Debate - Crisis ¿qué soluciones?

Realidad Económica 185 [i]El 30 de enero de 2002 el IADE inició una serie de debates sobre la actualidad argentina en el Teatro del Pueblo, que -como es habitual- continuará a lo largo del año.[/i] [i]En esa oportunidad los panelistas aportaron valiosas opiniones acerca de la grave situación por la que atraviesa el país. Realidad Económica publica las exposiciones* de Guillermo Vitelli, Guillermo Gigliani y Floreal Gorini, con la intención de instalar una discusión permanente que contribuya a construir un modelo social y económico a partir de la justicia distributiva y el respeto a los derechos populares[/i]

Diagnóstico y prescripción
Guillermo Vitelli **

Hablar de la solución de la crisis lleva a un pensamiento casi médico. Las políticas que se proponen resolverla son referidas en cinco minutos, después de haber hecho un diagnóstico que tarda cuatro años. Lo más relevante es el diagnóstico, y a partir de ahí el médico define qué hacer. La prescripción nace del diagnóstico.
La Argentina, desde 1950 hasta hoy, tuvo un crecimiento inferior al de las naciones exitosas, pero muy inferior también respecto a países limítrofes, de desarrollo semejante. Y cuando analizamos la información empírica, los datos del producto bruto, nos encontramos con que ese menor crecimiento no ocurre paulatinamente en el tiempo, sino en momentos muy precisos. Los planes de estabilización, en el momento de su lanzamiento y en el momento de su ruptura, generaron siempre una retracción en la actividad económica, una recesión y un alejamiento respecto del sendero que seguían los países más exitosos.

Hoy, en la quiebra de la convertibilidad, estamos transitando un rezago nuevo frente a los países vecinos y exitosos. Y a esto nos tendremos que sujetar los próximos años: vamos a estar empobrecidos en relación con los demás. La convertibilidad la podemos inscribir perfectamente en este plano histórico, que lleva medio siglo. Una lección no aprendida todavía.

En segundo lugar, los planes de estabilización que se basaron sobre la atracción de capitales líquidos especulativos, a partir del movimiento de los precios, tasas de interés internas superiores a las externas, quebraron todos de la misma manera. Con la estabilidad cambiaria, la Argentina daba una renta especulativa mayor a los capitales que llegaban que la que obtenían en el exterior, más componentes como la reducción salarial en relación con los otros precios. Por eso una devaluación cambiaria marca el inicio de una ruptura.

En tercer término, el ministro -o la autoridad de economía- no puede pensar un nuevo plan, sino que tiene que abocarse al desarmado del viejo. Hoy estamos transitando la ruptura del viejo plan y allí no se define un plan nuevo.

El cuarto punto básico, que quizás es un tema para sicólogos, es que la Argentina entró a una perversión: odia, o le parece maldita, la emisión monetaria. Exagerando un poco, podemos decir que si un economista habla de emisión monetaria en la Argentina, metafóricamente le pueden sacar hasta el título porque estaría planteando una aberración. Aun con el actual esquema de desmonetización, parece que es horrible si monetizamos el déficit, porque llegamos a la hiperinflación. Es un comentario permanente. La Argentina vive en una situación de rechazo a la emisión monetaria y esto define o restringe libertades a la política económica.

Ese es el primer bloque de temas, que marca la coyuntura actual desde la historia. El segundo es la convertibilidad y el proceso de privatizaciones. Al respecto, se puede decir que todos los males del presente son producto de la política aplicada en los '90. Si ahondamos sobre este hecho, vamos a encontrar que todos los elementos de la economía corroboran esta afirmación.

Hay un hecho genérico. Durante los '90 se violaron principios básicos de la teoría económica, que se enseñan en la escuela secundaria, y así nos fue. Si hubiera ocurrido con algún médico moría una persona, pero acá se mataron a muchos más. La pregunta es ¿por qué los economistas nos quedamos callados mucho tiempo durante todo este proceso? Es cierto que algunos se silenciaron porque ganaban plata, pero también hubo un proceso de censura terrible y de miedo a hablar.

