El debate político contemporáneo y una nueva Constitución

Jorge Francisco Cholvis * (Especial para sitio IADE-RE) | El autor otorga las bases y pautas para encarar el debate y las acciones necesarias para una nueva Constitucion para la Argentina.

I - El sufrido tiempo contemporáneo en Argentina

              1. El restaurado proyecto conservador neoliberal que se está ejecutando en la Argentina, con un gobierno de ricos para ricos; al servicio de las multinacionales, la oligarquía y el sistema financiero, afecta gravemente el desarrollo económico y social de la Argentina, y al consiguiente goce efectivo de los derechos humanos básicos. Destrucción del sistema productivo, cierre de pequeñas y medianas empresas, falta de trabajo, caída del salario real, desocupación y pérdida de conquistas laborales y sociales, aumento constante del costo de vida con descomunal incremento de las tarifas de servicios básicos, regreso al F.M.I. y el endeudamiento odioso e impagable, son algunas de las dolorosas circunstancias que van sumergiendo al país y castigando a la mayoría de su población.

              Son horas difíciles las que vivimos los argentinos y argentinas. Horas de derrumbe institucional y en perjuicio de las condiciones de vida de las grandes mayorías. Pero también marginación del estado de derecho en cuanto a las garantías individuales, las que están sujetas al fórum shopping de jueces amanuenses de los poderes fácticos y de iure. En nuestro país se reprime salvajemente la protesta social con persecución jurídico-mediática a la oposición política mediante ilegales e ilegítimos actos procesales, y existen presos políticos. El escandaloso proceso de endeudamiento afecta el derecho al desarrollo, y coloca a nuestro país en condiciones de extrema vulnerabilidad como nación soberana. Qué duda puede caber sobre que la soberanía es la condición necesaria de toda justicia; y del respeto a la dignidad de cada una de las personas que habitamos este suelo.

              El entramado del poder financiero transnacional, sostenido con la clase herodiana de grandes grupos económicos oriundos que lo secundan con los medios de comunicación hegemónicos pregonando a su favor, más la estratificación social y cultural en que nos encontramos actualmente impide la solución a tan grave problema. Fundamentalmente la falta de concreción de un proyecto que aglutine a los diversos sectores del país en el reconocimiento y sostén de las finalidades que anhelamos los argentinos en este tiempo contemporáneo, y que con precisión defina los medios apropiados para hacerlas efectivas, tornan necesario profundizar el debate político hacia el logro de tan elevado objetivo, y de tal forma alejar para siempre que esta lamentable etapa vuelva a repetirse.

              Sin duda, es imprescindible para poner fin a este ominoso capítulo político por medio del voto. Pero, para lograrlo será imprescindible profundizar el debate político. Sin bien el mismo se realizará en el marco coyuntural de un proceso electoral cercano, no puede dejar de reconocerse que ello también ha de permitir alcanzar las necesarias coincidencias en importantes puntos  que hacen a la faz estructural. Definir e impulsar un proyecto político para superar esta etapa que transcurre en Argentina, sin duda posibilitará avanzar hacia el Proyecto Nacional de los argentinos para el siglo XXI. El debate coyuntural nos posibilitará alcanzar un nuevo diseño estructural. Una nueva Constitución será el futuro de dicho proyecto.

                 2. El actual marco político e ideológico del discurso único del modelo neoliberal y del mercado como panacea es la expresión del poder concentrado ejercido por los sectores dominantes, y el egoísmo e individualismo han sido incorporados como pautas de conducta, llevando a la pérdida de la solidaridad social. Asistimos a un duro debate en el que confrontan las dos corrientes que en distintos tiempos y de diferentes formas luchan por predominar en la historia del hombre: tal quienes actualmente desde grandes conglomerados económico-financieros y periodísticos, con sus intelectuales orgánicos inculcan una visión falsa de la historia y de la realidad contemporánea impulsando un clima ideológico proclive al sostén de fuerzas políticas conservadoras, y por otro lado quienes impulsan el progreso social como vía para lograr el “buen vivir” del pueblo. Dos modelos en pugna. Confrontación que existe tanto en distintas zonas del planeta, como en el contexto regional y en Argentina. En esencia es la disputa sobre la distribución del ingreso, del producto social; o sea, quienes serán los destinatarios del resultado de políticas socio-económicas.    

