La sociedad moderna por primera vez en la historia del planeta está transformándolo de tal modo, que algunos expertos incluso sugieren que estamos ante una nueva época geológica: la del Antropoceno. Ello dado que las modificaciones -o nueva “terraformación”- son de gran calado y puesto que su impacto es ya observable en la escala global con perspectivas a futuro inciertas y, de seguir la tendencia actual, probablemente irreversibles.
La cuestión de fondo es que el ser humano no puede asumirse ajeno al medio ambiente, y en tanto tal, que no puede intervenirlo y manipularlo a placer, al menos sin respetar ciertos límites y procesos, puesto que su existencia parte y depende de un entorno natural que es altamente complejo y finito.
Como resultado de la cada vez más compleja y agresiva relación con el medio ambiente, se están tomando a ritmos insostenibles recursos de la naturaleza, al tiempo que se desechan -en la misma proporción- grandes cantidades de residuos, muchos de los cuales con una vida media que llega a ser de cientos hasta miles de años. Esta dinámica, impulsada por un sistema de producción y organización social que, como se ha dicho, tiene como principal finalidad la acumulación de capital y por tanto la de generar a mayor velocidad ciclos ampliados de producción-distribución-consumo, está alterando los ecosistemas y, en sí, el propio funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos del planeta como los conocemos. Los efectos de tal dinámica son múltiples, siendo el calentamiento global de tipo antropogénico, uno de los más visibles.
En años recientes el debate sobre la inflación giró fundamentalmente en torno de cuánto asciende el aumento en el nivel general de precios: si al 10 por ciento anual, como implican las cifras oficiales, o entre el 20 y 30 por ciento, como indican otras fuentes. No es difícil percibir que en meses/años recientes nos enfrentamos con un brote inflacionario importante y que éste supera la suba del tipo de cambio. De allí el aumento de la demanda de dólares y la fuga de capitales en meses recientes debido a las expectativas de devaluación que se estimaba se produciría después de las elecciones. Más allá de estas consecuencias del proceso inflacionario quedan en el tintero muchas otras: su impacto sobre la distribución de los ingresos, el crecimiento y la inversión, el superávit de la balanza comercial y de pagos.
Es importante que nos preguntemos acerca de las causas del proceso inflacionario, y no sólo respecto de los factores que le dan origen en la actual coyuntura, sino también respecto de aquellas que inducen su ulterior propagación.
A fines de 1982 el gobierno militar decide la creación de una Comisión de Análisis y Evaluación de las responsabilidades políticas y estratégico militares en el conflicto del Atlántico Sur.
La Comisión estaba integrada por representantes de las tres fuerzas el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Representando al Ejército el General (R) Benjamín Rattenbach y el General de División (R) Tomás Armando Sánchez de Bustamante.
Representando a la Armada el Almirante (R) Alberto Pedro Vago y el Vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi. Representando a la Fuerza Aérea el Brigadier General (R) Carlos Alberto Rey y el Brigadier Mayor (R) Francisco Cabrera.
El informe que genera esta comisión fue una investigación confidencial sobre la conducción política y estratégico militar de las Fuerzas Armadas Argentinas en la Guerra de Malvinas. EL Teniente General (R) Benjamín Rattenbach presidió la comisión y elevó el informe que lleva su nombre.
Entre marzo y agosto de 2011 se realizaron once foros convocados por el gobierno nacional con el propósito de sentar las bases de una ambiciosa iniciativa: el Plan Estratégico Industrial 2020. En esos foros, los integrantes de cadenas de valor elegidas por formar “la trama central del tejido productivo argentino, validaron los lineamientos y objetivos propuestos por el Estado y llegaron también a nueve consensos centrales acerca de las principales líneas estratégicas de política industrial propuestas. Con la posterior presentación del PEI 2020, que en 287 páginas reúne las conclusiones y medidas que se prevé implementar en el corto plazo, se cumplió la primera etapa del trabajo. Está pendiente aún el comienzo de un ciclo de reuniones individuales con las once cadenas de valor para avanzar en la definición de los temas concretos de cada una de ellas.
En la Cumbre de la Unión Europea de diciembre la canciller Angela Merkel aún podía presentarse como la vencedora de la batalla por el rescate del euro: todos habían acabado aceptando la interpretación alemana a la crisis y la solución alemana a la crisis. La unión fiscal, la regla de oro y la tabla de castigos para quienes no la cumplan eran incuestionables e imparable su aplicación. Pero la ironía de la historia ha hecho uso de la peor y más detestada especie, las agencias de calificación crediticia estadounidenses, para frustrar el hermoso plan de campaña.
