Análisis del acuerdo con el FMI

Horacio Rovelli * (Especial para sitio IADE-RE) | "La filmina presentada por el gobierno de Cambiemos es inconsistente, tiene múltiples contradicciones que no se solucionan con buena fe. William Shakespeare decía “que nada tiene más bella apariencia que la falsedad”, máxime tratándose del FMI y de este gobierno que no se cansa de mentir y vender globitos amarillos", indica el autor. 

El rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) consiste en monitorear la situación económica general de un país y asegurar que se paguen las deudas con los acreedores.

La Argentina se adhirió al FMI en abril de 1956 tras el derrocamiento de Perón y el llamado “Plan Prebisch” que sostenía la necesidad de tomar deuda externa, y fue la condición sine qua non que pusieron los prestamistas. Posteriormente el pacto con el FMI firmado por Donato del Carril en el gobierno de Arturo Frondizi, tenía cláusulas secretas: la reducción y despido del 15 % de los empleados públicos, la paralización total de obras públicas, privatización de empresas estatales, reducción y venta de frigoríficos y cierre masivo de ramales ferroviarios (Plan Larkin),restricciones crediticias, aumento de precios y congelamiento del salario mínimo por dos años, con el fin de generar el excedente para “honrar” la deuda externa contraída por las inversiones extranjeras y la compra de insumos y equipos.  Es más, para ganarse la confianza del FMI, Frondizi designó a Álvaro Alsogaray en el Ministerio de Economía quien se encargó de recortar el gasto público, poner fin a las restricciones a las importaciones, eliminar los controles de precios, congelar los salarios y liberar el dólar. Como consecuencia de las medidas que pidió el FMI, en 1959 el salario real cayó 23 por ciento y la participación de los trabajadores en el ingreso se redujo del 44,4 al 37,7 por ciento, informaba la Dirección Nacional de Estadística y Censos dependiente del Ministerio de Economía de la Nación y antecedente del INDEC.

Desde allí, en mayor medida con los gobiernos militares y civiles liberales, y en menor medida con los gobiernos constitucionales que defendían el mercado interno y el trabajo nacional, cumplió el papel de controlar los desequilibrios de corto plazo y los desbalances de pagos, pero tras el plan de endeudamiento de Martínez de Hoz en 1976, el FMI se convierte en el garante de que la Argentina se sujetara a los designios del mercado financiero mundial.

Habiendo supervisado la economía argentina desde la dictadura de Videla en la que prima la lógica del interés compuesto como afirmaba Keynes, y en que el endeudamiento externo es el vehículo que permite la fuga de capitales, con la única excepción de todo el período de la gestión del ministro Bernardo Grinspun, implosionó en diciembre de 2001, cuando el FMI dejó a nuestro país librado a su suerte. Mientras los distintos gobiernos (Menem, De la Rúa, Duhalde) procuraban alcanzar un acuerdo con el FMI, el organismo multilateral agregaba progresivamente nuevas condiciones previas a la discusión del acuerdo, llegando al máximo cuando en plena crisis del año 2002 obligó a la administración unificar y liberar totalmente el mercado cambiario, lo que llevó al precio del dólar de $ 1.- en diciembre de 2001 a casi $ 4.- en abril de 2002.

La situación básicamente similar en la actualidad, cuando se genera un creciente déficit comercial en un marco de profundo deterioro de los términos de intercambio (baja de los precios de nuestras principales exportaciones e incremento de los precios de nuestras principales importaciones) desde el año 2012, que se agravó con la política de atrasar sistemáticamente el tipo de cambio.  Pero a la vez cuando se quiso corregir, al menos parcialmente el atraso cambiario, se impulsó la inflación y se incrementó el déficit fiscal.

