Peor, imposible. Los ajustes y las medidas de sangre, sudor y lágrimas tomadas por diversos gobiernos del Viejo Continente para revertir una de las peores crisis económicas de los últimos tiempos, están teniendo un dramático "efecto colateral": en la Unión Europea (UE) nunca hubo tantos desempleados como ahora.

Hay más de 24,5 millones de personas sin trabajo. Con España a la cabeza (tiene un desempleo de 23,6%), la tasa de desocupación de la zona euro alcanzó un nuevo récord histórico al trepar al 10,8% en febrero (un décimo más del 10,7% de enero). Es el nivel más alto desde junio de 1997. Es decir, desde el lanzamiento de la moneda única europea.

El sistema creado en Bretton Woods hace siete décadas está a punto de colapsar. No se trata de un hundimiento abrupto sino de la lenta erosión de su legitimidad y de la capacidad para dirigir los asuntos globales. En su lugar viene pugnando por nacer un nuevo orden cuyos cimientos comenzó a construir la IV Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.

Vivimos un parteaguas, asegura el historiador Paul Kennedy. “Mientras ocurre, son muy pocos los contemporáneos que se dan cuenta de que han entrado en una nueva era”, escribió en un articulo titulado, precisamente, “¿Hemos entrado en una nueva era?” (El País, 3 de noviembre de 2011). El historiador prefiere no abordar los cambios bruscos como las grandes guerras, sino “la lenta acumulación de fuerzas transformadoras, en su mayor parte invisibles, casi siempre impredecibles, que, tarde o temprano, acaban convirtiendo una época en otra distinta”.

Al final de cada día, cuando Melissa Dos Santos sale de su trabajo, vuelve a su casa, un lugar insólito: un diminuto tráiler en un predio para acampar situado al norte de París, donde decenas de personas están viviendo en un lote originariamente pensado como bucólico refugio para veraneantes.

"Crecí en una casa; vivir en un camping no es lo mismo", dijo con pesar Dos Santos, de 21 años. Su sueño de una vida normal en un departamento con su novio se evaporó cuando ambos aceptaron empleos con salario mínimo después de meses de buscar infructuosamente un empleo mejor pago.

Es posible que la prolongada euro-crisis se esté enfriando. Pero la penuria que ha dejado está empujando a una marea creciente de trabajadores a situaciones de apremio, tanto en Francia como en toda la Unión Europea (UE). Hoy, cientos de miles de personas viven en campings, en vehículos y en habitaciones de hotel baratas. Millones comparten el espacio habitacional con familiares, incapaces de afrontar por sí mismos los costos básicos de la vida.

Estas personas constituyen el límite extremo de los trabajadores pobres de Europa: una creciente franja de la población que se escurre de la tan pregonada red de seguridad social.

Muchos, particularmente los jóvenes, están atrapados en los trabajos temporarios o de baja remuneración que están reemplazando a los empleos permanentes destruidos por la recesión. Y tanto los economistas como los funcionarios advierten que la situación empeorará. A medida que los gobiernos responden a la crisis con grandes recortes de los gastos y una mayor flexibilidad laboral, "la población de los pobres que trabajan estallará", dijo Jean Paul Fitoussi, profesor del L'Institut d'Etudes Politiques, de París.

Para la mayoría de los europeos, y especialmente para los franceses, esto no debería estar ocurriendo. Con generosas leyes de salario mínimo y uno de los sistemas de bienestar social más fuertes del mundo, los europeos están acostumbrados a pensar que están más protegidos de un fenómeno que asocian más bien con Estados Unidos y otras economías.

Pero el sistema de bienestar social europeo está demostrando no estar bien preparado para lidiar con el constante aumento de personas que trabajan pero que no ganan lo suficiente para arreglárselas.

"Francia es un país rico -dijo Fitoussi-; pero los trabajadores pobres están viviendo en las mismas condiciones que en el siglo XIX. No pueden pagar la calefacción, no pueden pagar la ropa de sus hijos, a veces viven cinco personas en un departamento de nueve metros cuadrados? ¡Aquí en Francia!", exclamó.

En 2010, el 8,2% de los trabajadores de los 17 países de la eurozona estaban viviendo por debajo de la línea de pobreza promedio de la región, unos 10.240 euros o alrededor de 13.500 dólares anuales para un trabajador adulto soltero. El porcentaje en 2006 era del 7,3% de los trabajadores.

