Eduardo Basualdo

Buenos Aires, FLACSO/Siglo XXI Editor, 2006, 492 págs.


Eduardo Basualdo acaba de publicar un libro indispensable, en el que se presentan al lector los principales resultados de más de tres décadas de indagar en forma meticulosa y sin concesiones la realidad socioeconómica de la Argentina. Se trata de una investigación en la que la historia económica de nuestro país no es presentada, como es habitual, como un mero racconto de hechos; por lo contrario, en ella abundan la política, las clases sociales y las fracciones de clase, la desigual distribución de poder a lo largo del tejido económico-social, las pugnas de intereses, los alineamientos de clase, los condicionamientos estructurales que acotan -pero no determinan necesariamente- el comportamiento de los distintos actores, etc. Así, frente a la pretendida objetividad del establishment académico (cuyos análisis suelen sostenerse en una utilización sesgada de la información estadística y en un pseudo cientificismo que esconde el carácter sociopolítico de los procesos económicos y la defensa de intereses sectoriales concretos -por lo general, desde una perspectiva que denota un profundo resentimiento hacia el campo popular-), Basualdo ofrece un estudio de economía política riguroso e integral, con una notable capacidad analítica y explicativa del derrotero histórico argentino desde mediados del siglo XX a la actualidad.
En Estudios de historia económica argentina, el autor aborda el análisis de procesos sumamente complejos e intrincados (dadas las múltiples variables que los condicionan): los éxitos de los primeros gobiernos peronistas en materia de inclusión de la clase trabajadora y su fracaso en consolidar la industrialización; la conflictiva dinámica económica y política de la segunda etapa de la sustitución de importaciones (1955-1976), y su interrupción a partir de una salvaje revancha oligárquica que impuso un nuevo modo de acumulación y un profundo replanteo de la relación entre las diferentes clases y fracciones de clase; la consolidación a lo largo de la “década perdida” de los años ochenta del bloque de poder económico que constituyó la base social de sustentación de la sangrienta dictadura militar de 1976-1983; el carácter disciplinador en términos sociales de las hiperinflaciones de 1989-1990; y el auge y la crisis del modelo de valorización financiera durante el decenio de la convertibilidad (1991-2001). Estos diferentes abordajes temáticos tienen un denominador común: el reconocimiento de que las características de un modo de acumulación dependen de la estructura económico-social, de las luchas políticas y sociales que fueron conformando esa estructura, y de la composición del bloque de clases que deviene dominante y que impone un sendero de acumulación acorde con sus intereses en un determinado contexto internacional.
Es indudable que encarar un resumen de un estudio tan vasto constituye una tarea harto compleja, de allí que en lo que sigue se va a plantear de manera esquemática una serie de cuestiones y discusiones que se desprenden de los análisis realizados por Basualdo y que para quienes escriben estas líneas revisten particular relevancia.
El primer elemento a resaltar de Estudios de historia económica argentina es el análisis del proceso de conformación de las diferentes fracciones sociales que se fue gestando en nuestro país como resultado del desarrollo del sector industrial iniciado en las postrimerías del modelo agroexportador, y que se consolidaría en los años siguientes de la mano del esquema sustitutivo de importaciones. En ese marco, la estructura social se fue complejizando en forma acelerada. En el ámbito del capital se destacan cuatro fracciones: las empresas extranjeras (se trata, en su mayoría, de grandes firmas que ejercen un control oligopólico sobre los resortes estratégicos de la estructura fabril); sectores nacionales con un relativamente reducido poderío económico, pero con una creciente importancia por estar muy ligados al consumo popular (durante la etapa peronista se convertirán en un sujeto político: la burguesía nacional); la oligarquía tradicional fundadora del Estado nacional con un peso decisivo en las exportaciones de productos agroindustriales (en su mayoría “bienes salario”); y un estamento de ésta que paulatinamente diversificó su cartera de inversiones hacia otros rubros económicos (industria, finanzas, comercio, etc.) y, por esa vía, comenzó a desarrollar una inserción multisectorial en la economía doméstica adquiriendo la fisonomía de un grupo económico (de allí que en el estudio se denomine a este sector como la oligarquía diversificada). En paralelo, la expansión fabril con eje en el mercado interno tendrá impactos significativos sobre la clase trabajadora (tanto cuantitativos como cualitativos).
Es sobre este basamento estructural que se “ordenarán” los gobiernos peronistas del período 1946-1955. En el libro se muestra cómo en los primeros años se registró una considerable expansión económica liderada por la industria (que a partir de allí, y hasta mediados de los setenta, pasaría a ser el eje central del proceso económico y el núcleo organizador de las relaciones sociales y políticas). Tal crecimiento estuvo asociado con un fuerte aumento en la participación de los trabajadores en el ingreso nacional (proceso este último que fue impulsado por un incremento del salario real y de la ocupación de la mano de obra). Todo ello, a partir de un activo intervencionismo estatal que propició una importante transferencia de ingresos desde el sector agropecuario hacia el mundo urbano-industrial.
Sin embargo, hacia fines de la década de los cuarenta este esquema de industrialización con distribución progresiva del ingreso se enfrentó a limitaciones por el lado del sector externo (por efecto de un estancamiento de las exportaciones tradicionales y de un crecimiento de las importaciones de, fundamentalmente, insumos intermedios y bienes de capital demandados por la creciente actividad manufacturera). Estas restricciones pusieron de manifiesto la ausencia de políticas estatales orientadas a completar el esquema industrial interno a partir de un avance en la integración de la trama fabril (es decir, a pasar de la sustitución liviana de importaciones a la pesada). Ante esta constatación, el argumento tradicionalmente esgrimido por el establishment académico es que el carácter trunco de la industrialización se vincula con las “pasiones igualitarias” del peronismo que habrían llevado a desaprovechar una oportunidad histórica.
De acuerdo con Basualdo, esta argumentación (ampliamente difundida en el campo de las ciencias sociales) no tiene en cuenta que “en la concepción del gobierno [de Perón] no se evaluaba continuar con la postergación social y debilitar al Estado para desarrollar la industria pesada, sobre todo cuando, además, en tan breve lapso se afianzaba la industria liviana y desplegaba un nuevo planteo institucional” (pág. 42).