Con el tipo de cambio promedio del año 2017, se produjo la caída de las ventas de oleaginosas (nuestro principal sector exportable), que se combina con las importaciones desmedidas y sustitutivas de nuestra producción, potenciado por la permisividad del gobierno de Cambiemos de dejar comprar cualquier cosa del exterior, desde miles de pares zapatos, miles de tomates en lata, y todo producto que se venda puerta a puerta, sin pensar el daño a la producción y al trabajo local que ello ocasiona.

Y se agrava porque el gobierno de Macri decide dolarizar el déficit fiscal. El Estado nacional operó desde el 1 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2018 con un déficit fiscal acumulado en pesos pero equivalente a U$s 85.000 millones, a razón de U$S 35.000 millones por años (que se financió tomando deuda externa), como paga sus gastos en pesos (jubilaciones y pensiones, compra de insumos y servicios, contratos de obra pública, remuneración de sus trabajadores, etc.), le vendió esos dólares al BCRA a cambio de pesos (siempre al tipo de cambio oficial), los dólares que estaban en el poder del BCRA una gran parte (para ser exacto en el mismo período U$s 39.069 millones que sabemos al estudiar el Balance Cambiario del BCRA a esa última fecha) se lo vendió el BCRA a los bancos que se lo compraron para, principalmente, sus grandes clientes, que lo sacaron del sistema argentino (fuga de capitales).

Eliminados los límite de compra, de entrada y de salida de divisas, cuando su ingreso era fundamentalmente por deuda, hasta que los que nos prestaban, patrocinados por los grandes colocadores de títulos de deuda pública de la Administración Nacional Argentina en el mundo, los bancos JP Morgan, Merril Lynch, Deustche Bank, HSBC, Stanley Morgan,  entre otros, decidieron que era momento de irse de la Argentina y ellos compraron dólares baratos (fueron los principales compradores de los dólares del BCRA, que les vendió al tipo de cambio oficial, que por ejemplo, el miércoles 25 de abril de 2018 vendió U$s 1.472 millones a $ 20,20.-), haciendo un gran negocio al transformar sus fuertes ganancias en pesos, vía compra de LEBAC (Letras del BCRA que pagaron tasas muy por encima del crecimiento del dólar) y de acciones, y pasarse en bandada al dólar, haciéndole estallar la burbuja creada al gobierno de Cambiemos que le dio siempre trato preferencial.

El stock inverosímil de las LEBAC (Letras del BCRA), que al 15 de mayo de 2018 ascendía a un total de $ 1.251.872 millones (a un tipo de cambio de $ 25.- son unos U$S 50.000 millones) cuando la Base Monetaria era a esa fecha de solo $ 1.032.630 millones y las Reservas Internacionales brutas a U$s 54.428 millones (toda deuda externa tomada por el Tesoro de la Nación). El vencimiento de las Letras del BCRA del martes 15 de mayo de 2018 fue de $ 615.877 millones, que se renovó en su totalidad e incluso se colocaron $ 5.053 millones más, conformando un total de LEBAC de $ 620.930 millones, básicamente a un plazo de 36 días, con vencimiento el martes 19 de junio de 2018 lo que se debe sumar a los $ 225.848 millones que vencen ese día, y un mes más tarde, el martes 18 de julio de 2018, se suman al vencimiento de $ 133.535 millones y así todos los meses hasta fin de año.

Entonces la combinación del creciente déficit comercial, la fuga de capitales y la monstruosidad de las LEBAC, exponían al gobierno de Cambiemos a nuevas y mayores corridas cambiarias y bancarias, de allí que acuerdan con el FMI

El acuerdo

Es por un total de U$s 50.000 millones (que es la suma que debe pagarse por las LEBAC y por los intereses del corriente año 2018 y del año 2019) por 36 meses, en línea con las condiciones generales de los acuerdos Stand-by, la devolución de cada desembolso se realizará en ocho cuotas trimestrales (con lo que implícitamente hay un año de gracia).  La tasa de interés será variable y dependerá de la evolución de la tasa de interés del derecho especial de giro (DEG). Con los valores actuales de la tasa del DEG, se estima que el costo del préstamo será de 1,96% anual en dólares, mientras los desembolsos acumulados no superen el 187,5% de la cuota argentina en el FMI (monto equivalente a aproximadamente USD 8.480 millones), de 3,96% si los desembolsos acumulados superan ese monto, y 4,96% si el crédito vigente se mantiene por encima de ese monto en todo el plazo del crédito.