              Este nuevo plan de colonización de nuestro país concretado en el marco de la Constitución vigente desde 1994, forma parte de una ofensiva general en nuestra región suramericana. El siglo XXI dio nacimiento a nuevas figuras de golpes de Estado, y son conocidos los casos de Nicaragua, Paraguay, y Brasil. Se viene desplegando una sistemática utilización institucional como instrumento para la marginación de derechos y el despojo. Se pervierte el servicio de justicia hasta convertirlo en instrumento de la persecución política a los opositores. Nuevamente existe la nefasta práctica de la prisión por causas políticas. Así es que, al punto de la reaparición de la prisión arbitraria para quienes se opusieron o confrontan con dichos planes,  se llega hasta la muerte de manifestantes a manos de fuerzas de seguridad estatales. Se utilizan los decretos de necesidad y urgencia para anular leyes que asignaban derechos, y restringían monopolios de la comunicación pública. Se utiliza fuera de las pautas constitucionales el veto presidencial como instrumento para confrontar con el Congreso e impedir normas que -por ejemplo- garanticen el goce de servicios públicos indispensables de la población. Se emplea la extorsión como forma de ataque a sindicatos, partidos políticos y organizaciones que rechazan el rumbo político adoptado. Por ello, bien se puede afirmar que existe un derrumbe institucional.

              Importantes conquistas democráticas y populares fueron jurídicamente anuladas en poco tiempo. No es una fragilidad circunstancial sino que -como bien sostenía Sampay- es una consecuencia que surge del plano de la Constitución real; o sea, la estructura de poder que actualmente prima en nuestro sistema político en beneficio de los dueños del capital y la tierra. Para ello, subvierten valores y ocultan necesidades básicas, para lo cual promueven una interpretación maliciosa de objetivos tanto individuales como colectivos que unen al ser humano en comunidad; y en el marco jurídico utilizan para ello una interpretación estática de la Constitución escrita vigente.

  3. Nuestra Constitución atrasa. El lugar eminente que en su texto e interpretación por los sectores hegemónicos tiene el derecho de propiedad, se encuentra alejado  respecto de la necesaria evolución que el mismo tiene en el contexto de los derechos del ser humano. Por ello, no se puede dejar de tener presente que la Constitución Nacional aprobada en 1949 reconoció la propiedad privada sobre la base de su función social, y además consagró su intocable jerarquía. No se puede dejar de mencionar tampoco que instituyó las normas de política económica constitucional, cual “medios” necesarios para alcanzar el goce efectivo, el acceso a los derechos que hacen a la plena dignidad humana. Pero, esa Constitución no cayó en desuso. Fue anulada por un Bando del gobierno de facto de turno. Y por cierto, no por el procedimiento que especifica el artículo 30 para su reforma, sino por un puro y simple acto de violencia política perpetrado en 1955 contra un gobierno elegido por la voluntad mayoritaria del pueblo.

              Pero vayamos a la Constitución vigente. La reforma constitucional de 1994 si bien amplió una serie de derechos ciudadanos en el capítulo segundo de la Primera Parte, titulado “Nuevos derechos y garantías”; y en la segunda Parte, sobre Autoridades de la Nación, en su capítulo Cuarto, instituyó como “atribuciones del Congreso”, varios principios avanzados proclives al goce de los derechos humanos básicos, sin embargo en su diseño dejó abierta la puerta para que la interpretación de dichas normas por los sectores del poder económico-financiero y mediático se siga realizando con el lenguaje de mediados del siglo XIX revivido por el neoliberalismo, en pos de la apropiación oligárquica del excedente económico, mediante el apoyo de ortodoxas formas de acumulación financiera. Lo experimentamos en carne propia los argentinos. Cuando se efectuó por el gobierno nacional en 2005 y 2010 la histórica reestructuración de nuestra deuda después de la gran crisis económico-financiera ocasionada por la anterior oleada neoliberal, dicha política de desendeudamiento fue atacada por los buitres de las finanzas globales. La única democracia que reconoce el poder hegemónico mundial es la del Mercado como panacea, y califica de autoritario, o populista al gobierno que estimule políticas heterodoxas en lo económico con distribución social de la riqueza.

II - El debate, el proyecto y una nueva Constitución

              1. Un proyecto social y político identifica al conjunto de actividades orientadas a obtener un resultado que satisfaga las necesidades urgentes de la comunidad, y elevar la calidad de vida de la población. Basándonos en el contenido lo conceptuamos como nacional, popular, democrático y federal. Es el proyecto más importante dado que influye en todo un país. Los programas sociales o públicos deben apuntar precisamente a mejorar la calidad de vida del pueblo. Es marcar un camino, emitir señales claras y concretas de cuál debe ser la dirección de un Estado y de un Gobierno. Un proyecto de estas características necesariamente debe estar en conexión con la Constitución. Al lograr ser consagrado por el pueblo, la Constitución se ha de ajustar al mismo. Sin dudas, es el futuro del proyecto.            