Ello lo lleva a explorar una cuestión que no casualmente (dados los intereses en juego) no suele formar parte de los análisis del establishment académico: la rentabilidad de las distintas fracciones del capital. Las evidencias presentadas son contundentes y permiten comprobar que durante los primeros gobiernos peronistas el capital extranjero, la oligarquía diversificada y la burguesía nacional internalizaron muy elevadas tasas y masas de beneficio; ganancias extraordinarias que fueron alimentadas tanto por transferencias desde el Estado, como por la propia orientación del modelo económico y, en muchos casos, por la presencia de sectores oligopólicos en un cuadro signado por un reducido tamaño del mercado local y una elevada protección arancelaria.
De allí que el fracaso del peronismo en avanzar en la integración industrial se encuentra estrechamente ligado con su incapacidad para disciplinar a las diferentes fracciones del capital. En palabras de Basualdo: “El escollo insalvable para los primeros gobiernos peronistas estuvo en lo nuevo que le aportó al desarrollo económico argentino, la industrialización, y no precisamente desde el lado del trabajo, como conciben las corrientes liberales, sino desde el lado del capital” (pág. 49). Se trata de una de las tesis más interesantes, polémicas y sugerentes de la investigación, sobre todo si se tiene en cuenta que se trató de un gobierno y un proyecto político con una clara impronta antiimperialista y antioligárquica1.
En consecuencia, “durante sus primeros gobiernos, el peronismo consiguió disciplinar a varios de los sectores centrales de la agotada economía agroexportadora pero fue doblegado por las fracciones del capital que conducían la actividad dinámica promovida. Entre ellos se encontraba, además del capital extranjero, la fracción dominante de la oligarquía argentina [la fracción diversificada]. Es cierto que desde el gobierno se alentó y promovió una fuerza propia dentro del empresariado industrial, pero no es menos evidente que esa burguesía nacional era estructuralmente endeble y, quizá, más dependiente en términos ideológicos y productivos de los sectores dominantes que de la concepción y la iniciativa gubernamentales, aspecto que afloró cuando, en la década de los cincuenta, surgieron problemas económicos. El principio del fin del gobierno peronista comenzó cuando la rentabilidad obtenida por las fracciones industriales dominantes empezó a descender. Entiéndase bien, a disminuir respecto de la `época de oro´ (40% de rentabilidad sobre el capital invertido en 1949 por las subsidiarias extranjeras), ya que seguía siendo notablemente alta en términos históricos e internacionales (entre el 17 y el 18% en 1952 y 1953). Ante esta situación, y tal como lo harán sistemáticamente en los años posteriores, las fracciones dominantes del capital llevaron a cabo una ofensiva política, ideológica y económica para instalar socialmente la convicción de que el problema radicaba en los excesivos gastos estatales, y en el elevado nivel de los salarios. En esas circunstancias, la posición de la burguesía nacional no se diferenció demasiado de la adoptada por las fracciones empresarias dominantes. En términos estructurales, al final del peronismo la industrialización quedó fortalecida, pero trunca como eje del proceso económico, y tres fracciones se disputaban la conducción del proceso económico, social y político: el capital extranjero, predominante en el nivel estructural; la oligarquía diversificada, ya como conducción de la oligarquía en su conjunto (que establecerá alianzas o distancias con el capital extranjero) y la burguesía nacional, que oscilará entre la subordinación a los sectores dominantes y la alianza con los trabajadores que intentan ocupar en la sociedad el lugar que les corresponde como creadores de la riqueza social” (págs. 52 y 53).
Otro de los aportes de Estudios de historia económica argentina es el que se asocia con el tratamiento de la segunda fase de la sustitución de importaciones. Tal perspectiva permite confrontar con algunas interpretaciones muy difundidas en las ciencias sociales sobre esta etapa histórica, enriquecer ciertos enfoques analíticos y comprender en todas sus dimensiones la naturaleza del proyecto refundacional de la última dictadura militar. A nuestro juicio, cuatro son los planteos que sobresalen del análisis realizado por Basualdo.
En primer lugar, el hecho de destacar la importancia de desagregar este período en dos subetapas que en materia socioeconómica siguieron dinámicas diferentes: a) la fase 1955-1963, en la cual en forma simultánea con la radicación de numerosas inversiones extranjeras promovidas por el “desarrollismo” con vistas a avanzar en la integración fabril, se manifestó el típico funcionamiento stop and go (es decir, ciclos cortos de alzas y bajas de la actividad económica estrechamente asociados con la evolución de la balanza de pagos); y b) la fase 1964-1974, en la cual maduraron las mencionadas inversiones y se verificó un crecimiento económico sostenido bajo el predominio de la industria (se trató de la etapa expansiva más importante y prolongada de la historia nacional
-en esta fase se dio un ciclo corto en el que se sucedieron aceleraciones y desaceleraciones de la tasa de crecimiento del producto, pero no se manifestaron caídas en términos absolutos como en la etapa anterior-). Este énfasis reviste suma relevancia dado que en el medio local existe un consenso bastante generalizado acerca de que en la segunda sustitución de importaciones en la Argentina hubo un modelo de crecimiento inestable y de estancamiento económico que no viabilizaba la acumulación de capital; afirmación que a la luz de las evidencias aportadas por Basualdo podría valer para la primera de las fases mencionadas, pero no para la que se inicia en 1964.
En segundo lugar, sobresale el análisis que se realiza del desempeño de las diferentes fracciones sociales en las distintas etapas del ciclo corto entre 1955 y 1963. En las fases expansivas resultaban favorecidos los trabajadores (por la mayor ocupación y el aumento de salarios) y los estratos capitalistas ligados a la expansión industrial: el capital extranjero, la oligarquía diversificada y la burguesía nacional (con variaciones según su incidencia estructural en la economía y su grado de vinculación con el consumo asalariado). Esto se sostenía en una fuerte traslación de ingresos desde el sector agropecuario hacia el urbano-industrial (con la consecuente pérdida para la oligarquía tradicional, no así para la diversificada, ya que las ganancias que ésta obtenía en el ámbito manufacturero compensaban ampliamente su retracción en la producción agropecuaria y exportadora).