Plantea cinco puntos que son contradictorios entre sí y que de cumplirlo o tratar de cumplirlo lo único que va hacer es agravar la situación económica y social de la Argentina

a) En primer lugar aumenta la deuda externa en U$S 50.000 millones, que va a depender de cómo se emplee, si amortiza LEBAC que es en pesos, o si cancela otras deudas, o si se utiliza para pagar intereses, pero, lo cierto es que se le debe pagar al FMI (a una tasa menor que la que le cobran a la Argentina), el capital y el interés en 8 – ocho.- cuotas trimestrales hasta el año 2021.

b) Como todo plan del FMI exige que se libere el tipo de cambio (el BCRA no puede vender Reservas Internacionales ni presentes, ni futuras para sostener el valor del dólar), solo debe limitarse a regularlo con la tasa de interés (alta para seducir a los que ahorran en dólares de quedarse en pesos). Esto es inflacionario por el Teorema de Díaz Alejandro que dice que al subir el tipo de cambio se deteriora la capacidad adquisitiva del salario, por el efecto corroborado hasta el cansancio de que la suba del dólar arrastra a los precios (pass through), a lo que se suma el aumento de los costos y precios por la mayor tasa de interés (para controlar la suba del dólar), desatando un proceso inflacionario que no hace que sea posible la meta acordada de una inflación anual de17% para el año 2019, del 12% para el año 2010, y del 9% para el año 2021.

c) Exige reducir el Déficit Fiscal y no hay una sola palabra en el acuerdo de cómo aumentar los ingresos (cuando no bien asumió Macri se eliminaron todas las retenciones y se disminuye la de la soja, a razón de 0,5% mensual hasta llegar a ser del 18% el año que viene)[1], y se deteriora la capacidad adquisitiva del salario por la suba del tipo de cambio, y con ello se reduce el nivel de actividad y esto a su vez repercute en la menor recaudación tributaria porque exportamos básicamente el mismo bien que consumimos,  consumimos poca  soja , pero su cultivo desplaza a otros cultivos y a la cría de animales (encareciendo el precio de la verdura, de la papa, de la carne, etc.), con el agravante que de las 32 millones de hectáreas cultivables que tenemos, en unas 19 millones se siembra soja y a su vez su precio internacional es el referente para el alquiler del campo. Y esta relación inversamente proporcional entre el tipo de cambio y el poder adquisitivo del salario, más allá de la justicia distributiva, hace que la economía interna necesite de salarios que apuntalen el consumo, para un país como el nuestro, donde el Consumo Global representa más del 70% del PIB, aun con el gobierno de Cambiemos.

d) Independencia del BCRA que dejará de prestarle al Tesoro de la Nación, solo queda limitado a girar sus utilidades (transferencias del BCRA al Tesoro de la Nación). Esto es un despropósito total, en medio de la crisis se impone un límite absurdo, anulando el Art. 20 de la ley 24.144 (de Carta Orgánica del BCRA) que permite al Tesoro financiarse con el BCRA  por Adelantos Transitorios hasta el 12% de la Base Monetaria, más el 20% de la recaudación anual a la fecha del préstamo. Al 5 de junio de 2018, los Adelantos Transitorios del BCRA suman $ 542.130 millones,  encima se infiere que el Estado Nacional debe cancelar esa suma, lo que hace más difícil la consecución de los objetivos de metas de reducir el déficit fiscal.  Y se agrava porque se pone como meta  que a partir de este mes de junio de 2018 el Tesoro comenzará a cancelar anticipadamente las letras intransferibles en poder del BCRA.  Es más, se acordó con el FMI que para mayo de 2021 se habrá reducido la deuda neta del Gobierno en poder del BCRA por un monto de U$s 25.000 millones

e) Metas fiscales: 