              Es la misma evolución cultural, económica y social la que impulsa desde el interior de los pueblos a una mayor participación en todos los ámbitos de la vida, incluido el político institucional, y es sabido que el sentido más amplio y profundo de la participación del hombre en la vida de una nación políticamente organizada, se traduce en la soberanía del pueblo y en su derecho a ser artífice de su propio destino y “soberano de su propia suerte”. El debate sobre la democracia en las circunstancias actuales es una controversia acerca de la legitimidad política, y por consiguiente, comprende las formas políticas e institucionales sin las cuales no se puede hablar de legitimidad. El tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, sino que debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la sociedad argentina. Por ello, no se puede marginar la presencia activa y directa del pueblo en la decisión que se adopte sobre una nueva Constitución.

               2. La política de no ingresar al tema constitucional y debatirlo a nivel popular, es una manifiesta y definida actitud con el oculto objetivo de sostener el statu quo; o sea, es una política conservadora para que perdure el esquema dogmático que instituyó la Constitución histórica que sostiene y posibilita una política económica constitucional que se adapta a las concepciones del “neoliberalismo”. Se debe salir de generalidades y el debate no cabe realizarlo en términos ambiguos o en cuestiones formales, que con eufemismos oculta el rechazo y temor de los sectores dominantes a la democracia y soberanía popular. Quienes así actúan proponen el debate y consenso para mantener las bases establecidas en la Constitución real siguiendo las pautas de la democracia liberal, y en sostén de las normas de política económica insertas en la Constitución jurídico-formal que posibilitan perdure el “neoliberalismo”. Es necesario superar tan engañoso proceder pues no poner en plano popular el debate, ocultar el porqué de la Constitución, no escuchar las nuevas opiniones y criterios, es como cerrar los ojos a las causas, las finalidades e intereses que la conformaron; e impedirá diseñar e institucionalizar los fines y medios adecuados para que impulsemos el país que desean y merecen los argentinos.

III - Metodología y pautas para lograr la Nueva Constitución

   1. Es imperioso dar respuestas y propuestas concretas sobre las pautas del Proyecto Nacional. No encarar el debate constitucional implica no afrontar el proceso histórico y no estar en condiciones de adoptar las decisiones contemporáneas que nos lleven a un futuro superior. Por cierto, será necesario crear el ámbito adecuado para lograrlo; no importa el nombre que se le dé, sino la estructura orgánica que se diseñe para llevar a cabo tan importante objetivo. Sostenemos la necesidad de diseñar la metodología y pautas para un nuevo Proyecto de País que logre aportes desde una perspectiva multidisciplinaria y pluri-sectorial. La trascendencia del tema lleva a descartar la alternativa que sostenga que el mismo sea encarado solamente por un sector social o por un partido político. Como programa de acción para su realización proponemos que inicialmente con amplia participación popular se definan los ámbitos y criterios de organización para avanzar en el debate. Luego vendrá la segunda etapa, sobre el contenido del proyecto, es decir, qué país desean ahora los argentinos; debatir y definir los puntos esenciales para lograrlo y, asimismo, la estructura institucional para su ejecución. Finalmente, alcanzaremos la tercera etapa, que es la que encarará el diseño arquitectónico de la Constitución como marco del nuevo proyecto, para su institucionalizado al más alto rango normativo.

   Así es que el tratamiento del tema no puede restringirse a un grupo de notables, sino que debe ampliarse a un gran debate a lo largo y a lo ancho del país entre los distintos sectores de la sociedad. Por ello, no se puede marginar la presencia activa y directa del pueblo en la decisión que se adopte sobre una nueva Constitución. La Ciencia Política eleva a categoría de dogma el principio participativo. Ciertamente, para expresar de la manera más clara y fundada la determinación que se ajuste mejor al interés de la República y al bienestar de su pueblo, dicho debate tiene que ser anterior al tratamiento en el Congreso Nacional.