Este proceso solía ser abortado por el surgimiento de una crisis en el sector externo que, entre otras cosas, expresaba la falta de dinamismo de la oferta exportadora y que todavía no había madurado la integración de la matriz industrial. A ello seguía una etapa de “estabilización” que, en línea con las “recomendaciones” del FMI, solía pivotear sobre una devaluación del signo monetario, un considerable ajuste fiscal y una política monetaria restrictiva, todo lo cual generaba contracción del nivel de actividad interna, importante caída del salario real, redistribución regresiva del ingreso y paulatino ajuste de la balanza de pagos. En términos de las fracciones sociales, en esta etapa perdían claramente los trabajadores y los sectores empresarios más ligados con el consumo de aquéllos (la burguesía nacional), mientras que ganaba el conjunto de la oligarquía (tanto la fracción exclusivamente agropecuaria como la diversificada -ambas con fuerte presencia en el sector agropecuario, el más favorecido por la modificación en los precios relativos-) y, en menor medida, el capital extranjero (que por la conjunción de diversos factores podía “capear” la retracción de la actividad económica: porque su producción estaba más volcada al consumo de los estratos de mayor poder adquisitivo de la población, porque podía endeudarse o encarar otro tipo de práctica intracorporativa con su casa matriz y/o con una filial de la misma radicada en otro país, o por las posibilidades de acrecentar su liderazgo estructural mediante la adquisición de firmas locales con problemas económicos o financieros a raíz de la crisis).
De ello se sigue que había dos fracciones del capital que resultaban favorecidas en ambas fases del ciclo económico: el capital extranjero y la oligarquía diversificada. Se trata de una constatación de lo más trascendente por cuanto aporta novedosos elementos que enriquecen sobremanera los análisis clásicos sobre el comportamiento “pendular” de la gran burguesía de la Argentina en este período, y que plantean algunos interrogantes a las tesis que postulan que lo que en última instancia se dirimía en el paso de una fase del ciclo a la otra era una puja entre los intereses agrarios y los industriales (en tal sentido, la existencia de una fracción de la oligarquía con intereses en ambos sectores lleva a replantearse varios de los supuestos del “modelo de dos sectores” con el que se suele analizar la sustitución de importaciones).
En tercer lugar, interesa resaltar el papel que Basualdo le asigna a dos variables del sector externo que permitieron equilibrar el ciclo corto durante la etapa 1964-1974, garantizar un crecimiento económico-industrial persistente y empezar a socavar la centralidad estructural y la capacidad de veto de la oligarquía pampeana en tanto proveedora casi exclusiva de divisas: las exportaciones de manufacturas de origen industrial y el endeudamiento externo. Como destaca el autor, estas variables no sólo permitieron avanzar en el sentido señalado, sino que también resultaron funcionales a las dos fracciones del capital predominantes: “la relevancia de las exportaciones y del endeudamiento externo durante estos años radicó no solamente en que permitieron equilibrar el funcionamiento macroeconómico sino también en que tendieron a compatibilizar los intereses del capital extranjero con los de la oligarquía diversificada en las dos fases del ciclo corto... Bajo las nuevas circunstancias, el capital extranjero concentró un factor muy relevante que le permitió beneficiarse con las devaluaciones: las exportaciones industriales. Esto implicó introducir modificaciones en las políticas de estabilización tradicionales, como la introducción de un tipo de cambio diferencial que hiciera posible la expansión de las exportaciones de bienes industriales. Por su parte, el incremento de la deuda externa tuvo un efecto similar al de las exportaciones para las firmas extranjeras, pero con la diferencia de que, en este caso, las ventajas fueron compartidas con las firmas de la oligarquía diversificada que también acceden al endeudamiento externo” (págs. 104 y 105).
En cuarto lugar, se destaca el tratamiento del último gobierno de Perón. A partir de un análisis de fuentes documentales sumamente interesante y sugerente, y teniendo como referencia la trayectoria estructural de la economía doméstica a lo largo de la segunda fase sustitutiva, Basualdo desmenuza el contenido de los proyectos económicos y políticos que convivían dentro del movimiento peronista.
Por un lado, se encontraban los sectores más “ortodoxos” (con Perón a la cabeza), que planteaban una suerte de redefinición doctrinaria del “peronismo originario”: ya no se trataba de impulsar un capitalismo de Estado (tal como había acontecido entre 1946 y 1955), sino de avanzar en la conformación de un modelo de capitalismo asistido. Éste debía basarse sobre una alianza entre el capital extranjero, ciertos integrantes de la burguesía nacional y la clase trabajadora. De allí que los pilares de esta propuesta fueran la búsqueda por incrementar las exportaciones industriales como medio para otorgarle sustentabilidad externa a la industrialización y debilitar el peso económico y la capacidad de veto de la oligarquía pampeana, por profundizar la integración de la estructura industrial mediante la promoción estatal a sectores estratégicos vinculados con la elaboración de bienes intermedios bajo control del capital local, y por encarar una redistribución progresiva del ingreso. Como apunta Basualdo, la viabilidad de un esquema de estas características radicaba en la capacidad del Estado de extraer recursos a la oligarquía pampeana.
Por otro lado, se encontraban los sectores del “peronismo revolucionario” que enarbolaban las banderas del socialismo nacional. Naturalmente, esta propuesta era mucho más radicalizada que la anterior en tanto suponía, como mínimo, que todas las fracciones dominantes debían ser fuertemente redimensionadas y perder su hasta entonces indiscutida capacidad para conducir el rumbo de la economía interna.
De ello se sigue que mientras este último planteo suponía una profunda redefinición de las relaciones de fuerzas entre la clase trabajadora y la capitalista, el primero, si bien era más inclusivo en materia de alianzas sociales, no integraba a una de las fracciones centrales del bloque dominante: la oligarquía. Ante ese escenario, Basualdo destaca que pese a la convulsionada situación política, “para la oligarquía era una amenaza más inminente y factible que el propio proyecto del gobierno peronista requiriera, como condición de posibilidad, que la conducción de la oligarquía pampeana, la oligarquía diversificada, fuese parcialmente desplazada por la fracción dinámica de la burguesía nacional y, al mismo tiempo, que los grandes terratenientes se subordinaran a las necesidades del nuevo patrón de acumulación (como proveedores de divisas y garantía de la redistribución del ingreso)… En esa dirección confluían el acuerdo entre la CGT y la CGE, la orientación de la promoción industrial y el intento de imponer el impuesto a la renta normal potencial de la tierra. Ante estas circunstancias, la estrategia adoptada por la oligarquía en su conjunto consistió en cohesionar a las fracciones dominantes planteando como única alternativa válida, ante la convulsión social y el peligro de un `régimen socialista´ en el país, el golpe de Estado. A los gobiernos del doctor Cámpora y del general Perón se los boicotéo de todas las formas posibles para garantizar su fracaso, incluso exacerbando la pugna interna del peronismo y la crisis del campo popular” (pág. 115).