La estructura del gasto público de la Administración Nacional del año 2017 fue de $ 2.627.132 millones, aproximadamente el 25,1% del PIB (unos U$s 138.000 millones)

Remuneraciones:                                                 11,4% del Presupuesto y 2,86% del PIB

Bienes y Servicios:                                    3,9% del Presupuesto y 0,97% del PIB

Prestaciones de la Seguridad. Social:           49,1% del Presupuesto y 12,33% del PIB

Subsidios:                                                    9,0% del Presupuesto y 2,26% del PIB

Transferencias a provincias:                   6,6% del Presupuesto y 1,66% del PIB

Transferencias a las Universidades:    3,0% del Presupuesto y 0,75% del PIB

Gastos de Capital:                                    7,9%del Presupuesto y 1,99% del PIB

Total Gasto Primario:                              90,9%  del Presupuesto y 22,82% del PIB

Intereses:                                                     9,1% del Presupuesto y 2,28% del PIB

Y en el acuerdo plantean, reducir el gasto primario (antes del pago de la deuda) en un 1,6% del PIB en el año 2018, por ende el Déficit Primario (dado que no hay ninguna mención a los ingresos, que son menores que dicho gasto) sería de -2,7% del PIB que, más los intereses, dan un resultado fiscal de -5,1% del PIB. 

Lo mismo plantean para los años 2019, 2020, y 2021 (cuando aparece en la filmina presentada por el gobierno de Cambiemos una leve mejora en los ingresos pero obviamente no se sabe a que atribuirlo), en ese último año alcanzarían a cubrir con los ingresos el gasto primario (es más plantean un leve superávit del 0,5% del PIB) y con el pago de los intereses, el resultado final sería de un déficit fiscal del – 1,7% del PIB.

Quiere decir que el ajuste fiscal acumulado que se proponen para el período 2018-2021 alcanza al 3,7% del PIB (unos U$s 20.500 millones), suma que significa el total de subsidios más el total de las transferencias a las provincias. O que supera casi en un 200% a la partida destinada a obra pública. O en cinco veces a las transferencias a las universidades, con el solo fin de no incurrir en nuevas deudas y poder afrontar los intereses de la misma.

Pero el problema y la contradicción está en que el Estado recauda en pesos y la deuda se debe pagar en divisas, por ende está sujeto a que el dólar no crezca más que la reducción de gasto,  que como vemos es un acumulado del 3,7% del PIB en el período, cuando sabemos, por ejemplo, que de intereses solamente desde el 1 de junio al 31 de diciembre de este año 2018, el Estado Nacional Argentino debe abonar U$s 5.900 millones en divisas y con un dólar que va a ser mayor de acá a fin de año, en lugar del promedio de $ 19,30 que estaba presupuestado, lo que significa incrementar el gasto público en no menos de $ 42.500 millones más (Que es la diferencia de multiplicar U$s 5.900 millones por $ 19,30 y luego por, digamos $ 26,5, aunque obviamente el promedio puede ser y va a ser mayor). El ajuste cambiario también incrementa el Déficit Fiscal dado que se debe dar más pesos por las divisas para el pago del servicio de la deuda (capital e intereses). El gasto público se incrementa por el pago de los servicios de la deuda externa y la devaluación de nuestra moneda (el Estado debe pagar más pesos por cada dólar que debe), y por ende el ajuste fiscal que dijo el ministro Nicolás Dujovne hasta ahora, primero de reducir la obra pública de acá a lo que resta del año en $ 30.000 millones, y a posteriori junto al Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, de reducir el gasto en otros $ 20.000 millones, va a ser absorbido por el mayor pago de los intereses de la deuda por la devaluación