             2. Una Nueva Constitución, no una simple reforma. Por eso es imprescindible la apertura de un proceso de movilización popular que desemboque en una propuesta que recoja los aportes de las organizaciones sociales de nuestro pueblo. Desde los municipios, sindicatos, universidades, y con la participación de movimientos sociales y partidos políticos. En las organizaciones barriales, las universidades, los centros de investigación estudiantiles, de la pequeña y mediana empresa; de mujeres, de jóvenes, y de jubilados. Promoverlo en los medios de comunicación, particularmente los que no son manejados por el control remoto de las grandes corporaciones. 

              Por tanto, hacia el imprescindible logro de un proceso constituyente con estos altos objetivos de alcanzar la Justicia Social, o el “buen vivir” de las poblaciones de nuestro país, sostenemos la necesidad de incrementar la participación popular mediante Asambleas de base, con propuestas temáticas concretas. Participación y poder popular para enfrentar al poder económico, mediático y judicial. En la senda hacia una nueva etapa en la Argentina y dictar una nueva Constitución es imprescindible remarcar y sostener las competencias propias de la Asamblea Popular Constituyente y su prevalencia sobre los poderes constituidos, para definir el rol del Estado, dictar la Constitución y sancionar las leyes de materia constitucional que fueren necesarias para llevarlo a cabo. La Asamblea Popular Constituyente no puede estar condicionada por los poderes constituidos. La organización popular tiene que llevarnos al Proyecto Nacional, Popular, Democrático y Federal, y la nueva Constitución será el futuro del Proyecto y tiene que adquirir el debido rango constitucional. Por cierto, dicho texto nacerá de las filas del Pueblo y deberá ser finalmente sometido mediante referendo a su aprobación.

IV - Una nueva etapa para la Argentina

               1. Por todo ello, entendemos que la Constitución Nacional requiere un nuevo diseño, que evidencie una nueva arquitectura distinta, amplia y profunda, y no se debe restringir a una simple modernización de su parte dogmática o a la modificación de su faz orgánica para actualizarla solamente. Las bases que voy a mencionar para un futuro texto constitucional, si bien entiendo que se refieren a sus partes más trascendentes, no cierran a la consideración de otras que surjan del debate.

                 Sin duda que será necesario realizar un esfuerzo creador para construir un orden sociopolítico propio que sirva de base sólida para instaurar un nuevo modelo de sociedad que nos permita hacernos cargo de nuestro propio destino en el mundo global. Para lograr ese alto objetivo propondré estas Bases al debate que hemos de sostener para institucionalizar un nuevo Proyecto Nacional y Popular, y enfrentar a los sectores que se oponen al cambio social en la Argentina. Como inmediata consecuencia vendrá la oportunidad de sancionar una nueva Constitución Emancipadora para el País de los argentinos.

              2. El pleno ejercicio del poder constituyente del pueblo es la única garantía para que los argentinos y argentinas tengamos una nueva Constitución. Una Constitución que no sea solamente un documento jurídico sino la expresión de un nuevo proyecto para el país, cuyo norte sea el más pleno ejercicio de su soberanía nacional y la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos para todos sus habitantes.                           

              Como explicaba Sampay, las naciones son estructuras colectivas vitales, pero que a diferencia de las individuales, no están sometidas a los inexorables términos del proceso de desarrollo, decrepitud y muerte biológicos, sino que según sea la excelencia o carencia de su previsión y voluntad, crecen o decrecen, se expanden o se contraen, progresan o decaen hasta sucumbir. Construir una trinchera de ideas para confrontar con quienes impulsan políticas para someter a los pueblos. Un espacio para forjar el pensamiento y la acción necesarios para un Proyecto Nacional, Popular y Democrático, en el marco de la Patria Grande. La tarea es abrir y profundizar el debate; construir rutas conceptuales y metodológicas, como paso indispensable para la formulación del proyecto de liberación nacional y social. Trasmitir el saber emancipatorio: sembrar la teoría y diseñar la metodología apta para hacerlo realidad. Avancemos definitivamente por la senda hacia la Patria Grande, en estas tierras de la América del Sur.

V - Una Constitución emancipadora para el país de los argentinos

            1. La urgente reversión del rumbo nacional solamente es concebible sobre la base de la construcción de una nueva institucionalidad, de un nuevo Estado, apoyado sobre nuevas bases conceptuales acordes al país que tenemos y a nuestro tiempo contemporáneo, que apuntale constitucionalmente derechos. Para efectivizar la Justicia como fin último de toda comunidad política es que entendemos necesario iniciar el debate hacia una nueva Constitución. No es tarea excluyente de juristas ni de especialistas. Ello sólo puede alcanzarse si es el fruto de una amplia movilización y una efectiva participación protagónica para institucionalizar al más alto rango normativo un Proyecto Nacional, Popular y Democrático.

