“Condena al intento de avasallamiento de la independencia del Poder Judicial de la Nación”

Declaración del “Instituto Arturo E. Sampay”

 

El Instituto “Arturo E. Sampay”, en cumplimiento de sus objetivos estatutarios, condena enérgicamente la tentativa de avasallamiento de la independencia del Poder Judicial de la Nación, perpetrada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, al denunciar a los Magistrados intervinientes en la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, por la resolución adoptada disponiendo, por breve término, una medida cautelar tendiente a respetar las decisiones adoptadas en una paritaria celebrada entre la Asociación Bancaria y las entidades patronales de bancos.-

Más allá de la total pertinencia, constitucional, convencional y legal de la decisión adoptada por los Camaristas de la Sala de Feria, se evidencia un severo quiebre de la institucionalidad al pretender amedrentar y disciplinar a los jueces que expresan su saber y el debido resguardo al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional establecido en sus arts. 31, 36 y conc.-

La torpe denuncia emanada del Ministerio de Trabajo exhibe, asimismo, la subordinación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en su actual integración, favorecedor y cómplice con el gobierno de turno, puesto que debió rechazar “in limine” la presentación ministerial, ya que –como es sabido-, el Consejo de la Magistratura no tiene potestades jurisdiccionales ni puede, consecuentemente, revisar sentencias emanadas de los jueces del Poder Judicial de la Nación, o pronunciarse sobre su acierto o error.-

La conducta del Poder Ejecutivo Nacional prosigue la campaña enderezada contra los jueces independientes del Fuero Criminal y Correccional Federal (Dres. Eduardo Freiler, Daniel Rafecas y Carlos Rozanski), que se ejecuta por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, cuya conducta y presumible obrar delictivo se encuentra sometido a investigación, en debido proceso judiciario (Expte. 14.322/2016; “DONATO, ADRIANA Y OTROS S/ ESTAFA, FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, PREVARICATO”).-

Finalmente, señalamos que este nuevo hecho institucional, lesivo del resguardo de la idoneidad, independencia e imparcialidad que debe investir la función judiciaria se acredita como un eslabón más del derrumbe institucional por el que atraviesa la República.-

 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2017.-
 

Jorge Francisco Cholvis
Presidente

Eduardo S. Barcesat
1° Vocal