El segundo tema de este bloque es que se marginaron estudios previos a la convertibilidad (en particular de autores brasileños, como el de Gustavo Franco, de 1998, que está en las bibliotecas del Ministerio de Economía y del Banco Central), que demostraban la inviabilidad de la aplicación de la convertibilidad en la Argentina.

Ahora podemos analizar lo que pasó durante los '90 en los sectores monetario, fiscal y productivo-laboral, a partir del cruce con los determinantes externos.

El primer hecho que determinó la convertibilidad fue la desmonetización de la economía argentina, desde 1995, o aún antes. Y eso fue producto de ligar la emisión monetaria con una sola fuente, que era la del sector externo. Sólo se autorizó la emisión vinculada con el ingreso de divisas o de las diferencias entre exportaciones e importaciones, y no por factores internos propios de las necesidades del sistema productivo, como son las otras dos fuentes de emisión.

Se eliminó la posibilidad de emisión monetaria desde las necesidades del Tesoro (las cuentas fiscales son expresión del nivel de actividad interna) y se impidió también la emisión ligada con el sistema bancario (se eliminó la posibilidad de que el Banco Central actuara como prestamista de última instancia, que es el primer párrafo de cualquier manual introductorio de teoría monetaria).

Uno de los hechos más dramáticos que se viven hoy es que nadie puede rescatar a los depositantes. Una tarea fundamental es volver a los esquemas tradicionales de emisión monetaria: ningún país del mundo se desligó de ese concepto.

Por esta pérdida de las fuentes de emisión monetaria desde lo fiscal y desde lo bancario, que privilegió sólo la fuente de emisión externa, para tener moneda y que pudiera conformarse la base monetaria, hubo que premiar a los capitales líquidos. La Argentina se monetizó pagando a los capitales especulativos para que ingresaran.

La formulita era muy simple: las tasas de interés internas tenían que ser superiores a las externas. Además, el tipo de cambio debía ser estable para concretar esa diferencia de tasas.

Luego, para otorgar un premio al capital especulativo se formaron dos cadenas perversas. Primero, para que el tipo de cambio fuera estable, la inflación interna tenía que ser igual a la externa y haber inflación cero o deflación. ¿Cómo se logra inflación cero desde la teoría económica?: el desempleo debe ser muy alto, no tiene que haber presión sobre los precios desde los salarios. Así, el desempleo es funcional al otorgamiento de renta especulativa.

Segunda cadena perversa: se debían ligar los precios internos a los externos, para lo cual se abrió el mercado a la importación. La apertura comercial -generadora de desindustrialización- también fue funcional a la estabilidad del tipo de cambio, porque era funcional a la estabilidad de precios.

Por cierto, no podemos seguir operando con esas dos cadenas perversas, el desempleo y la desindustrialización, como funcionales al otorgamiento de rentas especulativas.

El tercer punto es que en la Argentina creímos que podíamos emitir dólares (argendólares), cuando eso es imposible. Entonces, el Banco Central dejó de ser el prestamista de última instancia porque no podía serlo de una moneda que no emitía. El corralito de hoy se comenzó a construir en marzo de 1991, cuando se votó la ley de la convertibilidad.

Ahora bien, como no se podía emitir, ni siquiera por déficits circunstanciales del Tesoro, el sistema generó el dominio de los bancos, que con la masa monetaria en sus arcas eran los que le prestaban al estado como única forma de cubrir sus desequilibrios fiscales.

Hoy de los 140 mil millones de dólares de deuda pública, 58 mil son los títulos que tienen los bancos locales por esta bicicleta, trampa o artilugio de la política económica. Mucho más que el valor de la pampa húmeda, que es de 28 mil millones de dólares. Los bancos amasaron una cartera de créditos mayor al valor de la pampa húmeda.

Producto de esta locura es la desmonetización, la recesión, el desempleo, el endeudamiento, la incapacidad de retiro de los depósitos, el dominio de los bancos y la vulnerabilidad externa. Porque si estamos dependiendo de lo externo, obviamente cualquier hecho que se genera en el exterior nos va a afectar.