En definitiva, de las evidencias presentadas y analizadas por el autor se desprende que a mediados de los años setenta el esquema de sustitución de importaciones se encontraba lejos de estar agotado, tal como se suele afirmar desde diversos ámbitos (no sólo desde el establishment académico). Entre otras cosas, esto se expresaba en que el proceso de industrialización exhibía una ostensible consolidación y estaba logrando superar su principal restricción (la externa) a partir de una serie de factores concurrentes: los cambios en la composición de la oferta exportadora (en 1975 las exportaciones de manufacturas de origen industrial representaron alrededor de un 20% del total contra sólo un 3% en 1960), la evolución del endeudamiento externo (público y privado), el avance en la integración industrial, etc. Este cuadro, sumado a la creciente movilización de los sectores populares (situación que en gran medida era el resultado de las modificaciones sobrevenidas en la estructura económica, y de la acumulación de una importante masa crítica por parte de los trabajadores a raíz de las intensas luchas sociales del período), derivó en una alteración en el poder relativo que detentaban las distintas fracciones dominantes: el conjunto de la oligarquía no sólo había perdido predominio estructural y capacidad de veto, sino que además ninguno de los proyectos políticos alternativos incorporaba a los terratenientes pampeanos como parte central de sus alianzas de clase. De allí que fueran los sectores oligárquicos (bajo la hegemonía de su fracción diversificada) los que condujeran el bloque social que sustentó a los militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976 y a la estrategia reestructuradora que acabó con el planteo industrial vigente hasta entonces.
En este sentido, otra de las importantes contribuciones de Estudios de historia económica argentina remite al pormenorizado estudio que allí se realiza de las profundas transformaciones que introdujo la última dictadura militar sobre el modo de acumulación local y, en consecuencia, sobre la situación de las diferentes clases y fracciones de clase.
El análisis de Basualdo parte del reconocimiento de que dos de los objetivos centrales de los genocidas militares y sus bases de apoyo en el plano social fueron el de redefinir el papel del Estado en la asignación de los recursos, y el de restringir drásticamente el poder de negociación que poseían los trabajadores en el marco de un régimen de acumulación, como el de sustitución de importaciones, en el que el control de cambios impedía la fuga de capitales, el nivel de los salarios no estaba limitado por la competencia externa y existía una reducida desocupación. Pero también, y fundamentalmente, se apuntó a alterar de manera radical la relación de fuerzas sociales que se derivaba de la presencia de una clase obrera acentuadamente organizada y movilizada en términos político-ideológicos, cuya fortaleza se potenciaba por su alianza histórica con la burguesía nacional. En otras palabras, se procuró modificar de cuajo las bases económico-estructurales que habían hecho posible la irrupción de fenómenos políticos como el peronismo y procesos sociales como el Cordobazo.
Esta búsqueda por refundar estructuralmente al capitalismo argentino debía basarse, por un lado, sobre el aprovechamiento de la ingente masa de recursos financieros que existía en el nivel internacional y, por otro, en un estricto control sobre el aparato del Estado que posibilitara avanzar en forma simultánea sobre múltiples direcciones (fuertemente relacionadas entre sí): la recomposición de la dominación social mediante el disciplinamiento de, fundamentalmente, la clase trabajadora y la burguesía nacional; la redistribución regresiva del ingreso; la redefinición del accionar estatal; la modificación de la estructura productiva en línea con las ventajas comparativas estáticas del país; y, en suma, la reversión de la dinámica sustitutiva en el plano económico-social.
De modo que primero había que concretar una fuerte transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia los capitalistas para, en una segunda instancia, generar una traslación desde los sectores de la burguesía nacional y ciertas capas del capital extranjero hacia las distintas fracciones de la oligarquía. Y lo importante era que, una vez concretadas, ambas transferencias debían convertirse en “datos” y, como tales, no debían revertirse, sino que por lo contrario se tenían que acrecentar tanto como resultara posible; de allí que la “captura del Estado” y el disciplinamiento social fueran condiciones indispensables de la revancha oligárquica. Es en esta clave que Basualdo encara el análisis de las diferentes políticas económicas ensayadas entre 1976 y 1983 y de sus principales resultados estructurales.
Así, las medidas anunciadas el 2 de abril de 1976 por Martínez de Hoz (básicamente: un congelamiento salarial por tres meses, la eliminación del sistema de control de precios y una devaluación de la moneda nacional) derivaron en una brusca contracción de los salarios y de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional (desde entonces se fijó un nuevo nivel, muy inferior al que se había registrado durante los años anteriores, en torno del cual oscilarían ambas variables hasta la actualidad, siempre dentro de una tendencia decreciente en el largo plazo). Como destaca Basualdo, “la drástica reducción del salario real estuvo acompañada por una notoria expulsión de mano de obra en la actividad industrial, en la que las grandes firmas industriales oligopólicas implementaron una reducción sistemática de su dotación de personal” (pág. 126). No casualmente, las medidas diseñadas e instrumentadas por el equipo económico conducido por uno de los representantes ilustres de la oligarquía argentina fueron acompañadas por una feroz represión sobre los sectores populares, de la cual la expresión más acabada y dramática son los 30.000 desaparecidos, los campos de concentración, la complicidad empresaria en la represión en los lugares de trabajo (Acíndar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz), la participación de importantes funcionarios de muchas de las principales firmas del país en ámbitos estratégicos del aparato estatal, la intervención de los sindicatos y el cercenamiento de conquistas laborales de larga data.
Fue sobre la base de este fenomenal avance del capital sobre el trabajo que operó la segunda redistribución de ingresos: desde la burguesía nacional y las compañías foráneas que no adscribían a las nuevas pautas económicas, hacia los distintos integrantes de la oligarquía (en especial hacia los de la fracción diversificada) y algunas empresas extranjeras (aquellas que por su dinámica de acumulación y sus rasgos estructurales
-se integraban en el país a grupos económicos- terminarían por confluir en términos orgánicos con la oligarquía diversificada). Para ello resultó decisiva la abundante liquidez existente en escala mundial, así como la conjunción de la reforma financiera de 1977 con la apertura asimétrica y la “tablita cambiaria” aplicadas a fines de 1978.
