Si del ámbito latinoamericano se trata, no hay dudas, Bolivia es el país de las paradojas: tiene inmensas riquezas naturales pero es el más paupérrimo de Sudamérica; aunque posee 53 trillones de pies cúbicos de gas natural la mayoría de su población, 70% de la cual es pobre, cocina con leña; sus hidrocarburos fueron "nacionalizados" en 1937 y 1969, pero desde 1996 es el paraíso de una decena de corporaciones transnacionales de Europa, Estados Unidos y Asia -algunas coaligadas con compañías argentinas y con la estatal brasileña PetroBras- que operan en exclusiva su prospección, extracción y comercialización.

De acuerdo con lo anterior, la lógica y el sentido común presupondrían que todos los bolivianos concuerdan con la urgencia de revertir esta situación, pero, cuando del gran capital y sus ganancias se trata no hay lógica posible ni sentido menos común. Porque irremisiblemente los intereses del pueblo van por un lado y los de esas empresas y sus aliados locales por otro bien diferente. De modo que tomar cartas en el asunto era una necesidad no sólo económica, sino también política e histórica.

DE LA PLATA AL GAS
La historia de Bolivia está marcada por un sempiterno ciclo de saqueo. Primero fue la plata y la goma, luego el salitre, el guano, el estaño, y más recientemente los recursos hidrocarboníferos y en especial el gas natural, del que posee la segunda mayor reserva de Sudamérica. Ciclo con etapas que desde los tiempos coloniales se caracterizó por la fuga hacia el exterior, hasta su agotamiento, de materias primas que podrían haber apalancado la prosperidad y el desarrollo.

Tal explotación brutal de sus recursos no sufrió cambios esenciales tras la proclamación de la independencia en 1825, de manera que con ajustes que exigían otras épocas y sistemas económicos, la nación andina siguió articulada al mercado en un proceso primario exportador que según el economista Carlos Villegas "constituyó un circuito perverso en términos de no dejar bases sólidas para la generación de empleo y de ingresos para la mayoría de la población y, en consecuencia, para la reducción de la pobreza".

De cara a lo anterior, sería absurdo contradecir a los analistas que hoy afirman que la última gran riqueza de Bolivia, el gas, es también su última oportunidad.

GAS TRAUMATIZANTE
Algunos lo olvidan, pero lo cierto es que la posesión de los hidrocarburos bolivianos ha provocado más de una experiencia traumática. Son historias de despojos, enfrentamientos, crisis políticas y conflagraciones, aún en épocas en que no se conocía la dimensión total del filón. La peor, y que costó la vida a 90 mil personas, fue la guerra con Paraguay de 1932 a 1935, por la disputa de territorios donde supuestamente se hallaban ricos yacimientos.

Así, cuando en 1936 se funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para explotar y comercializar las reservas, entonces en manos de la Estandar Oil Company, estas alcanzaban para abastecer el mercado interno e inclusive exportar pequeñas cantidades cuyas ganancias eran destinadas a financiar las cuentas gubernamentales. Un año más tarde, y con motivo de la primera nacionalización, la compañía foránea exigió y fue indemnizada con casi dos millones de dólares, una gruesa suma en ese entonces.

De que la empresa privada siempre ha ocultado las reales ganancias no quedan dudas, en especial si sabemos que de 1937 y hasta 1941, YPFB superó en más de 70% la producción antes alcanzada. No obstante la nacionalización de 1969 también estuvo acompañada de una indemnización, esta vez a la Gulf Oil Company, por 78 millones de billetes verdes.

Facultada luego y hasta 1996 para explotar las reservas conocidas, YPFB se convirtió en la empresa estatal que generaba mayor cantidad de ingresos: 3 mil 812 millones de dólares sólo de 1985 al propio 1996. Contra toda razón, en su primer gobierno el neoliberal y pro-estadounidense Gonzalo Sánchez de Losada argumentó la necesidad de "capitalizar" una industria tecnológicamente atrasada y casi exclusivamente dedicada a la extracción -invertía 70 millones anuales en prospección- para promover una ola privatizadora que comprendió además otras vitales empresas de servicio público.