Luego, como el sistema de convertibilidad no permite déficits fiscales, se generó endeudamiento. La bola era permanente y tenía que explotar. Los economistas que plantean el problema desde el neoliberalismo dicen que lo que motivó el fracaso fue la persistencia del déficit fiscal, el exceso de gastos por encima de los ingresos. La verdad es que el problema de la convertibilidad es que no soportaba déficits fiscales porque no tenía instrumentos para solventarlos sin llegar al endeudamiento.

Lo absurdo es que la Argentina perdió el instrumento económico central, que hasta la Unión Europea utiliza, cuando admiten que el déficit puede ser de 3 % del producto, porque es el esquema de monetización que las economías europeas necesitan para aceitar todo el aparato. Y el presidente de Estados Unidos, George Bush, planteó que de la recesión se iba a salir con déficit fiscal y con gasto.

El segundo elemento básico de lo fiscal es que la Argentina perdió recursos que entregó, regaló, como fue el caso de las AFJP. Si el estado pierde ingresos y los gastos siguen iguales tiene que ir a buscar plata afuera.
¿Quién se la presta?: las AFJP. Así, la partida de gastos en intereses de la deuda aumentó de 2 mil millones de dólares en 1993 a 9.500 millones en el 2000.

Por último, queda el tema del sector productivo. Con el esquema de las privatizaciones, la Argentina perdió un instrumento de política industrial. Las empresas públicas fueron siempre, en la lógica del crecimiento, un instrumento central de desarrollo y fortalecimiento de las inversiones. La pérdida de las empresas públicas como instrumento de compre nacional es un tema central de los '90.

Otro tema es la ley minera, que entregó el recurso a quien lo viniera a explotar, sin exigencia de liquidación de divisas. Sólo se paga el canon de 3 % para las provincias. Se imputa el valor de la piedra que sale como exportación, pero como no había obligación de liquidar divisas, generamos argendólares y exportaciones virtuales. Y lo que va a quedar de La Alumbrera en la Argentina dentro de unos años va a ser un gran hoyo en la montaña y nada más.

En cuanto a las fuentes de crecimiento, según la política económica, son cinco: 1. el crecimiento de la población, descartado para la Argentina como factor de corto plazo. 2. El desarrollo tecnológico. En Estados Unidos el 66 % de la tasa de crecimiento hasta los '60 era explicado por el desarrollo tecnológico. Nada de eso se puede esperar en la Argentina. 3. Incorporación de recursos naturales: durante los '90 el país perdió el petróleo, la minería, la pesca y ya no hay posibilidad de incorporar nuevos recursos naturales. 4. Ayuda externa.

De eso, mejor ni hablar, 5. desarrollo del mercado interno. Es el único factor de crecimiento que quedaría como posible, pero hay que desmembrar todo el aparato anterior.

Soluciones de emergencia
Guillermo Gigliani ***

Las propuestas que voy a exponer son las que venimos discutiendo un grupo de economistas que nos reunimos el 9 de enero (Luis Becerra, Alberto Bonnet, Alfonso Florido, Guillermo Gigliani, Claudio Katz, Jorge Marchini y Alberto Teszkiewicz), convencidos de que la crisis del capitalismo argentino había tocado fondo y de que existe el riesgo de que continúe precipitándose, y era la ocasión para quienes desde una perspectiva socialista, o por lo menos crítica al capitalismo, nos pusiéramos a pensar sobre la crisis, y sobre todo en torno de soluciones de emergencia.

No voy a abundar en caracterizar esta crisis, que hunde la producción, lleva la tasa de desempleo al 22 %, ha determinado que se escaparan en un año 20 mil millones de dólares (y en un día mil millones), pulverizado la producción y las transacciones de todo tipo, destruido la moneda y el sistema bancario y arrojado a millones de argentinos a la miseria más abyecta, a punto tal que nuevamente miles y miles de personas han debido lanzarse sobre supermercados y almacenes para poder comer.

Esa es la crisis actual, caracterizada por el levantamiento de trabajadores de clase media y de desocupados, cuya expresión más importante fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre, en las cuales la gente en la calle peleó, se enfrentó a la policía, ocupó los espacios políticos más importantes de la Argentina, la Plaza de Mayo y la Plaza del Congreso, enfrentó una represión que arrojó 30 muertos y que se ha repetido en la reiteración de cacerolazos semana a semana y día a día en Buenos Aires y en todas las ciudades del país.

