En un documento, divulgado ayer, día 19, el Foro por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo, compuesto por 45 entidades, evalúa la situación del campo en el 2005 y exige cambios para resolver los problemas del pueblo. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), 37 trabajadores rurales fueron muertos de enero a noviembre de este año, dos asesinatos más que en el 2004.

En Pará tuvo lugar el mayor número de asesinatos, 16 de los 37 registrados. El Estado continúa siendo el más violento en números absolutos. En Mato Grosso fueron registrados cinco asesinatos y en Pernambuco cuatro. "El año 2005 pasa a la historia de la lucha en el campo, como el año en que la reforma agraria no dio ningún paso significativo y en el que la esperanza de los trabajadores fue siendo paulatinamente destruida por la omisión del gobierno", afirma la CPT.

En su documento, el Foro por la Reforma Agraria y Justicia en el Campo destaca que, en el medio rural, estamos asistiendo a la disputa entre dos proyectos de organización de la producción. Por un lado el agronegocio, priorizando las exportaciones, tecnificando las haciendas, desempleando y aumentando sus lucros. Por el otro lado, la agricultura familiar y campesina que es responsable de la producción de los alimentos, del abastecimiento del mercado interno y por el empleo de más del 85% de la mano de obra del campo.

Desgraciadamente, en los últimos tres años, el gobierno representado por la fuerza de los ministerios del área económica, agricultura e industria y comercio, hizo la opción por el agronegocio. La actual política económica es una aliada de las transnacionales y del agronegocio y penaliza cada vez más a la agricultura familiar y campesina. Ésta encuentra apoyo sólo en el debilitado Ministerio de Desarrollo Agrario.

La reforma agraria, como un conjunto de medidas para atacar la concentración de la propiedad de la tierra, valorizar y multiplicar la agricultura familiar y campesina, está paralizada. Se transformó en un simple programa de asentamientos, que están muy por debajo de las promesas del II Plan Nacional de Reforma Agraria.

Según el documento, el aumento de recursos para el PRONAF (Programa Nacional de Agricultura Familiar), la vuelta del concurso público para el INCRA y los nuevos acuerdos para la asistencia técnica, son insuficientes para atender las necesidades e influir de hecho en los cambios del campo. "El Gobierno no honró los compromisos asumidos con los trabajadores y trabajadoras rurales en las diversas manifestaciones, como por ejemplo en la Marcha Nacional, del Grito de la Tierra y Jornada de la Agricultura Familiar, entre otras. Ejemplo de ello es la no publicación del Decreto Interministerial que actualiza los índices de productividad, punto prioritario de las pautas de reivindicaciones de todos los movimientos y medida que depende, exclusivamente, del Poder Ejecutivo. Consecuentemente, permanecen acampadas a la vera de los caminos más de 140 mil familias, a despecho de las promesas de promover el asentamiento prioritario de estas familias, y no dio crédito suficiente a los asentados".

Si el gobierno quiere estar al lado de los pobres del campo, necesita tomar inmediatamente las siguientes medidas: asentar, en el menor tiempo posible, a todas las familias que están acampadas y pasando todo tipo de necesidades; publicar el decreto que actualiza los índices de productividad a efecto de expropiación; cambiar la política económica, alterando las tasas de intereses, eliminando el superávit primario y adoptando como prioridad inversiones que generen empleos, distribución de la renta y fortalecimiento del mercado interno; y tratar la reforma agraria como prioridad, adoptando un conjunto de medidas que lleven, de hecho, a la democratización de la propiedad de la tierra y al fortalecimiento del INCRA como órgano ejecutor de esta reforma.

Además, el Foro insta al gobierno a aplicar la ley que exige el rotulado de todos los productos que contienen transgénicos, tomando medidas drásticas de combate del contrabando de semillas de maíz transgénico y garantizando la representación de la sociedad y de los movimientos campesinos en la composición de la CTNBio; abrir un amplio debate nacional, inclusive con la realización de plebiscito, sobre la revitalización del Río São Francisco y el proyecto de transposición, conforme compromiso asumido con Don Luiz Cappio; y tomar medidas urgentes en defensa de la biodiversidad de la Amazonia y de las fuentes y reservas de agua potable del país, evitando la privatización y el control por empresas transnacionales; reviendo los proyectos de implantación de polos siderúrgicos en plena Amazonia (como en Marabá, Belo Monte-PA, Açailandia y São Luis-MA), que atienden sólo a los intereses del capital extranjero; impidiendo la propagación de la monocultura de soja en la Amazonia. Todos estos proyectos traen serios perjuicios al medio ambiente y a las poblaciones locales.

Solicita además asumir una política de defensa de la agroecología y posición contra la utilización de semilla "terminator" (semilla transgénica con gen que se vuelve estéril), votar a favor del rotulado de los transgénicos en el comercio internacional en la próxima Conferencia Internacional sobre el Protocolo de Cartagena, a ser realizada en Curitiba, a fines de marzo de 2006, parar de financiar, vía BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), la implantación de industrias de celulosa y la siembra de florestas homogéneas de eucalipto que traen serios perjuicios al medio ambiente, liberar más recursos y aumentar los equipos para fiscalización del trabajo esclavo y de superexplotación a la que están sometidos los trabajadores, de modo especial los cortadores de caña en todo el país.

El Foro quiere también que el gobierno se empeñe para que el Congreso apruebe el Proyecto de Enmienda Constitucional que expropia haciendas que utilizan mano de obra esclava; tenga en cuenta las sugerencias del movimiento campesino y reevalúe toda la maraña jurídica montada por el Ministerio de Agricultura contra los agricultores familiares y campesinos; implemente, inmediatamente, el FUNDEB (Fondo de Educación Básica) y amplíe el número de vacantes en todas las universidades públicas, destinando más recursos públicos para la enseñanza pública, garantizando el derecho a la educación de la población brasilera; amplíe los recursos para el PRONERA (Programa Nacional de Educación de la Reforma Agraria), dando condiciones de acceso a la educación a toda la población rural; honre los compromisos de campaña de duplicar el poder adquisitivo del salario mínimo, como medida de distribución de renta a los más pobres, generando así más empleo y demanda para productos alimenticios.

Traducción: Daniel Barrantes