Después de que el presidente François Hollande y su ministro de Industria plantearon esta semana la posibilidad de que el Estado francés tome en sus manos una acería de ArcelorMittal –en el marco de un conflicto por los planes de esa trasnacional de cerrar dos altos hornos–, los trabajadores de otra industria, la de astilleros , están reclamando al gobierno que estatice una fábrica.

Vivimos tiempos de crisis. El descalabro económico que la sociedad española viene sufriendo en los últimos cinco años ha terminado afectando seriamente a todos los ámbitos de la vida política, social e institucional de nuestro país. También al servicio público de Justicia y al Poder Judicial. El extraordinario incremento de la litigiosidad como consecuencia de la crisis económica ha embestido como un tsunami en un servicio público (el de Justicia) que, a causa de la tantas veces denunciada dejación de los sucesivos gobiernos de la época democrática, no había acometido todavía la necesaria modernización de sus estructuras, organización, procedimientos y rutinas.

Debido a los desahucios que está viviendo la sociedad europea, reeditamos un artículo de N. Giarracca y M. Teubal publicado en el número 150 de Realidad Económica.

La crisis a la que sometió la desregulación económica a los pequeños y medianos productores agropecuarios dio origen a un singular movimiento de protesta en el medio rural: elde las mujeres, esposas de productores, trabajadoras o jefas de explotación. Este trabajo intenta aproximarse a las cuestiones de su origen, su articulación y la ampliación de sus demandas -primero estrictamente reivindicativas en lo sectorial- hacia reclamos más abarcativos.

Pero también pretende responder a los motivos que dieron lugar a la lucha de estas mujeres; por qué sus acciones, por qué en este momento, porque ellas y no los hombres y, finalmente, por que plantean una cuestión “de género" en su denominación y se insertan en un marco cultural que excede lo agrario y las ubica en la vanguardia de los reclamos sociales.

La crisis económica y social que padece España volvió ayer a mostrar su rostro más duro: por segunda vez en las últimas dos semanas, una persona se suicidó poco antes de ser desalojada de su casa, al no poder afrontar el pago de su hipoteca.

"Los bancos engañan a los pobres como nosotros: viejos, enfermos y sin dinero", dice Pilar Rodríguez, de 78 años, junto a su esposo Aquilino Álvarez, de 82 años. Hace dos semanas estuvieron a un tris de quedarse en la calle, hasta que finalmente pudieron frenar la subasta del departamento que habían comprado en 1971 y terminaron de pagar en 1975.

A Europa y al mundo les conviene que la Unión Europea (UE) se consolide y juegue el papel que le corresponde –entre otras cosas, con el formidable aporte de su cultura– en la construcción de un orden mundial pacífico, seguro, con oportunidades para todos. Para tales fines, la UE confronta tres desafíos principales y concurrentes. Primero, subordinar el sector financiero a la economía real y recuperar la autonomía necesaria de las políticas públicas frente a los criterios de los mercados especulativos. Este es también un requisito de la recuperación de la economía mundial. Segundo, profundizar las normas comunitarias abarcando los lineamientos básicos de las políticas fiscales de los países miembros. Tercero, ahondar la solidaridad aceptando que, como en un Estado nacional, los problemas de sus partes componentes son problemas de todos y, en particular, que las coberturas sociales deben tener respaldo comunitario.

Desde el inicio de la llamada “crisis soberana” en el 2010, el debate sobre la conveniencia o no de que los países de la “periferia” de la eurozona (España, Grecia, Portugal, Italia e Irlanda) abandonen la moneda única europea se ha convertido en una controversia política de creciente actualidad entre diversos sectores de la izquierda política y académica.

Adiós a la complacencia. Hace tan solo unos días, la creencia popular era que Europa finalmente tenía la situación bajo control. El Banco Central Europeo (BCE), al comprometerse a comprar los bonos de los Gobiernos con problemas en caso necesario, había calmado los mercados. Todo lo que los países deudores tenían que hacer, se decía, era aceptar una austeridad mayor y más intensa —la condición para los préstamos de los bancos centrales— y todo iría bien.

Pero los abastecedores de creencias populares olvidaron que había personas afectadas. De repente, España y Grecia se ven sacudidas por huelgas y enormes manifestaciones. Los ciudadanos de estos países están diciendo, en realidad, que han llegado a su límite: cuando el paro es similar al de la Gran Depresión y los otrora trabajadores de clase media se ven obligados a rebuscar en la basura para encontrar comida, la austeridad ya ha ido demasiado lejos. Y esto significa que puede no haber acuerdo después de todo.

Entrevistado en España, el Nobel de Economía del 2001 arremete contra algunos lugares comunes de la doxa económica. “Si una familia recorta su gasto, no hay efecto sobre la sociedad. Si un gobierno recorta, la demanda total caerá y el desempleo subirá”, dice. También asegura que “la austeridad aumenta la desigualdad y por lo tanto la ineficiencia económica”

Observar la actitud de los gobernantes de la Unión Europea (UE) en medio de esta crisis que se afinca y destruye las conquistas sociales que definieron a muchas de las sociedades europeas desde finales de la segunda Guerra Mundial es como ver una interminable película del Gordo y el Flaco, con las torpezas previsibles que se repiten en no importa que contexto, mostrando así que no hay cambios posibles en el guión que los políticos que gobiernan el mundo del actual capitalismo “desarrollado” están llamados a interpretar.

Esta semana Holger Stelzner, editor de la sección económica del diario alemán Frankfurter Allgemeine, puso el dedo en la llaga cuando escribió que frustrados con el fracaso de sus políticas hacia la crisis en la zona euro (ZE), los políticos europeos están ahora escondiéndose detrás del BCE (Banco Central Europeo). Y que cuando a su vez la BCE fracase los políticos deberán reconocer su responsabilidad por haber “aceptado una política de ganar tiempo, pero sin cambiar algunas de las estructuras subyacentes” de la UE.