Ese levantamiento popular que expulsó a un presidente (determinó directamente el derrocamiento y huida de De la Rúa), que desató un ida y vuelta de presidentes interinos, determinó al mismo tiempo la ruptura de la convertibilidad y de diez años de locura neoconservadora. Expulsó además de la Argentina a un representante directo del Fondo Monetario Internacional que estaba incrustado en el Palacio de Hacienda, y tiene como uno de sus reclamos centrales el reclamo de los cacerolazos de las clases medias empobrecidas.

A lo largo de una década, las clases medias se han visto achicadas ferozmente. Hace pocos años, el 60 % de la población pertenecía a los estratos medios, hoy solamente el 40 %: un 20 % cayó a los estratos bajos. A esas clases medias, Cavallo, De la Rúa y ahora Duhalde le quisieron y le quieren confiscar sus depósitos en moneda dura y darle en vez de sus ahorros, papel mojado, con diversas opciones de devaluación. Ese es un punto que no pudieron solucionar De la Rúa y Cavallo y que tiene que resolver el gobierno de Duhalde.

Como parte del problema de la recomposición del capitalismo y de la necesidad de ajustar y acordar con los acreedores para restablecer el sistema de producción, hay en curso una expropiación a las clases medias. Una expropiación de carácter jurídico, que voy a distinguir de la expropiación propia del capitalismo -sobre todo el capitalismo dependiente, neoliberal, periférico- que es la expropiación económica que hemos tenido a lo largo de diez años, que es una expropiación extraordinaria del salario real. Acá está en juego una expropiación jurídica y política: un decreto que dice que al que depositó 100 le van a dar 50, una expropiación del 50 por ciento.

En cuanto a las propuestas elaboradas por el grupo reunido el 9 de enero pasado en la Facultad de Ciencias Económicas frente a la dramática situación actual, como punto de partida de una discusión mucho más amplia, son las siguientes:

1) Establecer un inmediato seguro de desempleo de 500 pesos, mientras se reduce la jornada laboral, se reparten las horas de trabajo existentes y se contratan nuevos empleados. Esta medida junto con la fijación de un salario mínimo y universal de 600 pesos permitiría comenzar a recomponer el poder adquisitivo, en la perspectiva de alcanzar a la brevedad un piso salarial equivalente al costo de la canasta familiar, de 1.030 pesos. Además, las jubilaciones mínimas deben ser elevadas a 450 pesos y este monto debe alcanzar también a todas las personas mayores de edad que carecen de cobertura de la seguridad social.

Para la financiación de estas medidas proponemos recaudar fondos vía suspensión total del pago de la deuda externa; el establecimiento de impuestos inmediatos a las grandes fortunas y la restauración de los aportes previsionales. En materia impositiva se puede establecer un gravamen equivalente al 10 % de los activos de las cien empresas de mayor facturación, otro 5 % a las compañías con ventas superiores a 5 millones de pesos y una imposición especial a las ganancias obtenidas por los rentistas. En los casos necesarios, y para impedir elusiones, el impuesto sobre los activos debe ser sustituido por un suplemento extraordinario a las ganancias o a las ventas de las empresas.

Estos gravámenes permitirían recaudar 20 mil millones de pesos. Asimismo, debería establecerse una tasa de 30 % sobre el capital radicado en el exterior que no tenga carácter de inversión directa, afectándose los bienes registrados en el país para el cumplimiento de esta obligación.

También pensamos que la inmediata eliminación de las AFJP y el establecimiento de un sistema único de jubilaciones solidarias sobre la base de la restauración de los aportes patronales facilitará la recuperación de 4 mil millones de pesos anuales para el fisco.

2) Las entidades financieras, que han sido el canal para la fuga de más de 20 mil millones de dólares en 2001 deben ser conminadas a la devolución de los depósitos mediante el cobro anticipado del crédito a las grandes empresas, con aportes suministrados por las casas matrices e incluso con capital propio. Si las entidades extranjeras optan por irse del país, habría que proceder a la inmediata confiscación de todos sus activos.