              No nos cabe duda alguna de que como el anhelo de Justicia es inherente a la índole humana pese a la terca resistencia de los derechos adquiridos, en la infraestructura sociológica de la Constitución subyace la lucha por el predominio político y pugnan los ideales que surgen del pueblo por una Constitución mejor contra la obstinación oligárquica en resistir su transformación. Se debe tener en cuenta que la conciencia ética está en el origen de toda transformación histórica de liberación de los oprimidos y excluidos, y que la debilidad se transformará en fortaleza ética a mediano y largo plazo. Sólo un proyecto político superador que priorice el interés público, colectivo y nacional, posibilitará alcanzar la emancipación social, cultural y económica.  

  Es imprescindible diseñar una novedosa arquitectura constitucional que comprenda derechos civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, para el “buen vivir” del pueblo; y las indispensables normas de política económica constitucional para concluir con el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia efectiva de esos derechos. Abrir el debate para lograr que una futura Asamblea Popular Constituyente instituya oportunamente una nueva Constitución. Con la creatividad popular se podrán pensar y delinear nuevos caminos para la vigencia plena de los derechos humanos básicos en nuestra realidad contemporánea. La experiencia histórica nacional y el derecho constitucional comparado, en especial novedosas constituciones que se sancionaron en procesos sociopolíticos de países que impulsan avanzados marcos constitucionales en pos del progreso social para sus pueblos no puede ser obviada.

  Pero cabe remarcar que para lograr tan alto objetivo y modificar la Constitución real que llevó al subdesarrollo y la injusticia, es prioritario construir el motor del proceso social que lo lleve a cabo, la alternativa efectiva de poder político nacional que nos permita concluir con todas las políticas económicas que se ejecutaron y apartar definitivamente a todos los sujetos que las facilitaron. De esa forma se podrá defender la riqueza nacional e impedir su fuga, erradicar el endeudamiento exterior, aumentar la capacidad de ahorro nacional, recuperar e intensificar la explotación de los recursos naturales y biogenéticos, de los servicios públicos, el desarrollo científico-tecnológico e impulsar el proceso de industrialización, apoyar el acceso a la tierra y a la maquinaria agrícola a quienes desean trabajar en el campo, expandir el mercado interno, posibilitar a los sectores trabajadores una mayor participación en la renta nacional, y, en fin, poner en vigor leyes y servicios sociales indispensables para la protección de los valores humanos.    

              2. Sostenemos que un nuevo diseño arquitectónico tiene que desarrollar una original metodología para la parte dogmática y en diversos títulos se deben delinear los puntos que hacen a los principios fundamentales de la Nación, la presencia de un Estado activo, el régimen económico, los derechos, deberes y garantías básicas, ya sea individuales, políticos o sociales, y la educación y la cultura. Instituir un apoyo diferenciado para las Pymes. Se deberá prescribir que el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, promoviendo la participación ciudadana; y establecer que los medios de comunicación social no podrán conformar, de manera directa o indirecta, monopolios u oligopolios. La integración con los pueblos hermanos de la Patria Grande, será un principio fundamental para fortalecer los procesos de unidad y progreso social. Se deberá normar lo referente a la propiedad y protección de nuestros recursos naturales y el medio ambiente, acorde a nuestra necesidad de desarrollo socioeconómico y el necesario cuidado sobre el impacto ambiental. Se deberán incorporar normas para preservar y asegurar la supremacía de la Constitución. Será relevante la participación del pueblo en defensa de sus intereses y en el sostén de la Constitución. Se ha de precisar en el Proyecto la importancia de la Investigación y Desarrollo, y el conocimiento como vía principal en el mundo contemporáneo para hacer efectiva la soberanía nacional.               