A Francia le va un poco mejor que a la mayoría, con un porcentaje de trabajadores por debajo de la línea de pobreza del 6,6%, pero tal vez en ninguna otra parte el fenómeno sea tan alarmante. Aunque el país parece exudar prosperidad, el número de trabajadores pobres ha crecido desde el 6,1% en 2006, y los expertos dicen que seguirá aumentando.

En Francia, la mitad de los trabajadores ganan menos de 25.000 dólares anuales. El salario mensual promedio es de 2199 dólares, el 26% por encima del promedio en toda la UE. Pero el alto costo de la vida y la dificultad que mucha gente tiene para conseguir viviendas dejan cada vez más gente en la calle.

Jimmy Collin, el novio de Dos Santos, un graduado de la escuela secundaria con entrenamiento técnico, buscó trabajo durante más de seis meses antes de firmar un contrato de salario mínimo, de 1800 dólares, limpiando las calles. Dos Santos, que también tiene estudios secundarios, aceptó un empleo en Carrefour después de que le resultó imposible conseguir empleo en otro lado.

En los campings franceses hoy viven alrededor de 120.000 personas. Muchos tienen contratos temporarios, un recurso que los empleadores usan cada vez más para reemplazar los empleos permanentes, que implican beneficios y medidas de protección laboral que los empleadores no quieren asumir. El trabajo contratado ha aumentado en los últimos años, y está destinado a seguir aumentando ya que los políticos, en Francia y en otras partes, alientan su uso como medio de reducir el desempleo. Pero numerosos estudios recientes advierten que esos contratos pueden aumentar también la pobreza de los trabajadores.

La sociedad civil se organiza para controlar a los Estados y a las empresas. Esa vigilancia también se da en Latinoamérica. Aquí nos referiremos a las últimas noticias que nos trae una organización que aboga por la justicia tributaria, la Tax Justice Network (TJN).

Tax Justice Network publicó la semana un documento sobre el Foro Global sobre Transparencia Tributaria de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Si en los últimos años hubo un grado de nerviosismo entre los defraudadores de impuestos fue por las acciones determinadas de las administraciones tributarias, la aplicación de la ley y las agencias de inteligencia en unos pocos países, como EE UU, Australia, Alemania, India, Argentina y otros que siguieron sus
ejemplos. En todas estas situaciones, los tratados bilaterales de intercambio de información tributaria y la OCDE apenas ayudaron a la obtención de pruebas de mala conducta, pero no en su descubrimiento".

Aquí el discurso del presidente José Mujica en el acto público de reconocimiento de responsabilidad nacional del Estado:

"Hemos convocado este acto público en cumplimiento de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencia del 24 de febrero de 2011 en el caso Gelman - Uruguay. De acuerdo al mencionado fallo del orden jurisdiccional del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos, el Estado debe realizar en el plazo de un año un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso.

Así pues, comparezco entonces ante ustedes, en representación del Estado uruguayo en el carácter de Presidente de la República, Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de la República Oriental del Uruguay y mando superior de las Fuerzas Armadas de este país.

El proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (Bcra) enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) apunta a modificar de raíz la lógica de organización del sistema financiero que tuvo su punto de partida con la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz en 1976 y su consolidación bajo el menemismo con la Carta Orgánica de 1992, cuyo mentor fuera Domingo Cavallo. La casi segura aprobación del texto enviado significará el final del predominio del cuerpo de ideas que está detrás del dispositivo normativo a modificarse, cuyos puntos centrales son:

1. El paradigma teórico de la “antirrepresión financiera” que suponía que los problemas del desarrollo de los países periféricos se debían a la orientación del crédito, la promoción de los préstamos para inversión por vía estatal, la existencia de regulaciones cuantitativas, la insuficiencia de oferta de crédito por las regulaciones de la tasa de interés y el otorgamiento de redescuentos para estos financiamientos. La historia probó que este enfoque, esencial en el paradigma neoliberal, no resolvió los problemas que había presumido atacar. Los empeoró gravemente.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central propuesta por el Gobierno no sólo responde a una necesidad coyuntural, cuyo objetivo es el de darle una mayor flexibilidad a la política del Banco, como ocurre en otros lados, incluso en los Estados Unidos, de modo que intervenga en la política económica del Gobierno y abandone su rol pasivo de limitarse a servir de respaldo a las variaciones del dólar. En realidad, forma parte de un proceso histórico en el que deberíamos detenernos para entender mejor qué significa la supresión de su grado de autonomía frente al gobierno nacional. Para ello es necesario señalar la vinculación entre el sistema monetario y financiero, antes todavía de la creación de BCRA y después, y las políticas económicas vigentes en cada período histórico.

