La crisis que estalló en 2008 es la culminación de un proceso de desregulación y liberalización de los mercados, iniciado en los años setenta y que no es producto de una evolución “natural” de éstos, sino, básicamente de la evolución de las relaciones de poder entre sectores sociales y entre países o regiones. Los representantes del capital financiero presionaron primero para la desregulación de los sistemas y ahora contra las  regulaciones que se discuten para reducir los riesgos de nuevas crisis.1 En este proceso, el Estado tuvo un papel contradictorio: por una parte redujo las regulaciones para el capital financiero facilitando la emergencia de especulaciones y crisis, pero, por otra, retuvo potestades para rescatar al capital de sus crisis periódicas, que utilizó ampliamente en la crisis actual.