En una operación signada por la corrupción oficial, entre 1996 y 1997 se rubricaron 70 contratos con transnacionales, lo que permitió por un lado consolidar las posiciones de las que ya operaban en el territorio, y por otro la entrada, entre las principales, de tres subsidiarias de la española Repsol, la francesa Total, la estadounidense Exoon, las británicas British Gas y British Petroleum, la holandesa Amoco, la brasileña PetroBras y la argentina Pecom Energía S.A.

Ni Lozada, ni las transnacionales se arredraron ante el hecho de que la Constitución, aún vigente, prohíbe que empresas privadas detenten la propiedad de recursos naturales bolivianos, lo que explica la jugada del mandatario al promulgar un conjunto de leyes y reformas jurídicas amparadas en una Ley de Inversiones que a inicio de los 90 había implementado su antecesor, Jaime Paz Zamora.

Pero lo más curioso aconteció cuando sólo un año después se descubrió una serie de yacimientos gasíferos que convirtieron a Bolivia en poseedora del 36,3% de los 151,9 trillones de pies cúbicos de gas que existen en la región, delante de Argentina (24,2), Trinidad y Tobago (17,8), Venezuela (13,2) y Perú (8,5). La Cámara de Hidrocarburos local asegura que en la última década las petroleras extranjeras invirtieron en prospección y búsqueda 220 millones de dólares anuales como promedio, pero de cualquier modo son comprensibles todas las suspicacias que este hecho provocó.

GAS REDENTOR
Las frustraciones y la rabia latentes estallaron en 2002 cuando Repson, British Gas y British Petroleum anunciaron un negocio por el que, según la costumbre, Bolivia sólo recibiría migajas: una sociedad para construir un gasoducto y plantas licuadoras en Chile para, desde puertos de ese país austral, exportar gas a Estados Unidos y México. Exacerbadas las viejas disputas entre ambos países por un recurso natural estratégico -la salida al mar que el país andino perdiera en 1879, luego de otra dolorosa guerra- el asunto terminó de conformar la llamada Guerra del Gas.

Movilizaciones, marchas, paros, bloqueos de carreteras, en fin una explosión social punteó entonces el panorama del país del Altiplano, provocando la insurrección que derrocó a Lozada, la aprobación de una Ley de Hidrocarburos -tímida, en tanto se enfila sólo a los incrementos tributarios de las compañías- y la caída de otro mandatario, Carlos Mesa. Fue pues en elecciones anticipadas que el líder popular de origen aimará, Evo Morales Ayma, se alzó con el triunfo y la meta de cumplir lo antes posible la más importante de sus promesas de campaña.

"Queremos socios, no patrones", enfatizó en Madrid, París y otras capitales, durante la gira internacional previa a su toma de posesión en enero pasado. Pero tanto las compañías y los gobiernos que las amparan, como la oligarquía y el empresariado local que disfrutan parte del pastel, mostraron siempre su desacuerdo y quizá hasta pensaron que "el indio" no hallaría formas viables, si es que ubicado ya en la presidencia mantenía su compromiso

Hoy sabemos que existió un bien montado operativo, previo al anuncio del Decreto Supremo 28.701 el primero de mayo pasado, en Caparí, provincia de El Chaco, exactamente en San Alberto, donde se encuentran campos e instalaciones controlados por PetroBras. Pretextando tareas de fiscalización, una cantidad de ingenieros y técnicos superior a la habitual se encontraba desde el día anterior en plantas y yacimientos donde se corporiza un negocio que reportará 200 mil millones de dólares en los próximos 20 años. La posterior toma militar de campos e infraestructura terminó de frustrar cualquier intento por suspender las labores, u otros de más siniestro corte.

A partir de este momento, dijo el mandatario que cumplía su día 69 al frente de los destinos de la nación, la propiedad de los hidrocarburos pasa a manos del Estado boliviano. "Una vez recuperado este recurso natural, generará fuentes de trabajo. Se acabó el saqueo por parte de las empresas petroleras internacionales", siguió diciendo ,y añadió que su gobierno pretende transformaciones profundas para cambiar el modelo económico.