Y esto se repite y se acrecienta todos los años, cuando la depreciación de nuestra moneda, puede frenar las importaciones, pero acrecienta el gasto en el pago de los servicios de la deuda.  Nosotros recaudamos pesos y pagamos en dólares

A modo de conclusión

La filmina presentada por el gobierno de Cambiemos es inconsistente, tiene múltiples contradicciones que no se solucionan con buena fe.  William Shakespeare decía “que nada tiene más bella apariencia que la falsedad”, máxime tratándose del FMI y de este gobierno que no se cansa de mentir y vender globitos amarillos.

Pero si todos los planes cumplidos por el país no bastan, si como terminamos en el año 2001 cuando el FMI decidió bajarle el pulgar a la Argentina de De la Rúa – Cavallo, después de hacerle hacer por década un severo plan de ajuste con privatizaciones incluidas que terminó con las jornadas del 19 y 20 de diciembre del año 2001. Con una tasa de desempleo oficial por arriba de la quinta parte de los trabajadores que hartos, con sus crecientes manifestaciones callejeras derrocaron a un gobierno elegido democráticamente. El país no podía cumplir con sus pagos de la deuda. No tenía otra alternativa que el default y el gobierno debió sucumbir.

Si todo lo vivido no basta, veamos el plan del FMI, del Banco Mundial y del Banco Central Europeo, la troika, en Grecia, cuna de nuestra cultura, nación emblemática si las hay, que desde el año 2010 y ante la deuda que no pudieron pagar a bancos alemanes, ingleses, belgas y norteamericanos principalmente, se la sometió a tres planes de ajuste.

Planes llevados a cabo por el partido Syryza al que pertenece su primer ministro Alexis Tsipras, y la Nueva Democracia de su presidente Prokópis Pavlópoulos, los dos principales partidos políticos de la República Helénica,  que cuenta con unos 12 millones de habitantes, con un PIB de unos U$s 300.000 millones (la mitad del PIB argentino)  y que supo tener una importante industria naviera (que llegó a ser la más importante del mundo), con autosuficiencia energética, con producción de arroz, algodón, tomates, higos, aceitunas, etc., con una constante  visita turística,  miembro de la OCDE (países desarrollados)[2] y sin embargo fue sometida a cumplir un severo plan que se basó en cuatro pilares:

a) Privatizaciones: De sus empresas estatales de agua y energía, de electricidad, de refinerías de petróleo, del Banco Agrícola (ATE bank), así como la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas y bienes muebles e inmuebles estatales.

b) Aumento de la tasa del IVA (impuesto al Valor Agregado) y la ampliación de la base tributaria para aumentar los ingresos del erario público, alcanzando a productos de primera necesidad (alimentos, vestimentas, servicios urbanos, etc.)

c) Flexibilidad laboral: Se abolieron las paritarias, lo que llevó a legalizar la subcontratación u “outsourcing” de trabajadores (tercerización del empleo); que limita el pago de salarios caídos a un año más el pago de interés bancario;que permite el despido de un trabajador por la queja de clientes o proveedores del patrón o empresario; que legaliza el trabajo “multihabilidades” sin el pago complementario que implica realizar otras funciones; que reduce significativamente la bilateralidad en las relaciones de trabajo; que evade penalizar conductas patronales negligentes que afecten la salud y la vida de los trabajadores y en su lugar impone multas económicas; etc.

d) Un ajuste presupuestario permanente que significó la abolición del 13º mes de salario (aguinaldo) para los empleados público y para las jubilaciones y pensiones; que dio de baja a 150.000 empleados estatales;que redujo las prestaciones sociales en 500 millones de euros por año en concepto de subvenciones y otros 855 millones de euros, con la fusión de escuelas, hospitales y cuarteles de la policía; que redujo el gasto sanitario mediante la racionalización de las prescripciones y con fármacos más baratos; que redujo el gasto militar que erael más alto porcentualmente de los países europeos de la OTAN con cerca del 4 % del PIB; que redujo sistemáticamente la obra pública; etc.