              En lo que concierne a la parte orgánica del texto constitucional, ha de merecer una revisión atinada la organización y funcionamiento de los distintos poderes del Estado, cuáles son sus atribuciones, cómo se distribuyen sus funciones y cuáles serán sus relaciones. Estamos persuadidos de que las normas constitucionales deberán codificar un nuevo criterio de técnica política arquitectónica sobre los poderes gubernativos y los medios más idóneos para poder lograr el verdadero fin de la Constitución, esto es la justicia social o bien común. Es de relevancia la forma de designar a los gobernantes, la participación del pueblo en defensa de sus intereses y el desempeño de los organismos de control. Se tendrá que democratizar el poder judicial, y alcanzar la transformación de los sistemas y prácticas judiciales. Es imprescindible incorporar normas para hacer efectiva la soberanía jurídica y recuperar la facultad jurisdiccional de la Nación, en trascendentes temas que no deberían dilucidarse ante tribunales o árbitros foráneos. El tema del endeudamiento exterior deberá estar contemplado con precisión respecto a las necesidades o urgencias que se invoquen para su realización, y asimismo el control posterior y la participación protagónica del pueblo en cuanto a su conocimiento y celebración. También se deberán diseñar los principios normativos para la protección de la soberanía legislativa, que se encuentra encorsetada por los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones (TPPI) y la telaraña de sus cláusulas, que inciden sobre funciones esenciales y propias de un Estado soberano; y por tanto, también ello debe ser prescripto claramente en un nuevo texto constitucional. En cuanto a la estructura del Estado nacional, será menester diseñar preceptos acerca de un nuevo federalismo, así esa importante institución coadyuvará a concretar un desarrollo equilibrado y armónico.

              3. Pero, por supuesto, no hemos de creer que en abstracto o dogmáticamente, a través de la sola reforma o cambio de la Constitución escrita o jurídico-formal se conseguirá remediar los problemas que padece nuestro país. Insistimos, que es imprescindible concretar la necesaria y vigorosa alternativa de un poder político que dé impulso sostenido a una definitiva modificación de las estructuras reales del poder, que -según afirma la conocida tesis de Lasalle- son la base efectiva que otorga perdurabilidad a la Constitución real que soporta el país, con dependencia económica e injusticia social. Ello es la verdadera valla que no puede superar todavía una nueva Constitución jurídico-formal con el sentido indicado.

              No nos debe preocupar que cuando se traten estos grandes temas se generen “agudas controversias” o se llegue a “crear tensiones en la sociedad”. Toda Constitución que sostenga cambios de estructuras en dirección al progreso de la justicia, entrará ineludiblemente en conflicto con los beneficiarios de los privilegios que esa nueva Constitución suprime. Más concretamente, siempre una Constitución hecha con el propósito de redimir al país y afianzar el progreso social habrá de confrontar con quienes pretenden evitar que ello ocurra. Por el contrario, una nueva Constitución que no entrara en conflicto con los intereses internos y externos afectados por dicha alternativa no sería para emancipar al pueblo argentino, sino para reforzar la dependencia.

VI - Bases para una Nueva Constitución

               1. Consideramos necesario comenzar el camino con los siguientes preceptos para el diseño de un proyecto, a fin de ser presentado a la consideración de los distintos sectores de la Nación, el que con normas claras, precisas y unívocas, incorpore la nueva arquitectura jurídico-constitucional, y consagre la operatividad de las disposiciones constitucionales:

