Desde hace varios años se ha instalado la idea de que existe una deliberada política oficial para perjudicar el desarrollo de las empresas privadas. Análisis sobre la intervención nociva de ministros y secretarios en el funcionamiento de la economía se reiteran con fervor militante. Economistas del establishment insisten con apelaciones a la ausencia de un amigable clima de negocio. Dirigentes de cámaras empresarias advierten sobre lo que consideran inseguridad jurídica que aleja inversiones. Todas esas observaciones críticas describen un escenario negativo para el mundo empresario, que derivan en lamentos sobre la dificultad que enfrenta el sector privado para expandir sus potencialidades de crecimiento. En un momento se llegó a especular que esa reacción estaba motivada en resistencias políticas o prejuicios ideológicos. En otra instancia, en presiones sectoriales para obtener algún tipo de beneficio impositivo o facilidades de financiamiento.