Al cierre de este número la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley 26.741 que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% de las acciones de YPF pertenecientes a Repsol y el 51% de Repsol YPF GAS SA. Por la importancia que reviste para la soberanía hidrocarburífera de nuestro país, esta decisión política emanada del gobierno nacional, publicamos el texto de la ley, un comentario sobre el procedimiento de expropiación y dos artículos que reflejan el anterior proceso de desmantelamiento de la empresa estatal. Una completa información sobre el tema puede consultarse en el dossier incluido en http://www.iade.org.ar
El petróleo y el gas constituyen recursos estratégicos del Estado -bienes públicos indispensables como palancas o instrumentos soberanos de planificación y regulación económica para el progreso económico con justicia social (desarrollo humano) del art. 75, inc. 19 CN-. De allí que merezcan -como otros tópicos estructurales- de una Política de Estado.
El presente artículo tiene por objetivo, en el marco de los 20 años del inicio de la privatización de la petrolera estatal con la sanción de la ley 24.145, rediscutir las causas que coadyuvaron a que, hacia finales del mandato de Raúl Alfonsín e inicios de la presidencia de Carlos Menem, la empresa tuviera una dificultosa situación económica. Conforme esto, mientras el gobierno afirmaba que el quebranto de la empresa se debía a su “ineficiencia” endógena, en este trabajo se pretende aportar a la discusión al sostener que los desequilibrios económicos se debían a una serie de políticas económicas exógenas a la empresa, implementadas desde la dictadura militar-civil de 1976 y continuadas por el radicalismo, que fueron perjudicando la solidez de la firma y acrecentando el poder del sector privado que operaba como contratista. Esta discusión se considera importante, en tanto que puede ser un punto de partida para analizar las posteriores reformas implementadas en la década de los ‘90.
El acelerado y extenso proceso de privatización de empresas iniciado durante la administración de Menem, elemento esencial de las reformas estructurales de esa década, incluyó la principal empresa nacional, YPF. Según sostenía el gobierno, era necesario reestructurarla vendiendo ciertos activos para acrecentar su “valor económico”: “más músculo y menos grasa”. Bajo esta señal, se gestó el proceso de fragmentación de la compañía cuya finalidad manifiesta era “incrementar su eficiencia” en el nuevo “entorno competitivo” para luego ser transferido su capital social al sector privado. Sin embargo, en el presente trabajo se discute dicha perspectiva al sostener que su fragmentación tuvo como finalidad que los sectores dominantes locales, que desde mediados de los ’70 externalizaban costos e internalizaban renta de YPF, pudieran participar del “negocio”, al adquirir sus principales activos antes de que fuera privatizada. Este elemento se considera relevante en tanto que marcaría una peculiar línea de continuidad entre el último gobierno de facto y el menemista.
La sociedad argentina se dividió en sectores que apoyaron y se opusieron a la aprobación de la Resolución Nº 125 de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación referida a establecer derechos de exportación móviles a la exportación de granos y derivados de la soja1. La confrontación abordó, indirectamente, un clásico debate teórico en la historia económica de nuestro país, el del origen y definición del concepto renta de la tierra y su distribución y, en particular, la cuestión de la renta diferencial. Esos temas fueron abordados en las últimas décadas por numerosos autores que utilizaron encuadres teóricos propuestos por Adam Smith, David Ricardo y Carlos Marx sobre esos mismos aspectos pero aplicados a países europeos en el siglo XIX. El objeto de este trabajo es analizar la vigencia e insuficiencias de aquellos conceptos clásicos sobre la renta y su uso por aquellos autores que los tomaron en cuenta para el estudio del agro argentino y contrastar los enunciados de esos encuadres teóricos con datos estadísticos referidos a la evolución de la renta derivada de la producción de soja y sus derivados en las décadas anteriores y durante aquel largo conflicto agrario.