La primera de estas medidas trajo aparejada una suba notable en la tasa de interés interna (cuyo nivel superó holgadamente al vigente en el mercado internacional), lo cual sentó las bases para que la oligarquía diversificada y algunos conglomerados extranjeros dieran inicio al circuito de endeudamiento externo-valorización financiera de esos recursos en la plaza doméstica-fuga de capitales, que fue posible en gran medida merced a las divisas aportadas por el Estado a partir de su endeudamiento externo2. La articulación de las otras dos políticas derivó en un severo redimensionamiento industrial y una profunda crisis económica que resultó sumamente perjudicial para la burguesía nacional y varias compañías extranjeras (las no diversificadas), y tendió a favorecer a las fracciones dominantes que conformaban la base económica y social de la dictadura militar. La expansión de estos capitales durante estos años se concretó básicamente a través de la intensa centralización económica que se dio por la crisis económica; la apropiación de una elevada renta financiera derivada del diferencial de tasas de interés interna e internacional; el hecho de estar insertos en rubros económicos que en diferentes momentos resultaron favorecidos por la evolución de la economía; y la internalización de cuantiosos recursos públicos por distintas vías (promoción industrial, estatización de la deuda externa privada, sobreprecios en las compras estatales, etc.). Todo ello, a partir de las cuantiosas transferencias de ingresos que, intervención estatal mediante, provinieron de la pérdida de participación de los asalariados y de los estamentos empresarios más endebles.
Respecto de estas cuestiones, Basualdo señala: “durante el desarrollo de la política que se aplicó a partir de 1979 se recreó una significativa y creciente renta financiera acompañada por una reestructuración asimétrica de la economía real, provocada por la revaluación del peso, la reforma arancelaria y la vigencia de altas tasas de interés reales en el mercado financiero interno. De esta manera se despliegan dos procesos claramente opuestos y con profundas repercusiones en la conformación de la economía interna. El primero, fue la emergencia de una ingente renta financiera para las fracciones dominantes que se endeudaban en el exterior y valorizaban esos recursos en el sistema financiero local. El otro fue la consolidación de una elevada tasa de interés interna real que debieron enfrentar las fracciones más débiles del empresariado, y que irremediablemente las colocó en una situación de insolvencia y crisis. Esta situación diametralmente opuesta que enfrentaron las fracciones dominantes y el resto del empresariado -a partir de la misma tasa de interés nominal-, se debió a que, en el primer caso, las fracciones dominantes colocaron a esa tasa los recursos obtenidos en el exterior a un costo sustancialmente menor, mientras que el resto del empresariado se endeudó a una tasa de interés interna cuya incidencia no pudo ser trasladada a los precios, cuyo nivel superior estaba regulado por el de los productos importados” (pág. 142).
Así, la conjunción de la reforma financiera con la arancelaria y el endeudamiento externo, derivados de la apertura económica, interrumpió el modelo sustitutivo sobre el que se había estructurado durante las décadas anteriores el desenvolvimiento de la economía argentina, lo cual supuso un quiebre histórico que, en lo esencial, perdura hasta el presente. En efecto, de la dictadura en adelante ya no será la vinculación entre la producción industrial y el Estado el núcleo central del proceso económico y el vector ordenador de las relaciones políticas y sociales, sino la especulación financiera y la salida de capitales locales al exterior vinculadas con otro tipo de Estado. Prueba de ello es que a partir del régimen militar el endeudamiento externo ha dejado de ser una herramienta para financiar la expansión fabril y ha devenido un instrumento clave para la obtención de ganancias especulativas y para “financiar” la desindustrialización; la reestructuración regresiva del aparato manufacturero (por efecto de una acelerada reprimarización y un intenso retroceso de los segmentos fabriles de mayor complejidad); una fenomenal aceleración del proceso de concentración y centralización del capital; una pobre acumulación de capital; un brusco incremento en la fuga de capitales locales al exterior; una profunda crisis laboral; la conformación de una sociedad crecientemente polarizada y desigual; y, en definitiva, un creciente subdesarrollo del país (en todas sus dimensiones) en forma simultánea con un considerable distanciamiento del mismo respecto de las naciones centrales y de muchas periféricas (tendencia al estancamiento que ha afectado a buena parte de las actividades productivas, salvo a unas pocas ligadas al aprovechamiento de la dotación local de recursos naturales, y que es muy difícil de revertir en el marco de la globalización).
Como era de esperar, dados los objetivos estratégicos perseguidos por los genocidas militares y las fracciones dominantes que sustentaron su proyecto refundacional, semejante alteración en el modo de acumulación doméstico conllevó una notable alteración en la situación de las distintas clases y fracciones de clase respecto de la vigente bajo la sustitución de importaciones. De la mano de la drástica retracción que sufrieron los trabajadores se produjo un retroceso no menos importante de la burguesía nacional y de ciertos estratos del capital extranjero (a raíz de la crisis y la reestructuración económica numerosas firmas foráneas cesaron sus actividades en el país o fueron transferidas a otros capitales). En paralelo se produjo la consolidación estructural de un puñado de grupos económicos nacionales y extranjeros (muchos de ellos eran integrantes de la oligarquía diversificada y algunos eran “socios” nuevos que experimentaron un crecimiento considerable durante los años del terrorismo de Estado). Asimismo, dado el carácter “deuda dependiente” del nuevo modo de acumulación, y a partir de la debacle financiera interna de comienzos de la década de los ochenta (que dio inicio al proceso de estatización del endeudamiento privado), y de la etapa que se abre con la “crisis de la deuda” mexicana, los acreedores externos (y sus representantes orgánicos: los organismos multilaterales de crédito) irrumpieron como decisivos factores de poder en la escena local. En consecuencia, se puede afirmar que otra de las pesadas “herencias” de la última dictadura militar fue la constitución de un bloque de poder económico fuertemente concentrado y centralizado, con un ciclo de reproducción ampliada del capital crecientemente transnacionalizado en términos financieros y productivos (en este último aspecto, muy volcado al procesamiento de recursos básicos) y, de resultas de todo ello, con una decisiva capacidad estructural para condicionar el sendero evolutivo del proceso económico y sociopolítico de nuestro país. Es sobre este complejo cuadro estructural, al cual habría que agregar las múltiples presiones ejercidas por los acreedores externos, que la Argentina recuperaría la democracia en 1983.