3) Frente a la licuación de pasivos iniciada por la devaluación, en favor de los grupos económicos con los que el presidente Duhalde plantea su nueva alianza productiva, proponemos que los industriales reciban el mismo trato que los banqueros por las deudas que mantienen con los bancos. Es decir, que respondan con su patrimonio, sus inversiones en el exterior, sus fortunas personales y sus testaferros. Si la empresa amenaza con cierres y despidos, debe ser nacionalizada e incorporada a un nuevo sector público de propiedad colectiva y gestión democrática bajo control de los trabajadores y el pueblo, basada sobre claras prioridades de inversión, ahorro y consumo democráticamente discutidos y aprobados por la población.

4) La suspensión de pagos de la deuda debe ser complementada con el abandono de todas las negociaciones con el FMI, el desconocimiento definitivo de todos los pasivos fraudulentos, la renegociación de líneas de crédito vinculadas con transacciones comerciales prioritarias y el establecimiento de un sistema futuro de pagos acotado a los pequeños tenedores nacionales de títulos.

5) El desconocimiento de la deuda permitiría una reformulación total del presupuesto 2002, que debería ser debatido por la población y sin ninguna supervisión de técnicos del FMI. Pensamos que cualquier plan fiscal debería adaptarse a los objetivos enunciados anteriormente: aumento salarial y seguro al desocupado financiado con el no pago de la deuda y los impuestos al gran capital.

6) Un programa de emergencia que represente los intereses de los trabajadores debería propiciar la reestatización de las empresas privatizadas sin ningún tipo de indemnización, a fin de remodelar por completo su funcionamiento al servicio del país, abaratando las tarifas, asegurando la inversión y reciclando las ganancias y la renta dentro del circuito productivo nacional.

7) También se debería asegurar un manejo centralizado del comercio exterior y el control de cambios. Y resulta imperioso reestructurar las economías regionales sacudidas por la decadencia productiva, la indigencia y la situación generalizada de endeudamiento y asfixia impositiva de los pequeños productores. Asimismo, creemos que debería establecerse una inmediata reducción de las tasas del IVA. Finalmente, los impuestos al capital que se proponen, deben ir de la mano de una reformulación total de la estructura impositiva que, entre otras cosas, erradique la escandalosa evasión de 20 mil millones de dólares al año.

Democracia popular
Floreal Gorini****

Como reflexión inicial frente a la profundización de la crisis, creo que la primera propuesta debe ser política. Hay que modificar la Constitución argentina para establecer la democracia popular. Convocar a una Asamblea Constituyente y darnos otra forma de poder. No con menos políticos, sino con más, pero no profesionales con altos sueldos, jubilaciones de privilegio, con autos, pasajes aéreos en cantidad y asesores sin límite. Se trata de que accedan políticos de la democracia participativa, vecinos, ciudadanos, que deben aceptar como carga pública las funciones si se proponen para ello y la ciudadanía los elige. A lo sumo recibirán el importe del ingreso que tienen en su trabajo habitual si es que la función les obliga a dejar ese trabajo, y esto aún con un límite que sería el del salario promedio, pero no políticos con altos sueldos, con autos, asesores y viajes pagos.
Hay que revalorizar otras instancias. Por ejemplo, el vecino en un consejo vecinal que administre y controle al hospital de su barrio; o que participe en los consejos escolares locales. Hay que establecer las comunas, subdividiendo los territorios políticos en pequeños distritos con administraciones, no para tener sueldos ni jubilaciones de privilegio, sino como una obligación social.

Tenemos que terminar con la cultura asentada sobre la idea de un hombre fuerte que maneje el país. Eso viene de la tradición religiosa. A partir de los sistemas monoteístas, Dios lo hizo todo. Después, la teoría del individualismo reforzó esta concepción. Se dice que Napoleón hizo la revolución francesa y la trasladó por el mundo; que San Martín liberó la Argentina y que Perón implantó la justicia social. Se repite que San Martín, Yrigoyen y Perón hicieron la Argentina. ¿Y los trabajadores que construyeron esta ciudad? ¿Y los inmigrantes, que abrieron negocios, pequeñas industrias?. El país lo construyó el pueblo y el pueblo lo tiene que gobernar.

