Si hubiera que ponerle un cantito sería éste: “In-fla-ción/de los trabajadores/y al que no le guste/ ¡se jode, se jode!”. Lástima que el primer índice de la inflación específica de los trabajadores registrados no sea para cantar. Según el economista Mariano de Miguel, entre mayo de 2015 y mayo de 2016 el índice promedio de aumento de precios fue del 44,1 por ciento, con un leve descenso para los trabajadores de mayores ingresos, que soportaron un 40,9, y una gran elevación para los trabajadores en blanco de menores salarios, sobre los que cayó un 49,9 por ciento. Es decir que no solo cayeron los ingresos reales en conjunto sino que la desigualdad aumentó también por la forma asimétrica en que se descargó el famoso sinceramiento ordenado por el Ejecutivo.

El actual Gobierno argentino dictó hace poco un decreto “flexibilizando” la ley de tierras de 2011 a fin de facilitar aún más la compra de tierras por capitalistas extranjeros.

La ley de tierras aprobada en 2011 no impide globalmente dichas ventas, pues tiene numerosas brechas. Además, no afecta las operaciones terminadas antes de su sanción.

El cambio de gobierno en la Argentina, con la asunción de Mauricio Macri como presidente, marcó sin lugar a dudas un punto de inflexión política, económica y social, no sólo a nivel nacional sino regional. El impacto del abrupto viraje político y la política económica neoliberal que empezó a implementar de inmediato el nuevo gobierno también afecta a las empresas recuperadas por los trabajadores (ERT) y al cooperativismo de trabajo en general, al igual que al conjunto de los trabajadores.

No fue el final del primer semestre soñado por el Gobierno, aunque las autoridades económicas busquen restarle dramatismo a la corrida cambiaria del jueves 30 de junio, la primera que enfrenta la gestión de Cambiemos. Ese día, el Banco Central debió vender 532 millones de dólares de las Reservas Internacionales para contener la presión compradora, que operó un nivel récord en los últimos cinco años al superar los 1100 millones. Lo peor es que la corrida cambiaria –que la conducción económica se empeña en negar– no se disipó, porque hay razones para suponer que seguirá la presión sobre el dólar que tiene protagonistas conocidos: los principales bancos de capital extranjero que operan en el sistema. Y no son sólo ellos. Del otro lado, la capacidad de contención dista de ser infinita: el Banco Central apenas cuenta con reservas operativas (en billetes disponibles para salir a vender dólares en el mercado) por 3100 millones de dólares. Es el equivalente a la demanda de tres días de operaciones como el jueves, o a seis días de intervenciones como la que ejecutó en esa jornada la mesa de dinero del Banco Central.

Seguirle la pista a la evolución de la cúpula empresarial no es tema menor: muestra la dimensión del bloque del poder económico y echa luz sobre la suerte del patrón de acumulación realmente existente. Dos importantes trabajos publicados en Realidad Económica Nº 297, fueron presentados en una actividad en la UNSM convocando al debate a tres destacados intelectuales. El resultado: un abordaje particularmente potente de la temática, con un corolario de saberes y nuevas preguntas.

El proyecto de ley de “reparación histórica a los jubilados” propone la creación de una “Pensión Universal a la Vejez” en reemplazo de las actuales moratorias. Al respecto, proponemos un breve recorrido por la historia de las pensiones a la vejez no contributivas en el país.

Sin vueltas: robar está mal. En la vida privada y en la pública. En la calle y en el Estado. Pero, en política, hay momentos en que además de un acto que va contra la ética y contra el Código Penal, robarse el dinero público puede ser un acto suicida. Políticamente suicida. Más aún para fuerzas que invocan la defensa de los intereses populares y que gobernaron mediante la extensión de derechos sociales y no a través de su restricción.

Toda declaración de emergencia, sea por decreto de necesidad y urgencia o por ley, se traduce en una gama infinita, y por cierto imprevisible, de posibilidades de cercenamiento de derechos; siempre importa una restricción a los particulares y una correlativa ampliación de facultades del Poder Ejecutivo, y por ello, su declaración solo se justifica frente a una situación límite y extraordinaria. La situación previsional argentina en absoluto se encuadra en ese supuesto. La declaración de emergencia resulta para el caso, cuanto menos, innecesaria.

En el diario Página/12 de ayer, en la nota titulada "El botín de las acciones de la Anses", por Alfredo Zaiat, se hace referencia a un informe de Hernán Letcher y Julia Strada (Centro de Economía Política Argentina, CEPA), en donde se analiza la participación del Estado en las empresas privadas del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS). Las empresas del FGS son aquellas en donde el Estado Nacional se presenta como un posible socio estratégico, llevando a cada instancia de participación su perspectiva en relación al desarrollo económico nacional.

Corrupción y transparencia se volvieron palabras clave de este año político. Mientras los voceros del gobierno se valen de ellas como cortina para disimular el ajuste, los Panamá Papers nos recordaron que hay pocas cosas más regresivas que la falta de transparencia del capitalismo global.