El centro del análisis en este trabajo se refiere a la política desplegada por la FAA en defensa de los pequeños y medianos productores, frente a la crítica situación derivada de la crisis del modelo de los años ‘90, convirtiéndola en uno de los actores principales del conflicto político que atravesó el agro a partir del período de la posconvertibilidad. La investigación sobre este complejo período de dos décadas se publicará en dos partes por su extensión. El autor en primera instancia aborda las fuertes transformaciones económicosociales operadas en el sector agropecuario y la repercusión, especialmente sobre los chacareros, que la Federación denomina agricultura sin agricultores, conviertiéndose en el factor central que impulsa a la entidad a fijar su posición y estrategia política frente al gobierno nacional. Ubica temporalmente las tres situaciones que caracterizaron el accionar de la FAA: las expectativas y el apoyo al gobierno de Néstor Kirchner, el desencanto y el conflicto. Así, recorre un camino que va desde el apoyo y el diálogo con el fin de direccionar las políticas públicas proponiendo leyes que frenen la concentración y extranjerización de la tierra, y el desendeudamiento de los productores, para revertir los efectos sobre la estructura agraria; a la encrucijada interna al romperse la homogeneidad en las condiciones de los productores pequeños y medianos, en la que algunos se ven beneficados por el modelo sojero, situación que la empuja con el tiempo a adherir a él. En este nuevo contexto replantea sus demandas y reclamos a favor de medidas coincidentes con las exigidas por las demás corporaciones del agro -SRA, CRA, Coninagro- construyendo por primera vez una alianza política con instituciones históricamente antagónicas con los intereses de los pequeños y medianos productores, para dirigir con ellas el conflicto.
La experiencia reciente de crecimiento de algunas economías del sudeste asiático, muestra a la actividad naval como un sector estratégico en el proceso de desarrollo, promovido e impulsado por la política económica. Si bien en la Argentina esta actividad tiene una larga historia, luego de cinco siglos de actividad naval el sector no muestra signos de poder constituirse como base de una estrategia de desarrollo. Por lo tanto, el objetivo del trabajo es analizar el rol del Estado en la industria naval, estudiando la experiencia de países que muestran procesos de desarrollo naval exitoso, y la propia historia naval argentina. La literatura califica de estados desarrollistas a aquellos en los que existe una visión clara sobre las potencialidades de crecimiento del país y un objetivo de desarrollo concreto que atraviesa al conjunto de la sociedad. Se argumenta que los países con un sector naval próspero son aquellos que adoptan políticas específicas de crecimiento sectorial dentro una estrategia general de desarrollo. La investigación es de tipo cualitativo; se utiliza información primaria cualitativa y datos estadísticos secundarios.
La recuperación económica observada en la Argentina a partir de 2003 ha implicado no sólo un crecimiento de las empresas que sobrevivieron a la crisis, sino también elevadas tasas de nacimientos. En este marco, el objetivo de este estudio es analizar los principales procesos referidos a la demografía de empresas industriales (entradas, salidas y cambios de tamaño) en el nivel provincial en el período 2003-2008 y compararlo con lo observado en el nivel nacional. Se analizan, para diferentes grupos de provincias, los procesos de apertura y cierre de empresas, el impacto neto en el stock de firmas industriales, el cambio entre estratos de tamaño y la incidencia de las nuevas empresas en la estructura productiva. Se presenta además la dinámica de entrada y salida de empresas por provincia según la rama de actividad industrial, a fin de identificar cuáles fueron las actividades industriales que lideraron el proceso de expansión.
La larga tarea de Carlos Heller en el cooperativismo, en la argumentación económica y en la vida política nacional está sostenida por la antigua convicción que ha sido una y mil veces escrita en los tratados dedicados al hombre político: sobrellevar con dignidad y firmeza las duras condiciones de una época. Esta frase deja su mensaje con alcances mayores a los que le atribuyen quienes interpretan los tiempos con frágiles conceptos dictados por los momentos de mayor o menor fortuna. Para el político que vive la política como una verdad autobiográfica –aquel del que hablaba Max Weber en sus famosas conferencias de los años 20, aludiendo al que piensa que algo es posible a pesar de que haya que “taladrar duras vigas de madera”–, una época es siempre dificultosa y renueva en todo momento sus problemas.