El FMI llevó a cabo tres “rescates” de la economía griega, en los años 2010, 2012 y 2015 que generaron 260 mil millones de euros de deuda externa. Desde entonces sufren ocho años de recesión y una caída del PBI del 30%, fruto de que el salario real promedio cayó también en un 30%, convirtiéndose en el único país de la historia del capitalismo que sufrió semejante destrucción sin entrar a una guerra.  Una tasa de desempleo del 20,8% de su PEA (población económicamente activa), que es mayor en los jóvenes (del 45, 4% en los menores de 25 años) que los lleva a emigrar.

Es imposible que la Argentina pueda cumplir el acuerdo con el FMI, se hace y se firma para que no se cumpla. Lo único rescatable sería que se adoptara el Manual del FMI “Plementing a High-Wealth Individual Compliance Program (Implementando un Programa de Cumplimiento para los Individuos de Elevada Riqueza)” y le cobrará impuestos a los ricos de este país, en lugar de castigar a los trabajadores y a las pequeños y medianos productores y comerciantes, como ha venido haciendo sistemáticamente el gobierno de Cambiemos desde que asumieron y que pretende potenciar bajo el acuerdo con el FMI.  Programa que en Grecia no se aplicó en los ocho años de ajuste y exclusión y que en el acuerdo firmado con la Argentina, ni siquiera se menciona.

El gobierno de Macri va al FMI para garantizar el pago de la deuda que su gestión engendró. Y pretende ahora,  que cuando no se pueda cumplir el fantasioso acuerdo,  que los bancos y fondos que ingresaron capitales financieros y fugaron este año gran parte de los 11.000 millones de dólares, cobren en especies, que no son otras que las acciones del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) de la ANSeS, constituido por el Kirchnerismo bajo la gestión de Amado Boudou, que tiene entre otros acciones por el 31,5% del capital accionario del Banco Macro; 26,96% de la Citrícola San Miguel; el 26,81% de EDENOR; el 26,63 de Gas Natural BAN; el 26,03% de SIDERAR; el 24,99% de Telecom Argentina SA; el 24,88% de Consultatio; el 23,23% de Pampa Energía; el 23,11% de la Transportadora de Gas del Sur; el 20,32% del Banco Galicia; el 20,04 de Molinos Rio de la Plata SA, el 15,29% del Banco Patagonia; el 9,1% de Techint Group;  y el 6% de AGEA –Grupo Clarín.

Y que se puede extender a volver a privatizar YPF SA por Vaca Muerta, etc.

Está en el pueblo argentino ponerle fin a este propósito y para ello es imprescindible dar a conocer el problema, revivir nuestra memoria histórica y que los representantes sindicales y políticos asuman de una vez por toda su rol de dirigentes para enfrentar lo que, si nos quedamos callados y con los brazos cruzados, van a ejecutar para beneficio de una minoría y para el perjuicio de nuestro pueblo y de nuestro futuro.

 

 * Economista, profesor y miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) | 08-06-2018


[1] Déficit de las cuentas públicas generado por la eliminación de las retenciones (derechos de exportación) y reducción del gravamen a la soja.  A la par se reduce el impuesto a los Bienes Personales (a la riqueza) que significa la menor recaudación desde que dicho impuesto se creó.  A la par se le redujeron y sacaron impuestos internos a los automóviles, yates, avionetas y artículos de lujo, en un marco en que el impuesto inmobiliario rural (que es un impuesto directo y que cobran las provincias), teniendo las tierras más fértiles del mundo, donde más rinde da por hectáreas, representa su recaudación total anual, sólo el 0,5% del PIB.

[2] La Argentina no sólo no es miembro de la OCDE –Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- sino que el gobierno de Cambiemos intentó infructuosamente serlo y se lo negaron explícitamente