de cada 50 uruguayos. Eso habla a las claras del carácter de clase de la represión antes y durante la dictadura.

Juzgar y castigar a los responsables de la persecución, la tortura y la muerte es una reivindicación profundamente obrera, que implica decir “¡Nunca más!” a los enemigos más desalmados de la clase.

Estos primeros procesamientos marcan un punto de inflexión, pero de ninguna manera es un final. Para avanzar debemos eliminar todos los obstáculos. El primero es la voluntad política del gobierno, que cambió en comparación con los anteriores –lo cual se evidencia en los avances logrados en el terreno de la verdad– pero todavía es insuficiente para que haya verdad y justicia plena. Por otro lado, el escollo jurídico de la Ley de impunidad. Es claro que necesitamos de la unidad y movilización de todos para superarlo. El camino: anular la Ley de Caducidad y exigir el juicio y castigo de todos los represores.