Como se analiza en Estudios de historia económica argentina, en el transcurso del primer gobierno de la recuperación democrática se profundizarían muchos de los legados del período 1976-1983. En lo atinente al funcionamiento de la economía local, Basualdo muestra cómo durante la Administración Alfonsín, pari passu una crisis económica de magnitudes pronunciadas en el marco de un escenario internacional desfavorable para la región, se agudizaron el achicamiento y la reestructuración regresiva del sector industrial; se afianzaron los procesos de “internacionalización” y “financiarización” de parte importante del excedente nacional; se registró una bajísima acumulación de capital; se tornaron inmanejables la inflación y los desequilibrios externo y fiscal; y se acentuaron considerablemente la crisis laboral, la caída de los salarios y la inequidad distributiva. Como resultado de estas tendencias, durante estos años se deterioró aún más la situación de los trabajadores y de las fracciones empresarias de menores dimensiones, al tiempo que se afianzaron fuertemente el nuevo poder económico y la “colonización” del Estado por parte de éste.
Sin embargo, este proceso no estaría exento de conflictos entre los diferentes factores de poder. En este sentido, Basualdo cuantifica las transferencias intersectoriales de recursos que se verificaron durante el interregno alfonsinista y comprueba que, en un contexto signado por una caída significativa en la participación de los trabajadores en el ingreso, los acreedores externos recibieron una “tajada” importante, pero mucho menor a la percibida por las fracciones predominantes en el nivel interno. En una etapa recesiva, estos sectores experimentaron un notable crecimiento que les permitió consolidar su estructura de grupo económico; ello, de la mano de los abultados recursos estatales con que se favorecieron la promoción industrial, los subsidios a las exportaciones industriales, la continuación y la culminación de la estatización de la deuda privada iniciada durante la dictadura, los sobreprecios en las adquisiciones estatales a sus proveedores, los programas de capitalización de la deuda externa, etc.
Ahora bien, semejante transferencia de “ahorro” a estos sectores del gran capital no derivó, ni mucho menos, en un incremento de la inversión (por lo contrario, la escasa formación de capital que realizó el sector privado durante los años ochenta fue financiada casi en su totalidad con fondos públicos derivados de los distintos regímenes de promoción industrial que se aplicaron). La explicación de esta “paradoja” se asocia con las formas que asumió la valorización financiera en esta etapa. De las evidencias aportadas por Basualdo surge que una parte de tales recursos fue remitida al exterior (si bien importante, la fuga de capitales bajo el gobierno radical fue bastante más atenuada que durante la dictadura, dado que por la relativa iliquidez internacional se presentaron muchas menos posibilidades en materia de endeudamiento externo). Y otra parte, muy significativa, se volcó a la “bicicleta financiera” que se registró en el ámbito interno, fundamentalmente como producto del “festival de bonos” con el que el radicalismo financió el elevado déficit fiscal resultante de las múltiples transferencias de fondos públicos hacia la cúpula empresaria local, lo cual dio lugar a una dinámica perversa para la gran mayoría de la sociedad: mientras que la oligarquía diversificada y sus “socios” aparecieron “de un lado del mostrador” dando cuenta de una proporción considerable del desequilibrio fiscal del período, también estuvieron “del otro lado” financiando al Estado nacional a tasas “ruinosas” (lo cual, a su vez, profundizó el déficit de las cuentas públicas).
El hecho de que las fracciones dominantes internas hayan tenido una marcada expansión durante los años ochenta en una etapa económica crítica sugiere que durante este período tuvo lugar un nuevo salto en la centralización del capital y una intensa destrucción de capital físico (en especial en el ámbito de los segmentos empresarios de menores dimensiones). Ello, sumado a la redistribución regresiva del ingreso que tuvo lugar, lleva a Basualdo a destacar que la caracterización de “década perdida” minimiza sobremanera las implicancias reales de la profunda desigualdad y la heterogeneidad que reveló en los hechos la evolución de la economía argentina durante la Administración Alfonsín.
A mediados de 1988 el modelo de Estado Hood-Robin que había venido funcionando desde la dictadura empezó a encontrar limitaciones porque se estaba quedando sin su principal “combustible” a raíz de la fenomenal caída de los ingresos populares derivada de la inflación, la vigencia de una estructura impositiva regresiva y la dinámica del mercado laboral (aumento del desempleo y el subempleo, creciente fragmentación de la clase trabajadora, etc.). Es en ese marco que el gobierno argentino incurre en un default en el pago de su deuda externa y decide mantener los subsidios al capital concentrado local. Ante esta nueva “postergación”, los acreedores externos impulsan a comienzos de 1989 la “corrida” cambiaria que derivará en un estallido hiperinflacionario que marcará el fin de la gestión gubernamental del radicalismo y una nueva “vuelta de tuerca” en el predominio del capital sobre el trabajo en la Argentina. Como enfatiza Basualdo, el desmadre de los precios fue expresión de una fenomenal puja distributiva, pero no entre el capital y el trabajo (como había acontecido durante buena parte de la sustitución de importaciones), sino entre los distintos integrantes del bloque dominante3.
En cuanto a esta problemática, otra de las a nuestro juicio importantes contribuciones de Estudios de historia económica argentina es el planteo de que el escenario hiperinflacionario de fines de los ochenta y principios de los noventa relajó sobremanera los contrapesos sociales existentes para avanzar en la instrumentación de un conjunto de políticas por las que desde hacía un tiempo venían presionando los acreedores externos y sus representantes institucionales, y también algunos grupos económicos locales, que ante el ostensible agotamiento del modelo de Estado Hood-Robin procuraban acceder a nuevos nichos de ganancias extraordinarias: la privatización de empresas estatales, la desregulación de una amplia gama de mercados (incluyendo al laboral), y la apertura de la economía a los flujos internacionales de bienes y capitales. Ahora bien, como destaca Basualdo, el disciplinamiento social que trajo aparejada la crisis hiperinflacionaria se articuló con un peculiar dispositivo ideológico que, vale señalarlo, fue “comprado” por una parte importante de la sociedad argentina.