GALLINA DE HUEVOS DE ORO
Las críticas, los improperios y las amenazas con las que el gran capital trasnacional, Washington, Londres, Austria y algunos otros gobiernos europeos recibieron el anuncio se explican si tomamos en cuenta que estas empresas tienen uno de los más altos índices de ganancia a nivel mundial. Y no es un secreto, directivos de Repsol han admitido que por cada dólar invertido obtienen 10, y el más somero repaso a las cifras que ellos admiten rodean la dimensión a que ha llegado el asunto. Por ejemplo, Amoco produce un barril equivalente de petróleo a sólo 0,97 centavos, cuando a nivel mundial el costo promedio asciende a 5,6 billetes de esa moneda.

También Total, Maxus, PetroBras, British Gas, Panamerican Gas y Shell exhiben muy bajos costos. Recordemos que operan en un país tercermundista, lo que es sinónimo de bajos salarios y escasa o nula protección laboral. Y sobre todo no olvidemos dos asuntos: uno, las concesiones otorgadas por Lozada fueron excesivas; y dos, a pesar de la tesis del exmandatario -hoy prófugo de la justicia boliviana- lo cierto es que YPFN no estaba en quiebra, por lo que en la última década los nuevos dueños no han enfrentado más gastos que los derivados de la modernización y de nuevas prospecciones.

Este último es un tema que amerita profundización, porque hoy por hoy la búsqueda y desarrollo de un barril equivalente de petróleo sólo cuesta en Bolivia 40 centavos de dólar, 20 veces por debajo del promedio internacional y 14 veces menos que en Latinoamérica. No por gusto invertir es sinónimo de altas ganancia y escasos riesgos en Bolivia, que en 2005 ocupó el lugar 113 en el Indice de Desarrollo Humano y reporta 53 niños muertos por cada mil nacidos vivos..

¿NACIONALIZACION?
Especialistas, críticos de la gestión del actual gobierno e incluso algunos sectores populares confundidos, aducen que el Decreto 28.701 lejos de amparar una nacionalización verdadera legitima las turbias privatizaciones -hasta el contrabando de gas y petróleo cometido por varias transnacionales, aducen algunos- al permitir que las empresas puedan seguir operando e invirtiendo si así lo desean. Lo estipulado, por el momento, es que exista un prorrateo justo de aquellos contratos de 1996 y que el Estado, al tener la mayoría de las acciones (51-49 en la mayoría de los casos que en otros alcanza 82-18 y pudiera llegar a 92-13), esté en capacidad de determinar el futuro de los hidrocarburos.

A ese respecto vale señalar que a partir de ahora YPFB podrá determinar no sólo lo relativo a la extracción, refinado, manufacturación y exportación del gas natural, sino que pretende materializar programas de inversión, cooperación y asistencia que incorporarán valor agregado a un producto que, tal como están ahora las cosas, es aprovechado por los países que lo importan en muy diversas formas industriales, generando empleos y otras mejoras.

Tales cambios le permitirán a Bolivia obtener en este propio 2006 ingresos por 700 millones de dólares, 300 más que los habituales por este concepto, más otros 170 millones de concretarse las negociaciones con Argentina y Brasil para reajustar los precios del gas en esos mercados.

Por supuesto, la entrada al erario público de estas sumas, que deberán ampliarse los próximos años, se revertirá en obras públicas y programas de carácter social. Al respecto vale calcular lo siguiente: al cierre del pasado año y según el Banco Central de Bolivia, la deuda externa totalizó 4 mil 961 millones de dólares, equivalente a más del 57 por ciento del PIB en 2004; el propio 2005 sólo Repsol obtuvo beneficios netos de 3 mil 120 millones de euros; y también que por las condiciones excesivamente favorables en que operan las petroleras extranjeras y de las escuálidas sumas que acostumbraban a tributar al Estado -las más bajas de la región-en la década 1996-2006 Bolivia dejó de recibir ingresos por 3 mil 152 millones de dólares, o sea 63,5 por ciento de su deuda.

Se trata, pues, del pórtico de un ciclo económico inédito, basado en la industrialización interna y en el desarrollo. Dicho en palabras del ministro boliviano de Hidrocarburos e ideólogo del proceso de nacionalización, Andrés Solís Rada, la medida abre en Bolivia el proceso de una verdadera revolución nacional.