  • La Nación Argentina no admite forma alguna de colonialismo o neocolonialismo, ni sometimiento a dictados o directivas de órganos o entidades supranacionales que puedan afectar su soberanía y el derecho de autodeterminación de los pueblos.
  • La causa de las Islas Malvinas usurpadas merced a circunstancias desfavorables, ha de ser reflejada desde el nuevo Preámbulo y en el resto de la normativa constitucional -tanto permanente como en sus disposiciones transitorias-, a fin de afirmar que los argentinos sostenemos que esos derechos no prescriben jamás; y que es una ineludible obligación de los poderes de gobierno ejecutar los reclamos pendientes y las medidas -tanto en la política exterior de la Nación, como en el interior del territorio continental- para recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur.
  • El régimen económico de la República se fundamenta en principios de Justicia Social, para efectivizar y garantizar el goce efectivo de los derechos.
  • Toda actividad económica debe contribuir al fortalecimiento de la soberanía económica del país. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social.
  • La política económica tendrá como principal objetivo asegurar una adecuada distribución del ingreso, la riqueza nacional y asegurar la soberanía alimentaria y energética. La garantía de la soberanía alimentaria, es entendida como la democratización en el acceso a la producción y el consumo de los alimentos y la efectiva protección de los derechos de usuarios y consumidores.
  • La defensa del trabajo digno, de calidad y bien remunerado será condición central  para las políticas de Estado. Asimismo, la protección de la jubilación bajo una concepción solidaria para preservar a los mayores que excluya la posibilidad de que sus ingresos sean fuente de especulación financiera.
  • El derecho a la salud como eje de la construcción de políticas sanitarias, la regulación, control y distribución de medicamentos como bien social, el manejo soberano de las patentes farmacéuticas, el fortalecimiento de los sistemas solidarios de salud, por sobre el lucro que impone el Mercado.
  • La Ciencia y la Tecnología como herramientas a impulsar desde el Estado a la demanda de I+D como objetivo estratégico, conforme al desarrollo industrial y de servicios tecnológicos que postule nuestro país como política de Estado del siglo XXI.
  • Políticas Sociales como instrumento de inclusión al conjunto de la población, con despliegue de indicadores de vida que constituyan derechos inalienables de los argentinos, como educación, vivienda y salud. 
  • Los derechos económicos, sociales y culturales fijan límites a la discrecionalidad estatal en la decisión de políticas públicas. Estos derechos conforman un catálogo de obligaciones que el Estado debe cumplir prioritariamente, e imponen que los recursos públicos deban ser ordenados a tal fin antes que ser dedicados a otras áreas.
  • Corresponde sostener un orden axiológico de los gastos públicos, encabezado por las necesidades básicas relacionadas con los derechos sociales. Debe quedar bien claro que cuando los tratados de derechos humanos dan una pauta de la progresividad en materia de derechos sociales y requiere su promoción “hasta el máximo de los recursos disponibles”, no se puede interpretar que ese tope máximo viene dado por la cantidad que en forma arbitraria o condicionada por factores externos fije el Estado. Ese máximo “disponible” surgirá de una evaluación precisa que lleve a distribuir los ingresos y gastos de la hacienda pública para priorizar la vigencia efectiva de los derechos humanos básicos.
  • El Estado es instrumento principal para llevar a cabo la transformación progresiva de las estructuras socio-económicas, el progreso material y espiritual de toda la Nación. Organizará un sistema de planificación estratégica democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
  • El Estado ejerce actividad empresarial con el fin de promover la economía del país, prestar servicios públicos y alcanzar los objetivos del desarrollo. Por razones de interés social o seguridad nacional, la ley puede reservar para el Estado determinadas actividades productivas o de servicios.
  • Se prohíben el monopolio y el oligopolio privados, como toda otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, nacionales o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios.
  • Los sectores estratégicos de decisión y control exclusivo del Estado son los que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, social, política o ambiental, y se orientaran al pleno desarrollo de los derechos sociales y el interés social.  
  • El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, y el desarrollo de otras actividades económicas.
  • Los recursos y riquezas naturales que se encuentran en el territorio argentino y en el mar territorial de nuestro país, son titularidad exclusiva del Pueblo de la Nación Argentina.
  • Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo e intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad, y procurar a cada labriego o familia labriega convertirse en propietario de la tierra que cultiva.
  • Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad. Defensa del medio ambiente basada en el principio de que preservar la vida humana y de las especies que habitan el planeta tiene prioridad por sobre cualquier derecho individual que pudiera contradecirla.
  • La propiedad privada tiene una función social y, en consecuencia, estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común.
  • El Estado garantiza la existencia de distintas formas de propiedad y pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática del sector estatal, cooperativo, autogestionario y privado.
  • El Estado definirá las políticas de precios, orientadas a proteger la producción nacional y establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolios privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal.
  • El Estado reconoce y prioriza el apoyo a la organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productivas, urbanas y rurales, las que contarán con apoyos y beneficios diferenciados del Estado.
  • El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, y a la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población.
  • El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, innovación tecnológica y generación de equilibrios regionales y sectoriales.
  • La inversión extranjera será complementaria de la nacional, estará sujeta a un estricto respeto al marco jurídico y de las normativas nacionales en cuanto a los derechos, y se orientará según las necesidades y prioridades definidas por la Nación, así como en los diversos planes de desarrollo de las Provincias.
  • Argentina no debe aceptar limitaciones en el ejercicio de su soberanía, con la transferencia de la decisión nacional en la confección y ejecución de sus programas económicos.
  • Las empresas extranjeras radicadas en la Argentina están sujetas sin restricciones a las leyes de la República. En todo contrato que celebren el Estado o las personas de derecho público con empresas extranjeras, debe constar su sometimiento expreso a las leyes y tribunales de la República y su renuncia a toda reclamación diplomática. Lo cual debe establecerse en las autorizaciones para funcionar que se les otorgan a dichas empresas.
  • No se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado Nacional ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional o jueces extranjeros, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe, por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación por los países signatarios. 
  • Es imprescindible recuperar la soberanía legislativa que se encuentra encorsetada por los denominados Tratados de Promoción y Protección de las Inversiones (TPPI), y los acuerdos que llevaron a aceptar las decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con los conocidos resultados negativos para el bienestar social y el desarrollo nacional.
  • Ha llegado el tiempo de investigar y auditar la ilegal e ilegítima deuda que se impuso al pueblo argentino con el diseño y renegociación fraudulenta de la deuda externa. Los sentimientos de justicia y equidad que sostuvo el general San Martín para reconocer las deudas que se contrajeron serán principios irrenunciables del pueblo argentino.
  • La ley fijará límites al endeudamiento público de acuerdo con un nivel prudente y preciso en relación al tamaño de la economía, la inversión reproductiva y la capacidad de generar ingresos para cubrir el servicio de la deuda pública.
  •  Debe incorporarse a la Constitución la prohibición de tomar deuda pública para financiar gastos corrientes. La asunción de deudas sin la debida demostración de la capacidad de repago constituye en realidad, no sólo una manifiesta irresponsabilidad financiera violatoria de los deberes y funciones de los funcionarios públicos, sino además, una causal de ilegalidad e ilegitimidad en sí misma para el Estado.
  • Los derechos humanos proporcionan un marco claro y universalmente reconocido en el que puede basarse la formulación de una solución justa, equitativa, sustentable y duradera al problema del endeudamiento exterior; no tenerlo en consideración lleva a socavar la capacidad del Estado para el cumplimiento de sus obligaciones.  
  • La integración política, social, económica, financiera, cultural y tecnológica, la defensa de la integridad territorial y la paz en el continente Latinoamericano y del Caribe será objetivo estratégico del Estado.           
  • Transformación del poder judicial y su democratización, orientada a garantizar la vigencia y aplicación de los derechos que consagra la Constitución. Creación de un tribunal constitucional que supere el régimen de incertidumbre sobre la constitucionalidad de las leyes que se sancionan. El fin de todo privilegio de los integrantes del poder judicial.
  • Establecimiento de un régimen institucional que promueva la vigencia de una democracia participativa y la responsabilidad de los funcionarios ante el pueblo y sus organizaciones. Un régimen que permita la estabilidad política y cuyo funcionamiento sea el más eficaz para asegurar los fines fijados por la nueva Constitución.
  • El combate a la corrupción y el castigo a quienes como funcionarios o como agentes privados se apropien ilegítimamente de los recursos públicos, será la vía para hacer efectivo el principio de que las políticas públicas que afecten la soberanía nacional y el ejercicio de los derechos básicos de los habitantes del suelo argentino constituyen la forma más grave de la corrupción.