Con un razonamiento sorprendentemente apropiado, los analistas de Standard & Poor's han dado a entender que la solvencia crediticia de nueve países de la zona euro, así como del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), han sido rebajados porque no se espera de los dogmas de austeridad actualmente en uso ningún efecto positivo en los estados más endeudados.
Transcurridos más de tres años desde la caída de Lehman Brothers y del comienzo de la mayor contracción del PIB mundial desde la Segunda Guerra, la crisis financiera lejos está de haber sido superada. En algunas economías avanzadas es muy probable que se registre una tasa de crecimiento negativa o cercana a cero durante 2011. La recuperación prácticamente se detuvo durante el segundo trimestre de 2011, mientras que las revisiones a la baja señalan que el desempeño de la economía mundial es más endeble de lo previsto. La incertidumbre sobre la evolución de la demanda agregada pone de manifiesto que la recuperación será lenta y complicada.
A la inversa de las últimas décadas, los países emergentes se encuentran, en este caso, en una situación más favorable respecto de los desarrollados. Si bien en un principio se registró un descenso generalizado del nivel de actividad, en estos países la recuperación fue mucho más acelerada y sostenida en el tiempo. No obstante que la mayoría de las economías en desarrollo continúa creciendo a tasas vigorosas, plantea serios riesgos de desaceleración de la demanda agregada el hecho de que el nivel de actividad se haya debilitado más de lo previsto, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, en consonancia con la incertidumbre resultante de la creciente inestabilidad financiera.
Es recién cuando baja la marea que uno puede darse cuenta si hay quienes se están bañando desnudos. En el plano de la política, suele ser casi siempre demasiado tarde. Es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países desarrollados, donde la globalización, una desregulación implacable de los mercados y el ascenso del capital financiero fueron dejando sin ropas a las instituciones encargadas de velar por la justicia social. Por eso se desencadena ahora la indignación de la ciudadanía, cuando estalla la crisis y las aguas se retiran. No sólo se vuelven evidentes brechas de desigualdad de un tamaño que pocos imaginaron posible sino que los dueños del poder pretenden que sean las víctimas y no los victimarios quienes paguen los costos del saqueo.
Afortunadamente, no es ésta la situación de la Argentina. Pero, por eso mismo, conviene no esperar a que baje la marea para bucear a fondo en los problemas pendientes. Durante su gobierno, Néstor Kirchner logró reducir la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población de 44 veces a 28. Fue una hazaña histórica que luego no pudo mantenerse al mismo ritmo, sobre todo porque se desaceleró la creación de empleos.
Las cooperativas y las organizaciones de productores tendrán cada vez mayor importancia dentro del esfuerzo para eliminar el hambre y reducir la pobreza en el mundo, según afirmó el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, ante los participantes del Foro Social Temático reunidos en Porto Alegre, Brasil, en el curso de un encuentro oficial con el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Brasil (CDES).
Graziano da Silva participó en esta reunión anual de organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, apenas un mes después de haberse puesto al frente del organismo de la ONU encargado de velar por la seguridad alimentaria.
El responsable de la FAO recordó que las Naciones Unidas han declarado 2012 como Año Internacional de las Cooperativas, reflejando el renovado interés en ellas y la necesidad de una mayor concienciación sobre sus múltiples valores.
Graziano da Silva señaló que la FAO ampliará su colaboración con las organizaciones de productores y las cooperativas rurales, alimentarias y agrícolas que dan peso organizativo, económico y social a los pequeños campesinos, además de a los grupos dedicados al pastoreo y a los que dependen de la pesca y los bosques para sus medios de subsistencia.
Un artículo reciente firmado por John Tirman, director del Centro de Estudios Internacionales del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y publicado en el Washington Post, plantea con crudeza una reflexión sobre un aspecto poco estudiado de las políticas de agresión del imperialismo: la indiferencia de la Casa Blanca y de la opinión pública en relación a las víctimas de las guerras que Estados Unidos libra en el exterior.
Como académico “bienpensante” se abstiene de utilizar la categoría “imperialismo” como clave interpretativa de la política exterior de su país; su análisis, en cambio, revela a los gritos la necesidad de apelar a ese concepto y a la teoría que le otorga sentido. Tirman expresa en su nota la preocupación que le suscita, en cuanto ciudadano que cree en la democracia y los derechos humanos, la incoherencia en que incurrió Barack Obama –no olvidemos, un Premio Nóbel de la Paz- cuando en su discurso pronunciado en Fort Bragg (14 de Diciembre de 2011) para rendir homenaje a los integrantes de las fuerzas armadas que perdieron la vida en la guerra de Irak (unos 4.500, aproximadamente) no dijo ni una sola palabra de las víctimas civiles y militares iraquíes que murieron a causa de la agresión norteamericana.