Hacia fines de los ochenta los sectores dominantes en su conjunto coincidieron en el diagnóstico y lograron difundir (y el sistema político y el establishment académico convalidar) la idea que atribuye la responsabilidad de la crisis al Estado de Bienestar que con sus variantes habría estado vigente desde 1945, ocultando las profundas transformaciones que le habían dado un nuevo contenido de clase a partir de la última dictadura militar. En estas condiciones, percibir la crisis como el fin del Estado populista supuso una clara (y sumamente eficaz) maniobra ideológica destinada a legitimar la reestructuración que impulsaron las fracciones sociales dominantes y sus intelectuales orgánicos en la década de los noventa. En otras palabras, el tipo de lectura que se logró imponer sobre las causas de la crisis es lo que determinó las formas en que se buscó salir de la misma. Así, si el Estado era el responsable prácticamente exclusivo de todos los problemas que aquejaban a la Argentina a fines de los ochenta (inflación elevada, déficit fiscal, alto endeudamiento externo, deficiente prestación de servicios y provisión de bienes, etc.), era lógico que su resolución pasara por la “reforma del Estado” con eje en las privatizaciones, la desregulación económica, y la liberalización comercial y financiera.
Es en este contexto que se inició una de las etapas más deletéreas de la historia nacional. En Estudios de historia económica argentina se realiza un estudio exhaustivo de los principales lineamientos estratégicos de los gobiernos de Menem y de la Alianza en el campo económico, así como de sus resultados estructurales más relevantes.
En este sentido, en el libro se analiza el contenido de una serie de medidas que, en su articulación, permitieron saldar por un tiempo las fuertes disputas existentes dentro del bloque dominante y sentaron las bases para una fenomenal aceleración de la concentración y la centralización del capital. Entre las más importantes sobresalen las siguientes: la “tríada” de las reformas estructurales (en particular el “desguace del Estado” vía las privatizaciones); el proceso de desarticulación de las cuentas públicas que se concretó con el propósito de transferir ingresos hacia distintos sectores del poder económico a través de la privatización del sistema previsional, las devaluaciones fiscales, los impuestos regresivos, etc.; la reanudación de las “relaciones carnales” con los acreedores externos a partir del restablecimiento del pago de los pasivos, la celebración del plan Brady y un incremento considerable de la deuda externa; la conformación de un marco que propició la potenciación de la valorización financiera por parte de la oligarquía diversificada y sus “socios” (por efecto de los diferenciales de tasas de interés interna e internacional y a partir de las ganancias patrimoniales ligadas a las privatizaciones); y la sanción de un amplio corpus normativo que alentó explícitamente la “flexibilización” de las condiciones de trabajo.
Como era de esperar, y en línea con lo buscado por los “hacedores de política” domésticos y las diferentes fracciones del poder económico, estas medidas derivaron en un nuevo avance del capital sobre el trabajo y en el acentuamiento y la consolidación de muchos de los rasgos distintivos de la revancha oligárquica iniciada en 1976: desindustrialización, reprimarización del tejido productivo, crisis de los segmentos empresarios de menor tamaño, desestructuración del mercado de trabajo, inequidad distributiva, débil acumulación de capital, dependencia externa y subdesarrollo nacional.
En ese escenario, y a partir del estudio de la dinámica del bloque dominante, Basualdo plantea que la década 1991-2001 puede dividirse en tres subperíodos. El primero de ellos va desde 1991 a 1994 y se caracterizó por el hecho de que la confluencia de la aplicación de políticas muy favorables al gran capital, con la abundante liquidez internacional existente y la legitimación social al programa en curso (esto último, en gran medida, por la contención de la inflación que viabilizó la adopción del esquema de la convertibilidad, la vigencia de un peso sobrevaluado que reeditó la perversa lógica de la “plata dulce” y la recuperación económica), sentó las bases para la conformación de una “comunidad de negocios” entre los diferentes factores del poder económico. Un ejemplo de ello lo ofrecen las privatizaciones: en la mayoría de los consorcios que tomaron a su cargo la prestación de servicios públicos resulta posible constatar la presencia de alguno de los principales grupos económicos del país, grandes empresas extranjeras y bancos acreedores de la deuda argentina.
En el segundo período (1995-1998), la mencionada “comunidad” empezó a disgregarse. En esos años, los grupos económicos locales vendieron muchas de las firmas de su propiedad en distintos sectores de actividad y sus tenencias accionarias en compañías privatizadas al capital extranjero. Se trata de la etapa en la que comienza a desplegarse un acentuado proceso de extranjerización que derivará en un notable incremento en la incidencia del capital foráneo en la estructura económica doméstica. Ahora bien, dado que, en la generalidad de los casos, se estaban vendiendo firmas que por diferentes razones resultaban sumamente atractivas para los compradores (poder de mercado, inserción en sectores con ganancias extraordinarias garantizadas normativamente, etc.), los conglomerados empresarios vendedores recibieron cuantiosas sumas de dinero por la enajenación de sus activos (tanto en pesos como en dólares a raíz de la apreciación cambiaria). Una parte de tales montos fue remitida al exterior (sobre todo a inversiones de carácter financiero) y la restante fue empleada para acceder y/o fortalecer en el plano interno una inserción en ámbitos productivos estrechamente ligados con el procesamiento de recursos básicos con una importante presencia en los mercados internacionales.
Así, entre uno y otro período se produjeron alteraciones sumamente relevantes. En palabras del autor: “Desde el punto de vista del capital en su conjunto (financiero y productivo), su composición fue modificada durante la primera etapa por la oligarquía diversificada, al incrementar la participación del capital fijo dentro del capital total en detrimento de su tenencia de activos financieros, especialmente en el exterior. Por lo contrario, durante la segunda etapa implementó el movimiento contrario, pero ampliado significativamente -porque medió el proceso de valorización financiera y de ganancias patrimoniales- y, al mismo tiempo, intensificó su inserción en la economía real en aquellas producciones que exhibían un elevado superávit de comercio exterior. Por lo tanto, cuando se inició la crisis del régimen convertible (1998), el capital de esta fracción de los sectores dominantes estaba concentrado en activos financieros dolarizados y radicados en el exterior, y sus ingresos provenientes de las firmas controladas en el país también estaban dolarizados. Es decir, tuvieron una dolarización notablemente elevada, tanto de su stock de capital como de sus flujos de ingresos. El capital extranjero se ubicó en una situación opuesta: a lo largo de las dos etapas su posicionamiento sobre activos fijos fue creciente, debido a su participación en las privatizaciones, primero, y a la adquisición de empresas productivas y prestadoras de servicios públicos, después” (págs. 343 y 344).
