Ahoga a los jubilados

Nicolás Dvoskin *
Las recientes resoluciones de la Corte Suprema que impiden la asignación de recursos tributarios coparticipables a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ponen seriamente en riesgo muchos de los avances que se lograron en la última década en materia de jubilaciones, asignaciones familiares y políticas públicas en general. Se trata de una medida que no sólo implica una reducción gigantesca de los fondos corrientes de la Anses, sino que además desvaloriza y pone en peligro al principal patrimonio de la misma: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

Para entender mejor de qué se trata conviene, como siempre, volver al pasado. El sistema de seguridad social argentino es deficitario (gasta más dinero del que a él ingresa por canales propios) desde 1967. Este déficit se agudizó en la década del ochenta como consecuencia de la reducción en sus ingresos producto de las caídas de los salarios, el empleo y el trabajo formal. En 1991, durante la primera presidencia de Menem, se creó la Anses, y al año siguiente se resolvió dotar de estabilidad legal a la asignación de recursos tributarios a la seguridad social, la cual, dadas las mermas en los ingresos genuinos, venía creciendo. Es en este marco que se resolvió que el organismo se quede con el 15 por ciento de la masa coparticipable, en la que están incluidos casi todos los impuestos de recaudación nacional, incluyendo IVA y Ganancias, antes del reparto entre Nación y provincias. A esto se sumaron, por fuera de la coparticipación, asignaciones específicas de distintos impuestos.

Claro está, desde fines de los ochenta sectores del establishment venían proponiendo modificaciones al sistema previsional tendientes a imitar la reforma chilena de 1981: abandonar la lógica del reparto administrada por el Estado y adoptar un sistema de capitalización gestionado por empresas privadas. La reforma finalmente sancionada en 1993, que resolvió crear un sistema privado paralelo al estatal, hizo mucho más necesario que antes el auxilio fiscal a la seguridad social: el 80 por ciento de los aportantes se pasaron al régimen de capitalización, pero todos los beneficiarios se quedaron en el Estado. Hacia finales de siglo, luego de una década de destrucción del empleo y del trabajo formal y de un lustro de caída de los salarios reales, los recursos tributarios llegaron a explicar más de la mitad de los fondos de la seguridad social. Mientras tanto, todo ese dinero genuino que había dejado de ingresar a la Anses se acumulaba en las cuentas de las AFJP de diversas maneras: en gran medida títulos públicos –con lo que el dinero de hecho volvía al Estado pero acumulando deuda–, pero también en acciones de empresas privadas.

Con el correr de los 2000 el crecimiento del registro, del empleo y del salario permitió que crezcan los recursos genuinos, y con ello no sólo se verificaron incrementos significativos en los haberes, sino también la posibilidad de incluir, vía moratorias, a más de tres millones de nuevos jubilados. Hacia 2008, cuando se decidió recuperar el control estatal de los fondos –con el voto en contra de los legisladores del PRO– no sólo se recuperaron ingresos corrientes que permitieron, entre otras cosas, lanzar la AUH en 2009 o el Progresar en 2014, sino que la Anses pasó a administrar toda la cartera de activos que estaba en manos de las AFJP, con lo que se conformó el mencionado FGS. Esta cartera no sólo habilita la presencia de directores estatales en las empresas –lo que permite una mayor fiscalización del comportamiento empresarial– sino que da sustento a que la Anses encare otros proyectos de inversión, como por ejemplo el Procrear.

Si la Corte entiende que la Anses debe dejar de recaudar ese 15 por ciento –que explica aproximadamente el 20 por ciento de sus ingresos– y además debe devolver la recaudación de diez años a todas las provincias desmantelando el FGS, correrán serios riesgos todas las políticas de inclusión social que desde el organismo se pudieron implementar en estos años. Subrayemos la palabra inclusión y despleguémosla: de los ancianos, de los niños, de los estudiantes, de quienes quieren tener su casa propia. Todo eso se compromete seriamente.

La coparticipación tiene problemas que deben ser resueltos. Los déficits de las provincias son en gran medida responsabilidad del Estado nacional, sobre todo desde el legado menemista de la descentralización de gastos como salud y educación. Es necesario corregir los desajustes, pero que esto se haga a costa de ancianos, niños y estudiantes no parece ser lo más adecuado.

* Economista y politólogo CEIL-Conicet, UNM y Sociedad de Economía Crítica.

Página/12 - 30 de noviembre de 2015