2. Los objetivos, estrategias, planes y proyectos más adecuados a cada situación, lugar y circunstancias, sólo pueden ser bien elaborados por personas consustanciadas con un claro sentido nacional y compromiso de servicio en función de los intereses del país y de su comunidad. Pero, para su debida ejecución no alcanza con la inteligencia, compromisos y conocimientos de quienes los preparen, porque es indispensable también que el mismo pueblo reconozca la importancia de esa acción, valorice sus propuestas y se integre en los distintos roles que requiere la construcción mancomunada de una nueva realidad política, económica y social que comprenda a todos los sectores populares. La invariabilidad de las categorías filosóficas, sociales, y constitucionales, es una idea ya hace mucho sobrepasada. Presento estas bases esenciales para debatir el nuevo Proyecto Nacional del País de los Argentinos, y sostengo la imperiosa necesidad de definir el procedimiento y la metodología para lograrlo, sus tiempos, las asambleas, cómo se evaluarán todas las opiniones, a fin de plasmar el Proyecto Nacional que debe ser la esencia de una nueva Constitución Nacional acorde a nuestra realidad del siglo XXI. Después llegará el tiempo de la expresión parlamentaria, sobre la oportunidad, necesidad y contenido de la nueva Constitución.        

Una nueva Constitución Emancipadora para el País de los Argentinos. Que coadyuve a realizar la Justicia Social, el fin natural de la comunidad y que la Constitución debe estructurar, para que todos y cada uno de sus miembros puedan perfeccionarse integralmente conforme a la dignidad humana. Para lo cual será indispensable la unidad y organización de los sectores nacionales y populares. Su indestructible alianza será el camino seguro para lograr tan alto objetivo.

¡Por el fin de la marginación y la pobreza! ¡Por la señal de la Patria!

 

* Constitucionalista, presidente del Instituto Arturo E. Sampay.