A partir de 1998, y en forma cada vez más acentuada hasta el estallido de la convertibilidad, esta realidad estructural dentro de los sectores dominantes se articulará con un desfavorable contexto internacional y una fuerte caída en la tasa de ganancia que afectará al conjunto de las fracciones dominantes internas (ello, por múltiples razones: la declinación o el estancamiento de sus ventas por efecto de la crisis económica, las crecientes dificultades para continuar con la “bicicleta financiera” y para exportar, etc.). En ese marco, se abrió nuevamente un escenario de disputas dentro de los sectores dominantes, el cual pivoteó fundamentalmente alrededor de las características que tendría que asumir un “cambio en el modelo económico”. Mientras que la oligarquía diversificada impulsó el abandono de la convertibilidad mediante una devaluación a partir de un armado político-ideológico sumamente interesante y eficaz (que logró congregar el apoyo de amplios sectores de la sociedad), el capital extranjero (bajo la conducción táctica de las privatizadas y el sector financiero) impulsó la dolarización. En el medio, desplegando una peculiar estrategia de “penduleo” (estrechamente ligada con la reorientación estratégica del gobierno de EUA que se produce a partir de la asunción del hijo de Bush), se encontró el principal representante institucional de los acreedores externos, el FMI, que de realizar una defensa a ultranza del modelo convertible terminó por cerrar filas detrás de la salida devaluacionista del mismo. El triunfo del bloque devaluador es conocido; sin embargo, lo que interesa resaltar aquí es que una vez más la crisis dentro del bloque de poder económico de nuestro país fue “resuelta” a partir de un nuevo avance en el predominio del capital sobre el trabajo, replicando en ese sentido lo sucedido en las distintas crisis que jalonaron la valorización financiera.
Como apunta Basualdo, en diciembre de 2001 “no solamente se abandonó la convertibilidad sino que se agotó de manera irreversible el régimen social de acumulación que había puesto en marcha la dictadura militar un cuarto de siglo antes. Por cierto, no puede dejar de llamar la atención que esta trascendente alteración no se sustentó sobre la propuesta de los integrantes más poderosos de la alianza de poder sino sobre los de menor entidad económica, la remozada oligarquía diversificada y los intereses extranjeros vinculados a la exportación y el mercado interno. Esta resolución resulta incomprensible desde el punto de vista del poder económico relativo detentado por las fracciones del capital que se enfrentaban en esas circunstancias. Sin embargo, es comprensible si se tiene en cuenta que la ventaja decisiva que ostentaba la oligarquía diversificada radicaba en ser la que definía el comportamiento del sistema político… En este contexto, el conflictivo fin de época que se puso en marcha en diciembre de 2001 reconoció la movilización social como un elemento constitutivo e insoslayable de mencionar. Por primera vez desde la dictadura militar, los sectores populares fueron un factor trascendente en la crisis definitiva de la valorización financiera y, a pesar de que no pudieron evitar ser los principales perjudicados, condicionaron su resolución forzando cambios en el escenario político y social del país” (pág. 470).
En definitiva, Eduardo Basualdo ha escrito un libro clave y esclarecedor. En primer lugar, porque se trata de una investigación sumamente rigurosa que pone en discusión varias “verdades reveladas” por el establishment académico, a partir del planteo de tesis novedosas y muy provocativas que seguramente abrirán un debate necesario -y en más de un sentido, aún pendiente- sobre la historia económica de la Argentina de los últimos cincuenta años. En segundo lugar, porque se trata de una obra que no sólo permite comprender nuestro pasado, sino también nuestro presente. En este sentido, nos parece importante destacar que muchos de los sectores que en la actualidad se autoproclaman como la “burguesía nacional” industrialista y progresista (por ende, legítima interlocutora del gobierno y hacia cuyo proyecto de país debería encolumnarse el conjunto de la sociedad), forma parte de esa fracción social que, de acuerdo con los análisis de Basualdo, ha sido una de las fundadoras del Estado argentino y que ha integrado el selecto grupo de los ganadores en materia socioeconómica a lo largo de los diferentes modos de acumulación que se sucedieron en el país, y cuando ello no ocurrió impulsó una salvaje dictadura militar de la que hace pocos días se cumplieron treinta años.
Al respecto, y a modo de cierre de esta reseña, cabe incorporar las siguientes reflexiones del autor de Estudios de historia económica argentina: “es relevante percibir que durante los últimos años del régimen convertible esta renovada oligarquía diversificada puso en marcha una vasta campaña ideológica y política para sustituir su identidad e imponer una salida de la convertibilidad afín a sus intereses de corto y de largo plazos. Se presentó como la auténtica burguesía nacional agredida por los intereses extranjeros y, por lo tanto, aliada natural de los sectores populares en la tarea de reconstruir la Nación. Más aún, en el marco de la disgregación de la burguesía nacional y la desestructuración de la clase trabajadora como producto de las políticas implementadas por los sectores dominantes durante los últimos 30 años, esta fracción de la oligarquía, como parte de esa transmutación, tergiversó el origen y la naturaleza histórica de la alianza populista. Ya no era una alianza posible, porque [como en el primer peronismo] la clase trabajadora se había constituido como un sujeto social y político que enfrentó el poder oligárquico modelando un nuevo tipo de Estado desde donde, a su vez, impulsó la conformación de una burguesía nacional asentada sobre una dinámica compatible con una mayor participación de los trabajadores en la distribución del ingreso. Ahora, en la versión oligárquica, se invirtieron las causalidades, colocando a la burguesía nacional como el alma mater de esa etapa histórica, ocultando de esta forma un hecho decisivo: la clase trabajadora es el sustento central de la conformación de los proyectos reformistas, tanto como lo fueron en otras experiencias nacionales de los proyectos revolucionarios. Ambas cuestiones parecen ser importantes de tener en cuenta porque esta fracción de clase, al sustituir a la burguesía nacional, se propuso como interlocutor válido de los sectores populares y, al tergiversar el proceso histórico, reclamó para sí la potestad de definir el proyecto que permitiera dejar atrás la crisis orgánica. Desde su perspectiva, se trataba ahora de llevar a cabo el desarrollo de un planteo exportador sustentado sobre el infraconsumo de los sectores populares pero apoyado en la demanda, transferencias e incentivos estatales, manteniendo una economía abierta tanto en términos del mercado de bienes como de capitales, y sin proyecto alguno de reindustrialización que pudiera ponerla en situación de competir con el gran capital transnacional” (págs. 389 y 390).

Nicolás Arceo y Martín Schorr
Buenos Aires, 10 de abril de 2006