En primer lugar, debemos remarcar que existe una notoria similitud entre las políticas económicas del período agroexportador, sobre todo entre 1880 y 1914, y las de la década de 1990, cuando se implementan las reformas en el BCRA. Durante la etapa en la que predomina el esquema agroexportador, la política monetaria era pasiva y se caracterizaba por el fuerte ingreso de capitales (sobre todo por medio de un endeudamiento creciente) y por el montaje y desarrollo de una estructura agropecuaria sustentada en las exportaciones, con un mercado mundial que necesitaba los productos argentinos. El país, a su vez, debía proveerse de bienes industriales pero también contar con un superávit comercial suficiente para cancelar el servicio de su deuda, lo cual no siempre resultaba posible.

La semana pasada estuvo Mercedes Marcó del Pont en el Congreso presentando la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Contrariamente a lo que se quiso instalar –esto de que sólo informaría y se retiraría-, la titular del BCRA presentó el informe y se quedó tres horas y media contestando preguntas. Esto no quiere decir que las respuestas hayan dejado a todos satisfechos, porque eso ya depende de la ideología y los posicionamientos políticos de sus interlocutores, pero fue muy interesante que así sucediera.

Desde mi punto de vista en el proyecto hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el espíritu de nuestra Ley de Servicios Financieros. Incluso se han aceptado aportes nuestros que fueron agregados, como por ejemplo que dentro de las obligaciones del directorio se puedan establecer políticas diferenciadas orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales.

En el momento en que Vladímir Putin iniciaba su primer mandato como presidente de Rusia, a principios de 2000, muchos analistas se lamentaban de la desaparición de la sociedad civil rusa. A finales de 2011, cuando Putin se prepara para un tercer mandato presidencial, los mismos analistas se han visto sorprendidos por el resurgimiento de protestas ciudadanas. Con una narrativa expresada en términos de éxito y fracaso, dependiente de un vocabulario normativo y conceptos analíticos estáticos, no se puede dar sentido a esa evolución. Una narrativa más coherente, como la que se trata de presentar en este artículo, debe echar mano de conceptualizaciones sobre las interacciones, en las que los ciudadanos y el Estado son vistos como mutuamente
constituyentes a través de una serie de imbricaciones sociales y políticas complejas. Una narrativa así, además, no debe partir del año 2000, sino retrotraerse más allá en la historia, dilucidando la evolución en los últimos veinte años tanto del Estado soviético y postsoviético como de la propia sociedad. De esta manera, el declinar de la sociedad civil en los años noventa puede entenderse, entonces, como paralelo a la desintegración
de las instituciones donde interactuaban el Estado y la sociedad, y el resurgir del activismo cívico en años recientes como correspondiente a la consolidación del autoritarismo.

Rusia se enorgullece de su posición entre las potencias emergentes, de la poderosa palanca que le ofrecen sus amplios recursos energéticos y su potencial nuclear para influir en el mundo y ser siempre tenida en cuenta. Sin embargo, crece la percepción dentro del país que la estagnación se ha convertido en la característica dominante de la etapa actual. Averiguar cómo se ha llegado a esta situación es el objeto de este artículo que repasará la evolución seguida por los procesos internos de Rusia en sus dos periodos más definitorios, el liderazgo de Yeltsin y el de Putin, desarrollado éste bajo otras formas por la efímera presidencia de Medvédev. Durante los ocho años de mandato de Borís Yeltsin, el estado de crisis, latente o abierta, acaba convirtiéndose en la forma de ser del proceso político en Rusia. Con la llegada de Putin, en cambio, la estabilidad y el control del Estado se imponen, al calor de un crecimiento económico, y se convierten en un valor en sí mismo, lejos del discurso democratizador de los primeros años.