Tenemos que terminar con la democracia de representantes, que era para la época de los analfabetos, con distancias de kilómetros que no se podían cubrir en una hora como se cubren hoy. Recordemos que la declaración de los derechos del hombre de la Revolución Francesa termina diciendo que cada diez años hay que llamar a reformar la constitución, porque ninguna generación tiene derecho a imponerle sus hábitos, costumbres y métodos de vida a las generaciones futuras.

La actualización de la Constitución debe ser permanente porque cambian las relaciones sociales. El dogmatismo es lo que ha matado la posibilidad de desarrollo del socialismo, creer que había una sola forma de arte, de hábitos culturales, de relaciones sociales, de gestión de empresas. Los jóvenes tienen otros gustos, se producen diferencias generacionales y hay que asimilarlas y respetarlas. En esa Convención debemos plantear una transformación política. Hay que salir del régimen presidencialista. Nos toca un autista como De la Rúa y miren lo que pasa. Debemos adoptar un régimen de gobierno parlamentario, con Presidente para los actos formales y con un Primer Ministro que designa y remueve la Cámara de Diputados, eligiéndolo entre sus pares, así como los ministros que propone para acompañarlo en su gestión.

Necesitamos un Primer Ministro que vaya a la Cámara a rendir cuentas y que, en caso necesario, sea destituido sin ningún inconveniente y reemplazado por otro que cumpla la política que se quiera adoptar mayoritariamente. No puede seguir este parlamento porque es un gasto inútil donde las cosas están resueltas de antemano a través de negociaciones de cúpulas. Así la sociedad no participa. Esta es una democracia formal. Es falsa. Es corrupta.

Eso no puede existir más. ¿Cómo se lo va a desterrar? Con la participación. Pero no hay cultura participativa suficiente. Se está ganando ahora en las calles, pero esa movilización no puede servir solamente para que se vayan unos políticos y vengan otros, casi con seguridad los mismos. Para que gobierne el pueblo hay que cambiar los ámbitos. Tiene que haber un consejo de administración para todas las actividades centrales. Las municipales, las de salud, las de educación. Y un consejo económico y social que debata por representación de los distintos sectores, profesionales, trabajadores, Pymes, etc., el proyecto económico y social a considerar por el Parlamento.

Tenemos que impulsar un proyecto político de democracia participativa auténtica. Y para que un proyecto político avance no alcanzan los discursos de los políticos: hay que concientizar al conjunto de la sociedad. Por cierto, existen contradicciones en las relaciones productivas y también en las relaciones sociales. Y las contradicciones se resuelven con el debate y no con el autoritarismo y las falsas conciliaciones que hoy santifican los padres de la Iglesia, como lo hicieron con el genocidio, que no denunciaron.

No podemos ir a sentarnos a mesas de conciliación donde están los industriales capitalistas que ni siquiera fueron capaces de defender su sistema, y que hoy pretenden licuar sus deudas con la pesificación uno a uno. Eso está bien para las pequeñas empresas, pero nunca para las deudas millonarias. Hay que concientizar al pueblo con el discurso, con las asambleas, y plantearse la refundación de la Nación sobre la base de una nueva Constitución que sea ampliamente popular, democrática, participativa, creando muchas instancias de gobierno subdividiendo territorios.

Mientras se avanza en esas reformas, deben prohibirse todas las importaciones de lo que se puede fabricar en el país y sólo manejar las divisas para aquellos insumos necesarios, repuestos de maquinarias, medicamentos, etc. Este gobierno no lo hizo ni lo va hacer porque responde a directivas del FMI, cuyo principio básico es el libre movimiento de mercancías y capitales.

Respecto de las nacionalizaciones, estoy de acuerdo. Pero tenemos que hablar también de la gestión, porque la gestión del estado fue burocrática y mucha gente nos va a decir "¿para qué?, ¿para que los teléfonos y los ferrocarriles sigan como estaban, para que nos sigan robando la plata de las jubilaciones?" Una de las causas del déficit fiscal está en pagar las deudas a los jubilados, porque la plata que estaba se la robó antes el estado.