Esta guerra entre liberales en el corazón mismo del liberalismo no hace sino acentuar el contrastado viaje de la tasa Tobin. Desde su nacimiento hasta hoy, la idea ha atravesado fronteras muy dispares y generado consensos fuera de lo común. La inventó un liberal, la defendió la izquierda y ahora es un tema prioritario de la derecha. El primer paso fundador ya es una paradoja. En 1972, en el curso de una conferencia en la Universidad de Princeton, el economista liberal James Tobin puso sobre la mesa la idea de un gravamen sobre las transacciones financieras. Tobin buscaba “arrojar granos de arena en el engranaje de la finanza internacional” y frenar así el incremento de la especulación a corto plazo. El porcentaje de la tasa adelantada por Tobin oscilaba entre el 0,05% y el 0,2%. El economista norteamericano recibió el Nobel de Economía en 1981, pero su idea nunca fue verdaderamente llevada a la práctica. El único país que la aplicó fue Suecia.
El 6 de julio de 2011 se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” la Primera Jornada Debate “La problemática agraria en la Argentina”, organizada por la Cátedra Libre de Estudios Agrarios “Ing. Horacio Giberti”, Sec. de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil-Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el Departamento e Instituto de Geografía- Facultad de Filosofía y Letras-UBA, el Centro Cultural de la Cooperación"Floreal Gorini” y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE). Las intervenciones se publican en tres entregas en Realidad Económica; esta es la segunda.
El presente trabajo se propone contribuir a la discusión sobre el patrón de especialización de la economía argentina. Se espera aportar elementos de juicio para evaluar si el importante ritmo de crecimiento que tuvo la economía argentina en los últimos años y la mejora en sus cuentas externas han derivado en una modificación significativa del modo de inserción del país en el mercado mundial y/o regional. En otras palabras, se busca establecer si la Argentina ha generado nuevas ventajas competitivas dinámicas a partir del giro en la política económica comenzado en 2002 y profundizado especialmente a partir de la asunción de Néstor Kirchner como presidente de la república en el año 2003 o si, por lo contrario, aún predominan las ventajas comparativas estáticas del “antiguo” patrón de especialización basado sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, la producción de algunos commodities industriales y la persistencia de unos pocos ámbitos privilegiados de acumulación.
El autor afirma que el sistema tributario argentino debe: 1) en el impuesto a las ganancias: a) gravar la renta financiera; b) no discriminar la imposición de la renta del trabajo en perjuicio de los profesionales; c) sujetar las relaciones del comercio intrafirma con arreglo a los principios del aporte y del beneficio; 2) en el IVA no gravar los artículos de primera necesidad; 3) en materia de impuestos patrimoniales no discriminar entre empresas cooperativas y empresas lucrativas actualmente sólo gravadas las primeras; 4) excluir del campo de la imposición del impuesto sobre los ingresos brutos a las empresas sin fines de lucro (empresas sociales y cooperativas) y limitar la gravabilidad de los profesionales exclusivamente a los organizados en forma de empresa; 5) adecuar el sistema de la seguridad social a la cláusula constitucional del art. 14 bis, en cuanto prescribe que los organismos previsionales nacionales o provinciales deberán contar con autonomía financiera y económica y ser administrados por los interesados con participación del Estado; 6) asegurar la tutela judicial efectiva derogando a) el “solve et repete” como requisito para el acceso a la tutela judicial y b) la traba de medidas cautelares sin intervención judicial; a la vez que asegurando la doble instancia judicial ordinaria y plena en materia fiscal.
Efectivizar estas exigencias requiere: 1) por parte de los poderes del Estado, en todos sus niveles de gobierno, de la toma de decisiones políticas comprometidas a tal efecto y 2) por parte de la ciudadanía una actitud militante y activista de sus derechos con conciencia de que la actividad financiera del Estado reviste naturaleza instrumental al servicio de la efectivización del sistema de DD. HH. garantizado en términos operativos y no meramente programáticos por el bloque de constitucionalidad federal que rige en la República Argentina (derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la cultura, a la vivienda digna, al trabajo, a la seguridad social, en suma a la igualdad material y efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales, que con los civiles y políticos conforman un conjunto inescindible para la efectivización del desarrollo humano sin exclusiones).