Por eso hay que impulsar la participación popular. Dar lugar en las empresas a los trabajadores y a los usuarios, lo cual es más complejo que poner un obrero en un directorio. Los consejos de administración de las empresas públicas o reestatizadas tienen que estar integrados por trabajadores, consumidores y por los intermediarios que puedan haber en la gestión. Un gobierno popular requiere gestión social.

Tampoco sirven las grandes empresas monstruo. Hay que descentralizar y emular el trabajo entre ellas y promover la integración sobre la base de un Consejo Coordinador. Hablemos de nacionalización, pero no la que conocimos porque esa fracasó. La gente la rechazó. Tenemos que mostrar que hay otra forma de gestión. Hay que tener voluntad para hacer la transformación.

Paralelamente a esto, debe rebajarse la jornada de trabajo. Si la tecnificación desaloja trabajadores, si la productividad desaloja por vía del crecimiento científico y técnico, no hay un fin del trabajo, hay otra ubicación del trabajo humano. Yo estoy seguro de que en el siglo la jornada se va a reducir a poquísimas horas, pero que simultáneamente habrá trabajo social que realizar.

Ahora bien, el que cree que porque fue una vez a Plaza de Mayo con una cacerola se arregla todo, es demasiado cómodo. Hace falta algo más que fuegos de artificio. Necesitamos continuidad, organización y valores culturales instalados en la conciencia popular. Una cacerola no hace la revolución que necesitamos, aunque haya logrado voltear un Presidente.

Sobre el corralito, no queda otro camino que presionar al gobierno para que lo resuelva. En cuanto a la nacionalización de la banca, hay que evaluarla en profundidad, en tanto la centralización de los depósitos se puede hacer ya. Reitero que las nacionalizaciones no sirven si la manejan los burócratas. Destruyeron el socialismo en la URSS y destruyeron el nacionalismo popular en la Argentina, porque la gente no participó.

Como línea general, debe continuarse con las marchas y asambleas barriales y buscar la coordinación de fuerzas. La gente dice: que se vayan todos. El diputado Busti dice "renunciemos todos y elecciones nuevas en el 2003". Entonces, van a ser elegidos los mismos, porque es imposible que la política se haga si no es en organizaciones. Las llamaremos centros cívicos, de ciudadanos, nuevos partidos pero hay que organizarse.

La propuesta de Asamblea Constituyente es lo más rápido, porque permitirá un debate con nuevas organizaciones. No queremos cosas arregladas, como ocurrió con el Pacto de Olivos. No es una propuesta utópica, está previsto en la Constitución y se convoca con dos tercios del parlamento.

Ese es el punto de partida y no una nueva elección para que vuelvan los mismos. Los dirigentes tienen que salir de las asambleas populares, de los organismos sociales. Con un sistema de representación pura y no con el sistema D'Hont, vamos a tener expresiones de distintos lugares y ahí buscar el acuerdo. Y luego, tener a la Constituyente mientras debate bajo la presión popular, con cacerolazos y movilización cuando se desvíe.

El proyecto tiene que ser revolucionario, pero organizado. El poder popular hay que construirlo. El pueblo despertó, reaccionó y entendió que la democracia representativa no sirve, quiere democracia directa. Eso no quiere decir que vamos a tener un congreso de millones de diputados, quiere decir que el poder lo distribuimos, lo parcelamos.

Las estructuras sociales no se construyen como un edificio diseñado por un arquitecto, son dinámicas, son movimientos y hay situaciones parecidas pero no iguales. Hay que presionar con las luchas populares, con huelgas, piquetazos. Nos van a responder con represión y el pueblo tendrá que estar preparado y luchar.

El pueblo debe saber las consecuencias. Debe mirarse en la dignidad del pueblo cubano. Con la diferencia de que la Argentina es un país autosuficiente en alimentos y energía y Cuba no tiene esa ventaja. Sin embargo se plantó durante 40 años ante un bloqueo. Otro país es posible si primero el pueblo lo quiere ... y se decide a participar y no delegar.

Notas
* Versión para RE de Daniel V. Sosa
** Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y profesor de Economía, Universidad de Lanús
*** Profesor de Economía, Universidades de Buenos Aires y Quilmes
**** Presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

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